Una nueva denuncia penal sacudió al Gobierno y volvió a poner bajo la lupa el discurso oficial de transparencia. Este lunes ingresó en la Cámara Criminal y Correccional Federal una presentación contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios nacionales por la presunta omisión de publicación de documentación clave en el sitio de la Oficina Anticorrupción, tal como exige el Decreto 202/2017.
El eje del caso es la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por parte de la Cancillería argentina. La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, una agrupación política que se define como "comprometida con la lucha anticorrupción". Según consta en la presentación, el escrito fue remitido el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo oficial destinado a los sorteos de la Cámara, acompañado por un documento titulado "DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS".
El núcleo de la denuncia apunta a la actuación de María Josefina Rouillet, esposa del ministro y directiva de la AACI, institución que resultó beneficiada con una adjudicación por $114.044.133, con opción de prórroga, para brindar capacitación en idioma inglés al personal diplomático. La contratación fue dispuesta mediante la Disposición 21/2026, firmada el 19 de enero de este año, bajo la figura de "Adjudicación Simple por Especialidad". El objetivo formal fue garantizar la continuidad del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.
En el propio expediente administrativo se reconoce que, a partir de la Declaración Jurada de Intereses, existía un "vínculo positivo" entre Rouillet y Sturzenegger. Por ese motivo se activaron los mecanismos previstos en el Decreto 202/2017: notificación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, recomendación de firmar un Pacto de Integridad y publicación de todas las actuaciones en el sitio oficial. Sin embargo, los denunciantes aseguran que al revisar el buscador público de "Casos informados a la OA" constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraba ningún registro vinculado a este expediente.
Para la denuncia, esa omisión vulnera un requisito "clave" en materia de transparencia. En el apartado "Derecho", la presentación encuadra los hechos en eventuales figuras penales como incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265). El expediente sumó otro elemento sensible cuando la propia Oficina Anticorrupción dejó asentado en un dictamen que la publicación web del trámite no estaba completa. Según constató el organismo, el link público solo permitía acceder hasta el documento interno #0043, mientras que en el sistema estatal GDE ya figuraban dos actuaciones posteriores: el #0044 ("Comunicación OA-SIGEN") y el #0045 ("Para la firma del Pacto de Integridad").
Es decir, los pasos más delicados del procedimiento no estaban visibles para el control ciudadano cuando fueron chequeados. La adjudicación a la AACI se realizó con un solo oferente, un solo precio y sin competencia visible. En los papeles, el argumento fue la "especialidad" del proveedor. Pero el contraste entre costos y alcance del servicio abrió nuevos interrogantes. Durante 2025, según consta en la documentación interna, participaron apenas 10 agentes. Para 2026, el esquema prevé 132 cupos. Si se completaran, el costo rondaría los $864.000 por alumno; si no, el valor unitario real sería aún mayor.
La propuesta también se apoyó en el estatus de "Centro Platino Cambridge", aunque los listados oficiales de Cambridge English en Argentina muestran que existen otros centros con categoría Platinum en el país, lo que relativiza la idea de un prestador único. Tras estallar la polémica, el canciller Pablo Quirno salió a rechazar cualquier irregularidad. Aseguró que la Cancillería contrata a la AACI "desde 2018" y que, debido al vínculo familiar, se aplicó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN. Pero el propio dictamen de la Oficina Anticorrupción dejó una mancha difícil de explicar: la publicación web no estaba completa.
El tema escaló al Congreso. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que remita "en forma urgente y detallada" toda la documentación respaldatoria de la contratación, incluidos los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron el uso de un procedimiento de excepción que "restringe la concurrencia y la competencia". La diputada Roxana Monzón, autora de la iniciativa, puso el foco en el contexto de ajuste fiscal y contrastó el gasto comprometido con el deterioro presupuestario de áreas sensibles.
El "papelón" en redes y el costo político
La controversia sumó un capítulo insólito cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió en la red social X a una cuenta fake que defendía a Sturzenegger. El mensaje, "No se lo cree nadie. Es solo lo que algunos quieren hacer creer", fue dirigido a un perfil anónimo que parodiaba a un ex ministro. El episodio generó críticas inmediatas. La senadora Juliana Di Tullio ironizó sobre la situación y acusó al titular del Palacio de Hacienda de "bancar" defensas surgidas de un circuito de trolls.
Mientras el Gobierno repite el mantra de "no hay plata", el caso expone una combinación incómoda: contrataciones millonarias, vínculos familiares reconocidos, procedimientos sin competencia y publicaciones incompletas. La Justicia ya tomó nota. El Congreso pide explicaciones. Y la promesa de transparencia, una vez más, quedó atrapada entre los papeles que no se publicaron y los expedientes que dicen una cosa en privado y otra en público.