11 Febrero de 2026 10:26
En un clima político cargado y con negociaciones de último momento, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a defender con énfasis la reforma de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Para el oficialismo no es una ley más: es la piedra angular de su programa económico y, al mismo tiempo, uno de sus mayores focos de conflicto. Antes de ingresar al Senado, Bullrich marcó el tono del debate: "Tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas. Es una reforma importantísima en 50 años que se ha logrado. Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr".
La sesión fue convocada para las 11 y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para girar el proyecto a Diputados, donde el escenario aparece más incierto. La eventual aprobación no llegó gratis. Durante las últimas horas el Gobierno negoció con bloques aliados, gobernadores y la Confederación General del Trabajo. El punto más sensible fue la quita de aportes solidarios y cambios impositivos que afectaban a empresas, lo que obligó a modificar artículos para evitar una ruptura política.
Bullrich negó que se tratara de retrocesos. "El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación". Sin embargo, el propio oficialismo reconoce que el texto final es resultado de concesiones para asegurar la mayoría parlamentaria más que de una redacción original intacta.
La estrategia discursiva del Gobierno es clara: convertir la reforma laboral en un hito fundacional de su gestión. "La reforma más importante en los últimos 50 años de la historia argentina", insistió la dirigente. Y agregó: "La ley ha tenido una participación de todos los que son reformistas que quieren que el país avance y estoy segura de que la van a votar". El argumento oficial combina épica política y promesa económica: flexibilizar para generar empleo.
Pero sus críticos advierten lo contrario: que implica pérdida de derechos laborales y debilitamiento sindical. El Gobierno sostiene que moderniza el mercado laboral; la oposición y los gremios creen que abarata despidos y reduce protección al trabajador. Por eso la discusión excede lo técnico y se vuelve ideológica. Bullrich defendió la negociación como parte del proceso: "El Gobierno escuchó a todos y equilibró el proyecto para que todos sientan participación... creo que lo vamos a lograr".

Detrás del optimismo hay una tensión evidente: para aprobar la ley el oficialismo debió dialogar con actores -gobernadores, bloques dialoguistas y la CGT- que forman parte de la misma estructura política que Milei prometió desarmar. El resultado de la votación no definirá solo un cambio normativo. Definirá si el Gobierno puede convertir su discurso de campaña en legislación concreta o si la resistencia social y parlamentaria le impone límites.

