En lo alto de la cordillera, donde el hielo guarda la memoria de miles de años y el agua se vuelve promesa de futuro, el país enfrenta una decisión que puede marcar generaciones. Este jueves, el Senado debate una modificación a la Ley de Glaciares que habilitaría la actividad minera en áreas periglaciares. Mientras tanto, organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas se movilizan para defender lo que consideran un límite irrenunciable: el agua como derecho y no como mercancía.
La reforma en discusión apunta a flexibilizar los alcances de la ley vigente, sancionada en 2010, y permitir explotaciones en zonas que hoy están protegidas. El foco está puesto en redefinir competencias y criterios sobre qué se considera glaciar y área estratégica, en un contexto donde la megaminería presiona por ampliar su margen de acción en territorios cordilleranos.
En medio de ese debate, BigBang dialogó con Bruno Sirote, Coordinador de política internacional en Jóvenes por el Clima Argentina, quien utiliza sus redes sociales para concientizar sobre la crisis climática y la defensa de los bienes comunes.
Ante la pregunta de por qué no debería modificarse la ley, fue tajante: "Porque es una ley que funciona. Es una ley que se sancionó con el consenso de una Cámara muy fragmentada allá por 2010, que casi sufre un veto, y que finalmente se consolidó como una ley de protección ambiental, líder en la región y en el mundo, en defensa de los glaciares, y que establece además criterios claros, dentro de los cuales las mineras pueden jugar el juego de la producción y el juego de la explotación de minerales estratégicos, y no es una ley prohibicionista".
Y profundizó: "Lo que tiene en cuenta es justamente lo que dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es que los recursos naturales deben utilizarse de forma racional, respetando el derecho a su acceso de las generaciones presentes y futuras", continuó la explicación donde dejó en claro que la modificación de la ley es un sinsentido, "sobre todo teniendo en cuenta también que el 1% de la cordillera está cubierta por glaciares, es el 0,4% del territorio nacional, y que los glaciares son una de las principales fuentes de agua dulce que tenemos, en cuyo el 70% de la población accede a agua potable, y la industria".
El entrevistado fue contundente al repetir que la ley no debe modificarse "porque el derecho al agua potable es un derecho inalienable, es un derecho básico, universal, que no puede ponerse en juego por el hambre de unas compañías mineras o la impericia de nuestros funcionarios públicos que hoy quieren entregar esos recursos".
Consultado sobre si se trata de un retroceso, Sirote amplió la mirada: "No es un retroceso hoy; es un retroceso en cualquier momento. Justamente por lo que te decía antes. La ley funciona, es una ley que protege los recursos hídricos de la Argentina. Y es un retroceso porque en este caso particular la modificación no funciona como un mecanismo de mayor protección de los recursos hídricos, sino que funciona como un mecanismo de desprotección".
Y explicó con mayor detalle: "Habilita explícitamente a cualquier territorio y glaciar hoy registrado en el registro en el Inventario Nacional de Glaciares como un lugar apto para poder explotar minerales bajo su superficie. Siempre la legislación ambiental tiene que ser más ambiciosa y más protectora de nuestros recursos, con lo cual, nada, hay varios principios que se carga esta ley".
También señaló otro punto sensible del proyecto: "Esta ley quiere beneficiar a las mineras pero termina no beneficiando a nadie porque es una ley, una modificación, que lo que propone es quitarle a IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, su potestad de determinar cuáles son los glaciares inventariados a nivel nacional y deja esa prerrogativa librada a las provincias, a la determinación de las provincias".
Para Bruno Sirote, el problema no es menor: "Antes tenías un criterio nacional unificado para atender a la protección de los glaciares, y la determinación de qué era un glaciar y qué no, y qué es una zona peligrosa de glaciar y qué no, era determinada por justamente este organismo científico, de científicos que se formaron durante toda su vida para poder determinar esto".
Y advirtió sobre la pérdida de atribuciones técnicas: "En el borrador actual, lo que dice el texto es: las provincias, la autoridad de aplicación, será quien determina si un glaciar cuenta con los criterios para ser considerado estratégico o no, y se lo notificará a IANIGLA su decisión, que deberá aceptarla y quitar o no a los glaciares del inventario nacional. Entonces, le quita toda potestad de decisión, al que es el organismo calificado, y deja en manos de las provincias la determinación de qué es un glaciar estratégico, qué no estratégico, es raro porque además todos los glaciares son estratégicos, todos son reservas de agua".
Finalmente, al ser consultado sobre los riesgos concretos para el agua, fue contundente: "El riesgo de que fuentes de agua que alimentan a el 70% de la población de Cuyo queden reducidas escombros porque, bueno, la megaminería, cómo funcionan en los lugares donde se quiere explotar, los recursos que se quieren explotar, se hace a través de voladuras".
Y describió el impacto: "No es que vos podés explotar una beta y de minerales y sacar esos minerales y transformarlos en y refinarlos. Acá tenés que volar toda la montaña, procesar la roca como un todo para luego separar esos componentes. Entonces, el glaciar, en definitiva, lo terminás volando. Con lo cual, el riesgo concreto de esta modificación para el agua y los glaciares es quedarnos sin agua, quedarnos sin glaciares. Así de simple".
Su reflexión final deja una imagen difícil de ignorar: "Si vos talás un bosque, el bosque puede volver a crecer. Si vos quemás un pastizal, el pastizal puede volver a crecer. Si vos destruís un glaciar, el glaciar, no hay forma de que se recupere, porque son construcciones geológicas que se desarrollan durante miles y miles de años. Entonces, por eso es tan crítico y por eso no hay que modificar la ley. Es una ley que funciona, es una ley buena y es una ley que, si se modifica, no nos puede dejar en un serio problema en términos de acceso a la seguridad hídrica". Mientras el Senado debate números, artículos y competencias, en la cordillera el hielo sigue haciendo su trabajo silencioso. La pregunta es si la política estará a la altura de esa paciencia milenaria o si, una vez más, el corto plazo pesará más que el agua que sostiene la vida.