En una maratónica sesión de más de diez horas, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia, iniciativa que proponía impedir la candidatura a cargos electivos nacionales de personas con condenas judiciales confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública. Con 36 votos afirmativos y 35 negativos, el oficialismo libertario y el PRO se quedaron a apenas un voto de alcanzar la mayoría necesaria. La jugada que inclinó la balanza fue protagonizada por los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente de la Concordia, quienes se alinearon con el interbloque kirchnerista.
La votación dejó al desnudo no solo las tensiones internas en el oficialismo y la oposición dialoguista, sino también la fragilidad de las alianzas en medio del año electoral. La derrota legislativa fue un baldazo de agua fría para sectores que daban por sentado el avance del proyecto. Una de las reacciones más notorias fue el gesto adusto de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió la sesión y no ocultó su decepción.
El proyecto, impulsado principalmente por el PRO y respaldado con fuerza por La Libertad Avanza, apuntaba a establecer criterios de inhabilitación para acceder a cargos públicos ante la existencia de sentencias judiciales firmes en segunda instancia por delitos dolosos graves contra el Estado. Entre ellos, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública. De haberse aprobado, la norma hubiera dejado fuera de carrera a figuras como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
La negativa de los misioneros renovadores no sorprendió del todo. Ambos senadores, de bajo perfil y herméticos ante la prensa, ya habían sido señalados desde febrero como claves para el desenlace. La historia provincial los precedía: en 2020, Carlos Rovira, jefe político del espacio, bloqueó un intento de Ficha Limpia en la Legislatura de Misiones. Esta vez, volvieron a cerrar filas para evitar que el proyecto prospere a nivel nacional.
La sesión transcurrió sin la tensión que se preveía, pero con discursos cargados de simbolismo y definiciones de alto voltaje político. Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche insistió en que "un corrupto no tiene idoneidad para un cargo público", y acusó al kirchnerismo de intentar blindarse con maniobras legislativas. Su par sanjuanino, Bruno Olivera Lucero, denunció una "lucha cuesta arriba" y sostuvo que el rechazo a la ley deja en evidencia "los obstáculos de la política para sanear la democracia".
La oposición también se dividió. Mientras que figuras como la cordobesa Alejandra Vigo (peronismo disidente) defendieron con vehemencia el proyecto como una herramienta ética indispensable, desde el Frente de Todos se lo calificó como "proscriptivo". La riojana Florencia López cuestionó que se impida la postulación de personas sin una condena firme de la Corte Suprema y habló de un "lawfare" contra el peronismo. Más enfática fue la senadora Juliana di Tullio, que denunció una "persecución contra Cristina Kirchner" y advirtió que "la historia recordará a quienes proscriben al peronismo". El rechazo del proyecto también expuso las internas del oficialismo.
Durante semanas, el gobierno de Javier Milei jugó al misterio sobre su verdadero compromiso con la iniciativa. Versiones cruzadas desde la Casa Rosada señalaban ora que faltaban cuatro votos, ora que la aprobación era inminente. En paralelo, el PRO presionaba para capitalizar el eventual triunfo, especialmente en el marco de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde Silvia Lospennato -una de las principales impulsoras del proyecto- busca una banca en la Legislatura.
Ese tironeo se evidenció cuando el jefe del bloque libertario, Atauche, evitó incluir Ficha Limpia en el temario de una sesión anterior. Según trascendió, confesó ante senadores dialoguistas que el Gobierno no quería tratar el tema para no beneficiar electoralmente al PRO. Finalmente, el proyecto llegó al recinto el 8 de mayo y fue rechazado, congelando cualquier chance de retomarlo hasta el 1° de marzo de 2026, en un año donde el calendario electoral marcará el ritmo de todas las jugadas políticas.
Aunque incompleto, el texto había sido reformulado con el objetivo de lograr consensos. Excluía del acceso a cargos públicos no solo a los condenados en segunda instancia para elecciones legislativas y ejecutivas, sino también a quienes aspiraran a cargos en organismos descentralizados, empresas con participación estatal o funciones diplomáticas. También establecía la creación de un registro público de personas alcanzadas por estas condenas.
En el debate, la mendocina Mariana Juri (UCR) fue una de las voces más lúcidas en favor del proyecto: "¿A quién se le puede ocurrir que una persona condenada sea candidata? ¿Cómo puede ser que tengamos que hacer una ley para decir lo obvio?". Desde el otro extremo, Fernando Salino (Frente de Todos) sostuvo que la norma no era eficaz y que se pretendía resolver todos los males de la corrupción "con una especie de milagro legislativo".
Al final de la jornada, la frase de la senadora Guadalupe Tagliaferri sintetizó el espíritu detrás de la iniciativa: "No da lo mismo ser corrupto que no serlo. No da lo mismo estafar la esperanza de los ciudadanos. La política tiene que dar el ejemplo". De esta manera, el proyecto Ficha Limpia quedará para la historia al menos en este 2025, un año nada más y nada menos que electoral. Podrá volver a ingresar al Congreso de la Nación recién el 1 de marzo del 2026.