El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, tomó una decisión importantísima que acorrala al gobierno de Javier Milei: habilitar la feria judicial de verano para avanzar en la ejecución de la sentencia que ordena la inmediata aplicación de la Ley 27.793, conocida como la ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta medida fue adoptada pese a que el Gobierno nacional apeló el fallo y busca revertirlo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La resolución del juez se fundamenta en la necesidad de evitar un "daño irreparable" a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios.
González Charvay argumentó que el paso del tiempo podría agravar la situación y afectar gravemente a quienes dependen de las prestaciones garantizadas por esta normativa.
La Ley 27.793, sancionada en julio pasado, busca fortalecer el sistema de prestaciones para personas con discapacidad mediante medidas normativas, institucionales y presupuestarias. Sin embargo, tras su aprobación, fue vetada en su totalidad por el presidente de las fuerzas del cielo Milei por razones de "sostenibilidad fiscal". Ante este veto, el Congreso insistió con la sanción original, lo que obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla según lo estipulado en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
El Gobierno promulgó finalmente la ley mediante el Decreto 681/2025, pero incluyó una cláusula que subordinaba su aplicación a la asignación de partidas presupuestarias específicas. Este punto fue declarado inválido por el Juzgado Federal de Campana en diciembre pasado, al considerar que dicha disposición violaba el principio de supremacía constitucional y obstaculizaba la ejecución efectiva de la ley.
La apelación presentada por el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, no suspende la obligación del cumplimiento del fallo mientras no sea revocado por la Cámara Federal de Apelaciones. En este contexto, se decidió habilitar la feria judicial para garantizar que las medidas ordenadas sean implementadas sin más dilaciones.
Es así que quedó plantada la paradoja: mientras el Gobierno argumenta que la implementación plena de la ley afectaría el equilibrio fiscal, el juez González Charvay señala que el Ejecutivo tiene facultades para realizar modificaciones presupuestarias, como ya lo ha hecho en otras áreas desde diciembre de 2023.
En medio de este conflicto judicial y político, las consecuencias sobre las personas con discapacidad son alarmantes. Según datos aportados al expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los aranceles vinculados a las prestaciones aumentaron solo un 42,6%, frente a una inflación acumulada del 114,6%, lo que generó una grave pérdida real en los recursos del sector.
Por lo tanto, con esta decisión judicial, se busca priorizar los derechos y evitar mayores perjuicios a uno de los colectivos más vulnerables del país. Sin embargo, el desenlace final aún dependerá del fallo definitivo de la Cámara Federal de Apelaciones.