La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) atraviesa su momento más crítico. Con múltiples causas judiciales en curso, denuncias de intendentes, cuestionamientos gremiales y auditorías que exponen contrataciones sospechosas, la entidad optó por una estrategia que enciende nuevas alarmas: una campaña mediática sostenida en información falsa y expedientes judiciales ya archivados.
En el centro de esta trama aparece su presidente, Bernardino García, quien junto al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio es investigado por su rol en una red de negocios millonarios con el Estado bonaerense. Las pesquisas se aceleraron en las últimas semanas, cuando la Justicia accedió al contenido del teléfono celular de García, pieza clave para reconstruir un esquema que combina recaudación irregular, manejos turbios y presiones a diversos actores del sistema.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación -a cargo del fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi- es la utilización de más de 150 cinemómetros sin homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Este dato invalida legalmente las multas emitidas y podría obligar a los municipios a devolver lo recaudado. Además, se indaga una red de "gestores" que ofrecían descuentos ilegales en complicidad con jueces de faltas y un sistema de concesiones de Verificación Técnica Vehicular (VTV) atravesado por comisiones desproporcionadas.
Frente a este escenario judicial adverso, CECAITRA inició una ofensiva comunicacional con el objetivo de instalar un relato alternativo. Diversas fuentes confirmaron que emisarios de la entidad y del círculo de D'Onofrio contactaron a periodistas con ofertas más cercanas a la pauta que a una búsqueda de transparencia. La jugada incluye la reactivación mediática de causas desestimadas por la Justicia y ataques dirigidos a los funcionarios y gremios que expusieron las irregularidades. "No es nuevo que ciertos medios jueguen a favor de quien paga mejor", advirtió un intendente del conurbano en diálogo con REALPOLITIK.
Y agregó: "Lo grave es que en este caso están defendiendo un sistema de recaudación irregular, que afecta directamente a los recursos de los municipios y al bolsillo de los contribuyentes". En distritos como Brandsen, Campana o La Matanza, los convenios con CECAITRA representan hasta el 20 por ciento de la recaudación municipal. La posibilidad de anular esas multas, advierten los gremios, pone en riesgo el pago de salarios, aumentos paritarios y obras públicas en curso.
En paralelo, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, ordenó una auditoría exhaustiva que ya detectó irregularidades en transferencias bancarias, CUIT y CBUs correspondientes a universidades y empresas tercerizadas. La Facultad Regional La Plata de la UTN fue allanada por la Justicia debido a su participación en el circuito de fondos derivados de CECAITRA. El caso generó un pedido de informes del Tribunal de Cuentas y provocó que varios municipios decidieran suspender sus convenios.
Entre los intendentes que comenzaron a tomar distancia se cuentan Ramón Lanús (San Isidro), Julio Zamora (Tigre), Mauro García (General Rodríguez), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Pablo García (Dolores) y Javier Osuna (Las Heras). En otros distritos, los contratos están siendo revisados con lupa. El avance simultáneo de la Justicia, las auditorías provinciales y la presión social conforman un escenario cada vez más delicado para una entidad que supo tejer vínculos profundos en los tres niveles del Estado.
Mientras tanto, la estrategia de CECAITRA parece clara: resistir el embate judicial refugiándose en los medios. Pero los indicios, los allanamientos y las imputaciones configuran una trama que, para muchos actores del mundo político bonaerense, ya no tiene retorno. En voz baja, algunos hablan de un final anunciado para una estructura que, lejos de mejorar la seguridad vial, habría funcionado como una maquinaria paralela de recaudación y favores.