Judicializan el DNU de Milei: "Es una aberración jurídica-institucional sumamente grave"

 Javier Mieli decretó la suma de poder público con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que pretende reemplazar la voluntad popular del 56% de las personas que lo votaron democráticamente en las últimas elecciones. Si el DNU se oficializa, el Estado sería reformado alcanzando puntos inigualables a 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina.

Ante esa acción del Ejecutivo -que muchos catalogaron como "inconstitucional"- organizaciones sociales, movimientos de trabajadores y autoridades nacionales se ordenan para al menos, denunciar la situación. 

Asumir la suma del poder público, es considerado como traición a la patria. El 2023 entonces, terminará con movilizaciones, presentaciones de amparos, denuncias al Ejecutivo y mucha organización social. 

Quien está llevando adelante un amparo colectivo contra el DNU es el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 con el expediente CFP 4565/2023.

BigBang tuvo acceso a la palabra del letrado que contó las razones de la denuncia, por qué la llevan adelante, qué pasaría si se aprueba el DNU y lo más importante: cómo está la denuncia en este momento, considerando que el presidente electo ya aclaró que pedirá un plebiscito en caso de rechazo al Decreto. 

¿Es cierto que el Congreso tiene la obligación de tratar el DNU aunque no se haya llamado a sesiones extraordinarias? 

-Sí, la Constitución Nacional y la ley 26.122 que regula el trámite de los DNU establece que, con independencia de que el Congreso esté en período de sesiones ordinarias o que este período haya finalizado tiene el deber de tratar los DNU.

Los plazos son plazos constitucionales; el Jefe Gabinete debe remitir en 10 días hábiles a la Comisión Bicameral el DNU y si no lo remite, la Constitución dice que de oficio la Comisión Bicameral debe tratarlo.

Por su parte, la Comisión tiene 10 días hábiles para dictaminar y si no lo hace también se establece que las Cámaras tienen que tratar inmediatamente el DNU aunque no haya dictamen. Esto es justamente por la excepcionalidad que tiene un DNU.

Estamos hablando de un DNU inédito en la historia de los últimos 40 años de la democracia en Argentina, que concentra mucho poder en el Presidente poniendo en vigencia, una gran cantidad de derogación de leyes y de modificación de leyes. 

El discurso del Gobierno dice que "estamos en emergencia", pero la emergencia que establece la Constitución para que se dicte un DNU, es que no se pueda seguir el trámite real de las leyes; es decir que no se puede esperar ni días en esa resolución legislativa.

Argentina tiene una emergencia crónica: viene con una recesión económica desde 2011, tenemos una crisis habitacional también crónica, pero eso no amerita a soslayar los ámbitos democráticos que establece la Constitución.

Desde la comunidad organizada, que está llevando adelante está demanda llaman "tiránico" al DNU. ¿Por qué es adjetivo?

-Porque toda concentración del poder por fuera de la Constitución constituye un acto de tiranía, de autoritarismo -para no calificar al presidente "tirano"- pero la decisión de ejercer una conducta equivalente a la suma de poder público corresponde a la tiranía, corresponde a un ejercicio de poder por fuera de la Constitución y por fuera del sistema republicano.

Para nosotros hay una aberración jurídica-institucional sumamente grave, que las institucionalidades (tanto la Justicia como el Congreso) tienen que hacer todo lo posible para frenar el DNU y para que esto no se vuelva a repetir. 

Va a generar un precedente tremendo para la Argentina si el DNU entra en vigencia y además si es ratificado, o si se demora la decisión de rechazarlo y que se esté vigente durante varios meses... va a ser un bochorno institucional que genera un precedente terrible a futuro ya que cualquier presidente se va a sentir con la legitimidad de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia.

¿Cómo se gestó la demanda colectiva contra el DNU?

-Hubo varios anuncios previos del Gobierno en relación a la cantidad de leyes que se iban a derogar: en ese momento se hablaba de una "Ley Ómnibus", pero también se habían emitido decisiones que tenían que ver con la quinta de subsidios a la energía y el transporte, se había aprobado la resolución del Banco Central para estatizar la deuda de los importadores en dólares. Entonces nos llevó a empezar a formar equipos de estudio, cuestionamiento y de litigio con respecto a la decisión del Presidente. Cuando nos enteramos el día 20, en cadena nacional que se iba que se había firmado este DNU, inmediatamente nos pusimos a trabajar y lo presentamos. 

Ya veníamos hace tiempo con un trabajo colectivo cuando presentamos la demanda contra la deuda que firmó el expresidente (Mauricio) Macri con el Fondo Monetario Internacional, una causa judicial que también se encuentra en las últimas etapas. Posiblemente, en las próximas semanas, haya alguna decisión judicial con respecto a la constitucionalidad o no de la deuda que se tomó con el FMI.

¿Cuáles son los plazos que deben cumplirse ahora?

-Hay dos caminos: la denuncia penal es la que prácticamente no tiene plazo regulado. Hay que esperar para ver si el juez toma la instrucción de la causa o la delegan a fiscal.

La que tiene procedimientos más regulados, es el amparo colectivo que está en la Justicia Contencioso Federal. Allí, lo primero que tiene que resolver es la medida cautelar. Allí se van a pedir los expedientes al Gobierno que no están en el decreto: es rarísimo porque es un decreto que no tiene expediente administrativo. 

Eso demuestra una gran irregularidad en todo el trámite del Decreto y demuestra una gran ninguneo de las instituciones, una gran impronta autoritaria. Ni siquiera hubo un debate interno con respecto al tema.

¿Pensás que va a llegar a buen puerto el amparo colectivo?

-Nosotros estamos convencidos de que sí, esto es una aberración jurídica-institucional que ha encontrado gran consenso en el sector político de que no puede avanzar. Es algo que se debe frenar para proteger lo más delicado que tenemos, que es la organización republicana y democrática en el país. Si perdemos eso vamos a ser un campo de mera fuerza y violencia.

Es algo que se debe frenar para proteger lo más delicado que tenemos, que es la organización republicana y democrática en el país"

La Justicia es el poder que más en cuenta tiene el tema de los precedentes. Si permiten esto, va a generar también precedente a futuro tremendo, así que hay una responsabilidad institucional. Está el consenso político de que esto no tiene asidero en la organización institucional del país. Veremos si la respuesta es tan acelerada como necesitamos.

¿Contra qué derechos atenta el DNU?

-Es un retroceso en muchísimos Derechos Humanos que se han conquistado en varias décadas: estamos hablando de derechos laborales; derecho a la vivienda porque se deroga totalmente la Ley de Alquileres; derecho de los consumidores al intentar implantar un modelo de organización social económica basado en el mercado como instrumento de regulación social.

Lo que se está eliminando, es la construcción de derechos porque se elimina la protección de las partes más débiles de los trabajadores, de los inquilinos. El Estado desaparece ya que es el garante de las políticas para garantizar Derechos Humanos.

Así que no es una cuestión de "Estado sí, Estado no". Está en juego una confrontación entre el mercado y los derechos porque si no hay Estado... no hay derechos.  

Esto va a generar un gran sufrimiento a la población, haciendo que sean inaccesibles gran cantidad de bienes. Porque en esta idea de las relaciones contractuales de libertad, sabemos que hay una parte que tiene más poder para implementar los contenidos de los contratos y tenemos partes débiles que por necesidad, van a aceptar ese tipo de contrataciones o cláusulas.

Ya presentaron el amparo colectivo, y ya se dio lugar. Ahora: ¿Qué queda por hacer? 

-Queda que se resuelva la medida cautelar, pedimos la suspensión de la vigencia del DNU. Acá tenemos un fenómeno que es la feria judicial el juez podría dictaminar la medida cautelar antes del antes del viernes 29. El DNU comienza a regir a partir del 30 de diciembre y si no lo hace pasaría a los juzgados de feria. El peor de los panoramas sería que el DNU ya empiece a regir, con todas los impactos que eso va a generar. 

Yo creo que a eso apuesta Milei: la fuerza de los hechos genera una extorsión institucional tanto al Congreso como a la Justicia. Si eso sucede va a haber un intersticio de cómo solucionar todas las decisiones económicas y políticas y de los privados que se tomaron con la licencia de DNU. Vamos a tener un gran paquete normativo que entra en vigencia y que posiblemente en un par de semanas sea suspendida esa vigencia. Eso es un caos, porque justamente los DNU están pensados para intervenciones coyunturales y transitorias, no están pensados para decisiones.

Milei llamaría a un plebiscito en caso de que se rechace el DNU. ¿Cómo ven esa situación?

-Ya nos está avisando que tampoco va a respetar la Constitución, porque el Presidente no puede hacer consultas populares de temas que no están bajo su competencia. La consulta popular del contenido del DNU -que es un contenido legislativo- la tiene que hacer el Congreso, no la puede hacer el Poder Ejecutivo.

Lo cual tiene cierta lógica porque uno consulta la población para tomar una decisión. Esa consulta puede ser vinculante o no vinculante: el Ejecutivo solamente puede convocar a consultas no vinculantes. Así que si el Ejecutivo ganara en la consulta popular, no se convertiría en ley porque no tiene esa facultad.