Tras asegurarse los dictámenes de mayoría en comisión, el oficialismo llega con viento a favor a la sesión especial de este miércoles a las 14 en la Cámara de Diputados, donde intentará darle media sanción al Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la denominada regla fiscal y monetaria. Será la primera sesión del período de extraordinarias y el escenario elegido por el Gobierno de Javier Milei para exhibir la nueva relación de fuerzas parlamentarias tras las elecciones de octubre.
El reordenamiento político quedó a la vista en las firmas. El PRO volvió a actuar como socio confiable del Ejecutivo y acompañó sin fisuras las tres iniciativas. Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conformaron el interbloque "Fuerzas del Cambio", un revival de Cambiemos con menor peso específico pero funcional a la estrategia libertaria. A ellos se sumaron Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).
El conglomerado encabezado por La Libertad Avanza aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 para el proyecto de Inocencia Fiscal. El oficialismo reconoce, sin embargo, que la iniciativa más frágil es la regla fiscal que impone el déficit cero bajo amenaza de sanciones penales a funcionarios. Incluso dentro del Congreso se admite que, de convertirse en ley, podría ser judicializada por presunta inconstitucionalidad.
Aun así, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el paquete con un mensaje hacia afuera: "Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos". Para el cordobés, "este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos" porque garantiza que "no se gastará más de lo que ingresa".
En los márgenes del recinto, algunos aliados muestran incomodidad. El interbloque Unidos evaluaba una abstención consensuada, aunque con presiones internas para votar a favor del Presupuesto. "Si en el bloque algunos de los nuestros terminan votando a favor del Presupuesto, quizás algunos de nosotros votemos en contra para equilibrar", admitió un diputado de Provincias Unidas. En nombre de ese espacio, Nicolás Massot presentó un dictamen alternativo que ratifica los fondos para universidades, la emergencia pediátrica y la Discapacidad.
El contraste con el texto oficial es fuerte. A último momento, el Gobierno incorporó la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de Emergencia en Discapacidad, ambas aprobadas anteriormente por dos tercios del Congreso. También avanzó sobre partidas para el Hospital Garrahan. El artículo 75 del dictamen es explícito: "Se derogan las leyes 27.793 y 27.795". Además, el proyecto elimina la actualización automática de la AUH y otras asignaciones, e indexa el tipo de cambio a la inflación, medidas que profundizaron el rechazo opositor.
Desde Unión por la Patria, la estrategia será confrontar con propuestas alternativas. "No queremos quedarnos solamente en el rechazo. Queremos dejar en evidencia que hay una alternativa a lo que muestra el Gobierno", explicó un diputado del bloque. El presidente de la bancada, Germán Martínez, fue más duro: sostuvo que "fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto" en años anteriores para manejarse con mayor discrecionalidad, y advirtió: "Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto". "Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos", remarcó.
Las críticas también llegaron desde la izquierda. Nicolás del Caño denunció que el proyecto "no solamente reafirma la motosierra, la licuadora y el ajuste brutal contra la salud, la educación pública, los jubilados, sino que también plantea un ajuste aún mayor y un sometimiento a Estados Unidos". En la misma línea, Romina del Plá advirtió que el "mal llamado compromiso fiscal" busca "atar de manos a diputados y diputadas que pretendamos proponer proyectos a favor de los intereses populares", mientras que Myriam Bregman calificó el plan como un "pacto de coloniaje".
Las objeciones no se limitaron al contenido económico. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro calificó la regla fiscal como un "mamarracho jurídico constitucional" y sentenció que "este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional". Según evaluó, detrás de un objetivo compartido como el equilibrio fiscal "se esconde un texto irrazonable y totalmente desproporcionado". A la par del debate, la oposición denunció el uso discrecional de recursos para garantizar apoyos. Germán Martínez mostró titulares sobre provincias beneficiadas con ATN en la antesala de la sesión. "Ese capítulo es para disciplinar a la política", reforzó Agustín Rossi.
Desde la izquierda hablaron de un "festival de ATN" para "comprar votos", sin disimulo. El oficialismo sumó, además, un incentivo clave para blindar el respaldo del PRO: la incorporación de un artículo que habilita el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. El agregado, acordado entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, el ministro Diego Santilli y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, faculta al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para saldar una deuda abierta desde 2020.