Como si se tratara de un trámite administrativo y no de una transformación profunda del régimen laboral argentino, el Senado abre este miércoles a las 11 el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El objetivo del oficialismo es tan claro como polémico: conseguir dictamen en tiempo récord y llevar la iniciativa al recinto el viernes 26 de diciembre, en pleno cierre del año legislativo y bajo el paraguas de las sesiones extraordinarias.
El operativo legislativo comenzará incluso antes. Desde las 9 de la mañana se constituirán por separado las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que a las 11 se reunirán en plenario para dar inicio a la ronda de exposiciones. Entre los primeros oradores estarán el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, una señal inequívoca del peso político que la Casa Rosada le asigna a la iniciativa.
El arranque del debate se produjo tras una reunión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel con los jefes de bloque, donde se resolvió avanzar en paralelo con la reforma laboral y la modificación de la ley de glaciares. Dos temas sensibles, ambos con fuerte impacto social y ambiental, tratados bajo la misma lógica de velocidad y mínima discusión. La estrategia parlamentaria tiene nombre y apellido. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, dejó en claro que la prioridad es dictaminar este viernes tras apenas dos días de debate en comisión.
Para eso, el oficialismo y sus aliados se aseguraron el control de las comisiones clave, relegando al interbloque peronista a una posición claramente minoritaria. El reparto no fue casual. En la comisión de Trabajo y Previsión Social, que será cabecera para la reforma, el oficialismo y sus aliados se quedaron con 12 de los 17 miembros. La Libertad Avanza aportará cinco senadores propios, acompañados por representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. El peronismo quedó reducido a cinco lugares. Una relación de fuerzas que anticipa un dictamen alineado con la Casa Rosada más que un debate real sobre el contenido de la ley.
La misma lógica se repite en Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche, donde la alianza entre LLA, UCR, PRO y provinciales también controla la mayoría. En total, habrá 15 expositores en dos jornadas: 10 propuestos por el oficialismo y aliados, y apenas cinco por el interbloque peronista que conduce José Mayans. Un "equilibrio" que habla por sí solo. El clima de apuro no se explica solo por razones técnicas. Desde hace semanas, la Casa Rosada y Bullrich despliegan un frenético ida y vuelta de borradores y sugerencias para blindar los votos de los aliados "dialoguistas" y evitar sorpresas en el recinto.
El temor no es menor: llegar a una sesión con dictámenes en disidencia o tener que modificar el proyecto sobre tablas sería leído como una derrota política del oficialismo. En paralelo, el Senado también conformará las comisiones de Minería y de Ambiente para debatir los cambios a la ley de glaciares, un viejo reclamo de provincias mineras como Mendoza, Catamarca, San Juan y Jujuy. La iniciativa busca otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre los emprendimientos mineros, aunque bajo la promesa -repetida- de "cuidar el medio ambiente".
Para muchos, otro ejemplo de cómo los temas estructurales se empujan a toda velocidad cuando coinciden con los intereses del Ejecutivo. Mientras tanto, el calendario aprieta. El oficialismo aspira a llevar al recinto no sólo la reforma laboral, sino también otras iniciativas antes del cierre de las extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei hasta el 30 de diciembre.
Con apenas 21 senadores propios, La Libertad Avanza necesita del apoyo pleno de la UCR, el PRO y bloques provinciales, aliados tan volátiles como imprescindibles. En ese marco, el debate sobre la reforma laboral aparece más condicionado por la aritmética parlamentaria y la urgencia política que por una discusión seria sobre sus consecuencias. Cambios profundos en derechos laborales, sindicatos y relaciones de trabajo se discuten en tiempo récord, con comisiones dominadas por el oficialismo y un Congreso que, otra vez, parece funcionar más como una escribanía del Poder Ejecutivo que como un ámbito de deliberación democrática.