El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, confirmó que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, promete "actualizar" el sistema, pero ya despierta tensiones por el alcance de los cambios propuestos. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario" y "proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre".
En ese marco, el Gobierno plantea modificar conceptos centrales de la ley actual, a la que considera limitada para abordar casos de riesgo y emergencia. Uno de los ejes más sensibles es el cambio en los criterios de intervención. Desde la cartera sanitaria sostienen que el término "padecimiento mental" resulta "ambiguo" y proponen reemplazarlo por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), incorporando la noción de "trastornos mentales o del comportamiento" para lograr, según argumentan, mayor precisión diagnóstica.
Sin embargo, detrás de esa aparente tecnificación se abre una discusión de fondo: qué modelo de salud mental se pretende construir. El proyecto también introduce un nuevo criterio para habilitar intervenciones, basado en la "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", lo que permitiría -según el oficialismo- actuar de manera más rápida y preventiva. El corazón del debate está en el régimen de internaciones. La reforma mantiene que la hospitalización será un recurso "excepcional", pero habilita una mayor intervención en casos de crisis.
Esto último incluye la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por psiquiatras y luego ratificadas por equipos interdisciplinarios. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial y establecer que, en casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta pero se considera que su capacidad está afectada, la situación pueda transformarse en involuntaria. Para el Gobierno, estos cambios responden a demandas concretas: "superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia". Pero para sectores críticos, hay riesgo de ampliar la discrecionalidad en un terreno históricamente atravesado por abusos y estigmatización.
Otro punto que genera controversia es el giro en la política de instituciones. Mientras la ley vigente promueve el cierre progresivo de hospitales monovalentes, el nuevo proyecto apunta a fortalecer centros especializados, incluyendo neuropsiquiátricos para casos severos. Actualmente existen unas 30 instituciones públicas de este tipo y al menos 139 privadas. La reforma busca revalorizar estos espacios, en línea con una visión que prioriza la atención de cuadros complejos, pero que para muchos especialistas implica un retroceso respecto del paradigma de desmanicomialización impulsado en las últimas décadas.
El propio diagnóstico oficial reconoce falencias estructurales: solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y apenas 18 hospitales generales cuentan con servicios de salud mental. A eso se suma una red fragmentada, con recursos insuficientes y fuerte desigualdad territorial. En ese contexto, la reforma aparece como una respuesta a un sistema tensionado, pero también como una redefinición del enfoque estatal. El Gobierno propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión -que supervisa internaciones y derechos- incorporando áreas técnicas, lo que podría modificar el equilibrio de control.