Criptomonedas bajo la lupa
Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de una investigación judicial por su patrimonio. El exjefe de Gabinete solicitó una prórroga para responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, que le formuló 20 preguntas a partir de las inconsistencias detectadas entre sus ingresos y distintos gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales reconstruidos durante la pesquisa.
La defensa del exfuncionario de Javier Milei pidió extender el plazo de 15 días que le había otorgado la Justicia y, además, reclamó acceder a documentación que la Fiscalía incorporó a partir del análisis del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en una de las propiedades vinculadas a Adorni. El plazo original vence el próximo miércoles 26 de agosto. Ahora, el juzgado deberá resolver si concede la extensión solicitada.
Según trascendió, el fiscal podría otorgarle otros 15 días para presentar la documentación y responder los interrogantes que surgieron durante la investigación. Recién después de esa instancia se definirá si Adorni es citado a indagatoria. La situación expone una paradoja para quien durante su paso por el Gobierno tuvo que responder cientos de preguntas desde el Congreso: ahora son 20 preguntas de la Justicia las que deberá contestar para intentar despejar las dudas sobre su patrimonio.
El eje de la investigación está puesto en una diferencia que la Fiscalía considera significativa entre los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar y los gastos y adquisiciones registrados durante el período analizado. Según el requerimiento de Pollicita, Adorni percibió 35 haberes durante el tiempo que se desempeñó como jefe de Gabinete. Sumados los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti, el patrimonio registrado en ese período alcanzaría los $229.752.283,20.
Sin embargo, los gastos del grupo familiar reconstruidos durante el mismo lapso llegaron a $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549. A ese desfasaje se agregan gastos en moneda extranjera por US$402.578,12, que, de acuerdo con el fiscal, "no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados". El propio Pollicita resumió el punto central de la pesquisa al señalar que "los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente".
No se trata, por supuesto, de una condena ni de una determinación de responsabilidad penal: la investigación busca justamente establecer si esas diferencias pueden ser explicadas de manera documentada por el exfuncionario. Entre los interrogantes que deberá responder Adorni aparecen el origen de dólares en efectivo, operaciones vinculadas con préstamos familiares, la compra de un vehículo y la adquisición de un terreno en el country Indio Cuá.
La Fiscalía también puso el foco en los fondos utilizados para afrontar las obras realizadas en esa propiedad. Uno de los capítulos más importantes de la investigación está relacionado con la remodelación de la vivienda. Allí aparece el contratista Matías Tabar, quien declaró haber recibido US$245.000 por los trabajos realizados. Por eso, Pollicita busca que Adorni explique de dónde salieron esos fondos y que aporte documentación que permita acreditar los pagos efectuados.
La investigación también alcanzó otra propiedad ubicada en Miró 550, además de los fondos utilizados para adquirirla y los desembolsos destinados a muebles. A esto se suman preguntas sobre ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, gastos en efectivo relacionados con viajes y educación y la intervención de terceros en determinadas compras y pagos. Lo cierto es que el celular de Tabar adquirió especial relevancia en la investigación.
El contratista entregó voluntariamente su teléfono a la Justicia y se realizó una extracción forense de su contenido. Los investigadores analizaron chats, llamadas y documentación relacionada con los trabajos efectuados en la propiedad vinculada a Adorni. Ahora, la defensa pretende acceder a parte de ese material antes de presentar las respuestas al requerimiento fiscal. El argumento es que esa documentación podría resultar necesaria para contestar algunos de los puntos planteados por Pollicita y reconstruir con mayor precisión las operaciones cuestionadas.
Así, el teléfono de un contratista terminó convertido en una de las piezas que pueden ayudar a determinar cómo se financiaron las obras y qué tipo de operaciones existieron alrededor de la propiedad. Otro capítulo de la investigación apunta directamente a las operaciones con criptomonedas. La Fiscalía pidió que Adorni detalle cómo fue su operatoria con criptoactivos y, particularmente, cuál fue el origen del capital con el que inició esas inversiones.
El dato adquiere relevancia porque, en su declaración jurada correspondiente a 2025, el exfuncionario informó ingresos vinculados con la venta de criptomonedas y declaró un patrimonio superior a $944 millones. La Justicia busca establecer si esos movimientos tienen un respaldo económico y documental compatible con los ingresos que fueron declarados y con la evolución patrimonial reconstruida durante la investigación. Por ahora, la estrategia de la defensa, por ahora, consiste en ganar tiempo y acceder a toda la documentación que considera necesaria antes de responder.
