Tras las detenciones de cinco militantes peronistas, denuncian a Arroyo Salgado: las claves

En un contexto de creciente preocupación por el respeto a los derechos fundamentales en Argentina, la jueza federal Sandra Elizabeth Arroyo Salgado enfrenta una grave denuncia por mal desempeño en sus funciones. 

La acusación, presentada por el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley, pone en el centro del debate la actuación de la magistrada en el caso FSM27672/2025, relacionado con un acto de protesta frente a la vivienda del diputado José Luis Espert en el que varios militantes peronistas arrojaron estiércol a en la casa del funcionario libetario después de que éste insultara de la peor manera a la hija de Cristina Fernández de Kirchner.

Las acusaciones incluyen arbitrariedad en sus decisiones, negligencia alarmante y violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso y la libertad de expresión. Además, las sospechas sobre presiones políticas externas en las que se apunta principalmente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, agravan la sospecha de una instrumentalización del sistema judicial para reprimir a militantes políticos que estén en contra del gobierno de Javier Milei.

La pelota ahora la tiene el Consejo de la Magistratura que debería investigar exhaustivamente estas denuncias. Ahora, la denuncia no sólo cuestiona la imparcialidad y falta de profesionalismo de Arroyo Salgado, sino que también alerta sobre posibles conexiones de la justicia argentina con el gobierno de turno, esta vez con el de La Libertad Avanza.

Claves para entender la denuncia

1. Mal desempeño en sus funciones. Arroyo Salgado incurre en negligencia grave, arbitrariedad y desconocimiento del derecho al ordenar detenciones injustificadas y allanamientos desproporcionados. Los hechos investigados, que consistieron en la instalación de un pasacalle y el arrojo de bolsas de excremento frente al domicilio del diputado Espert, no justificaban el nivel de intervención judicial ni la gravedad de las medidas adoptadas.
2. Violaciones al debido proceso. Los cinco detenidos, cuatro mujeres y un hombre, fueron incomunicados y trasladados al penal de máxima seguridad de Ezeiza bajo secreto de sumario, lo que les impidió ejercer su derecho a la defensa. En particular, se destaca el caso de Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, cuya delicada salud fue ignorada por la jueza.
3. Ataque a la libertad de expresión. Las acciones judiciales contra los militantes peronistas son un ataque directo a la libertad de expresión. Los denunciantes argumentan que las protestas, aunque provocativas, se inscriben dentro del marco legítimo del derecho a manifestarse pacíficamente. 
4. Presiones políticas y desviación del rol judicial. La denuncia también señala posibles influencias externas en las decisiones de la jueza. Se menciona una supuesta connivencia con el Poder Ejecutivo, liderado por Bullrich y el diputado Espert. La pregunta que surge es ¿Estas conexiones fueron utilizadas como instrumento de represión política contra opositores? 

La denuncia de Recalde y Siley se fundamenta en señalar a los detenidos presos políticos por el desmedido uso de las fuerzas del Estado para aprehenderlos e incomunicados. Esto no es una interpretación, es la realidad: si se repasa el presente de cada uno de los detenidos, todos y cada uno de ellos está implicado de alguna u otra manera a la oposición más férrea de las políticas de gobierno de Milei:

1. Alesia Abaigar. Funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense, fue arrestada el 27 de junio y trasladada a Ezeiza tras pasar una noche en la alcaidía de los Tribunales de San Isidro. Su estado de salud fue ignorado durante todo el proceso.
2. Eva Mieri. Presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria (UP) en Quilmes, es militante de La Cámpora y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) en ese distrito.  
3. Aldana Muzzio. Militante peronista de 45 años, conocida por su activa participación.
4. Candelaria Montes. Joven militante de 24 años; la manera en la que se la llevaron detenida no es más que un acto de intimidación política.
5. Iván Díaz Bianchi. El único hombre detenido en el caso, empleado administrativo de 22 años. 

Al momento, los cinco permanecen en el penal de Ezeiza bajo condiciones inhumanas y desproporcionadas para la contravención en la que están implicados. Se espera que la Cámara revise su situación la próxima semana, aunque Mariano Recalde y Vanesa Siley adelantaron que el clima político de cercenamiento de derechos bajo el régimen de Javier MIlei podría prolongar sus detenciones.