Si algo le faltaba al entramado de corrupción, malversación de fondos y la ruta del dinero robado a personas con discapacidad es un nuevo escándalos de proporciones mayúsculas tras la detección de "desvíos críticos y sobreprecios" en las compras realizadas durante el año 2025 en la ya bastardeada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo el gobierno de Javier Milei con Diego Spagnuolo como director de la agencia.
La información fue confirmada a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, al que tuvo acceso el medio de comunicación La Nación que ya está en manos de la Justicia y que detalla cómo las compras de insumos médicos esenciales parra personas con discapacidad muchas veces en situación de vulnerabilidad como sillas de ruedas, andadores y prótesis, presentaron diferencias abismales entre los precios facturados al Estado y los valores de referencia del mercado.
Según el informe, los sobreprecios oscilan entre un 300% y un 1000%, con casos extremos que superan el 2000%. Uno de los ejemplos más alarmantes señala que la compra de un andador registró un aumento del ¡4239%! en comparación con el precio de referencia para equipos similares: "El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público", sostiene el informe.
Ahora bien, son seis los proveedores que están en el ojo de la tormenta por estos sobreprecios y que recibieron pagos por un total de $18.100 millones: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat, siendo Farma Salud se posiciona como la principal beneficiaria, con $7900 millones facturados al Estado.
Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi está llamado a indagatoria este lunes 11 de mayo y, de acuerdo con el informe oficial, Farma Salud es el más complicado por la descomunal diferencia entre lo que cobró ANDIS y lo que pagó el PAMI por un sistema de "válvulas bicaval transcatéter": mientras que el PAMI abonó $124.200.000 por este insumo en marzo de 2025, ANDIS desembolsó $425.000.000 en julio del mismo año, lo que supone un sobreprecio del 242%.
Artrobone también figura entre las empresas señaladas, con más de una decena de facturas por la venta de sillas de ruedas: una factura que tiene fecha del 9 de octubre de 2025 registra un monto de $19 millones por una sola silla de ruedas destinada a un paciente en Córdoba, cuando el "precio de referencia nacional" para un producto similar era de apenas $1.279.999.
Por su parte, Bymax Medical emitió facturas con precios unitarios igualmente exorbitantes: una silla de ruedas adquirida por esta firma costó $19 millones, lo que representa una diferencia de $15 millones respecto al precio promedio del mercado. Bymax se vincula con Lorena Di Giorno, una ex funcionaria procesada por su participación en la maniobra fraudulenta. Di Giorno es pareja del gerente general de Bymax, Patricio Oscar Acosta, quien a su vez responde directamente a Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales lobbistas involucrados.
Cirugía y Ortopedia Imnova también está bajo investigación por las facturas infladas: el informe oficial cuestiona las compras realizadas a esta empresa, argumentando que "las opciones de industria nacional en aluminio serie 6000 resuelven el requerimiento clínico de forma eficiente. El uso de aleaciones serie 7000 o componentes importados mencionados por el proveedor no representa una ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro Nacional".
Expo Trauma y Ortopedia Bernat terminan de cerrar la ruta de la corrupción. El informe expresa que los "desvíos que resultan técnicamente indefendibles" para describir sus facturas. Entre ellas destaca la venta del andador con el sobreprecio récord del 4239%.
La investigación judicial ha revelado que las contrataciones se realizaron a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), una plataforma digital diseñada para agilizar los procesos de compra pública. Sin embargo, según el fiscal federal Santiago Picardi, este mecanismo fue manipulado para beneficiar a un reducido grupo de empresas seleccionadas previamente: "Lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada", señaló Picardi.
Así las cosas, el fiscal Picardi identifica dos niveles principales dentro del entramado corrupto. En el primero se encuentran altos funcionarios como Osmar Mariano Caballi; Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian; Patricio Gustavo Rama, vinculado a las droguerías Génesis y New Farma; y Miguel Ángel Calvete, quien sin tener un cargo oficial contaba con funcionarios dentro de ANDIS que respondían directamente a sus órdenes.
En el segundo nivel se encuentran operadores externos, gestores, familiares y empleados que habrían facilitado las operaciones ilícitas. En total, 49 personas han sido llamadas a indagatoria hasta el momento.