Sin debate público, sin consulta a los sectores afectados y con una velocidad que preocupa incluso en el contexto del actual experimento libertario, el presidente Javier Milei selló este lunes una de las reformas estructurales más profundas desde el inicio de su gestión: la eliminación de los entes reguladores del gas y la electricidad -ENARGAS y ENRE, respectivamente- para crear en su lugar un organismo único, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
El movimiento, amparado en el artículo 161 de la polémica Ley Bases (27.742), pone fin a tres décadas de marcos regulatorios diseñados para equilibrar los intereses privados y públicos en un sector estratégico. En su reemplazo, Milei propone un esquema de "libre competencia", "libre contratación entre privados" y "libre elección de proveedor", con tarifas atadas a "los costos reales". En otras palabras: el mercado decide, el Estado se retira.
Detrás de los tecnicismos administrativos y el relato de la modernización, el nuevo decreto implica una transformación radical en la relación entre el Estado, las empresas energéticas y los usuarios. El nuevo ente tendrá cinco directores designados por el Poder Ejecutivo, con aval parlamentario no vinculante, mandatos renovables y un fuerte control vertical desde la Secretaría de Energía, que concentrará las decisiones más sensibles del sector.
El argumento oficial es la "simplificación administrativa" y la atracción de inversiones, bajo la promesa de mejorar la "inserción del país en el comercio global". Pero lo que está en juego es mucho más que una fusión de estructuras: se trata de una redefinición profunda del rol del Estado en áreas críticas como el acceso al gas y la electricidad, dos servicios esenciales para la vida cotidiana, la producción y el desarrollo.
La creación del nuevo ente implica además la transferencia de todo el personal, el patrimonio y los bienes de los dos organismos preexistentes. Aunque el decreto asegura que se respetarán las condiciones laborales "hasta la reubicación", los trabajadores ya advierten que se trata de un desmantelamiento encubierto: sin estabilidad institucional, sin garantías sobre el destino de los empleados y sin certezas sobre la continuidad de las funciones técnicas especializadas que venían desempeñando.
No es un dato menor que los entes disueltos fueron históricamente una barrera frente a los abusos tarifarios, la desinversión y la concentración de poder en pocas manos. Su existencia, con todas las limitaciones y desafíos, garantizaba al menos una mínima capacidad de contrapeso técnico frente al poder económico de las grandes distribuidoras y transportistas. La nueva estructura, en cambio, nace verticalizada, con directores seleccionados por el Ejecutivo, sin un contralor parlamentario efectivo y con amplísimas facultades discrecionales. La lógica que atraviesa el decreto es clara: el Estado se corre para dejar al mercado hacer su juego.
Bajo el pretexto de "transparentar las tarifas" según los "costos reales", se habilita un escenario de aumentos exponenciales para los usuarios residenciales, comerciales e industriales, en un contexto de salarios pulverizados, subsidios recortados y una economía en recesión. La experiencia reciente muestra los límites de esa estrategia. El mismo Gobierno que proclama su eficiencia en la gestión energética no pudo garantizar el suministro de gas en plena ola polar, dejó a varias regiones del país sumida en el frío, debió importar de urgencia gasoil por barco y acumuló apagones en varias regiones del país.
Lejos de una planificación seria, lo que se observa es un proceso acelerado de retiro estatal, donde la palabra "inversión" reemplaza al concepto de "derecho" y la "eficiencia" se traduce en recortes, concentración y pérdida de soberanía energética. La creación del nuevo ente, como tantas otras decisiones clave del Gobierno, no fue debatida con usuarios, trabajadores ni representantes provinciales, a pesar de que el gas y la electricidad atraviesan competencias federales. La comisión bicameral que debe emitir opinión sobre los directores designados carece de poder vinculante, lo que vuelve el mecanismo una mera formalidad.
Además, el nuevo ente queda excluido del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), y sus relaciones laborales se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, abriendo la puerta a contrataciones más flexibles, con menor protección y estabilidad para sus empleados. El gas y la electricidad, como antes la salud, la educación o la ciencia, quedan a merced de las leyes del mercado, sin amortiguadores sociales ni controles públicos que resguarden a los más vulnerables. Desde la Fundación de Hemofilia al INTI, desde el CONICET a los trenes, el modelo Milei avanza sin pausa: todo lo que no produzca ganancias, sobra. Todo lo que no se adapte a la lógica del lucro, se elimina.