La reforma laboral, presentada por el Gobierno como una pieza central de su programa económico, volvió a quedar empantanada en el Congreso. Este jueves, La Libertad Avanza reconoció de hecho que no cuenta con los votos necesarios para aprobarla antes de fin de año y resolvió postergar su tratamiento hasta el 10 de febrero. La decisión, anunciada por la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, representa un nuevo revés político para el oficialismo, que viene de atravesar una sesión traumática por el Presupuesto 2026.
Bullrich comunicó la postergación al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, aun cuando confirmó que el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría. En paralelo, adelantó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, con el objetivo de insistir no solo con la reforma laboral sino también con las modificaciones a la Ley de Glaciares. El anuncio no fue casual ni aislado. Llegó después de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El cónclave terminó de confirmar lo que ya era evidente en los pasillos del Senado: los números no cierran. El dictamen fue firmado por 20 senadores -11 de Presupuesto y 9 de Trabajo- provenientes del bloque libertario, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales, como los de Tucumán y Corrientes. Sin embargo, varias de esas firmas fueron en disidencia parcial, lo que obliga al oficialismo a reabrir negociaciones si pretende llegar al recinto con chances reales de sanción. Lejos de mostrar fortaleza, el dictamen dejó expuesta una mayoría frágil y condicionada. En el contenido del proyecto también se acumulan resistencias.
Aunque se introdujeron cambios reclamados por pymes y bancos, como la posibilidad de pagar indemnizaciones en 18 cuotas para pequeñas empresas o la aclaración de que los salarios solo podrán abonarse en dinero, persisten fuertes cuestionamientos. Uno de los más sensibles es el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, que varios bloques rechazan que se solvente con recursos destinados a la ANSES. También genera rechazo la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, que mantiene por un año las cláusulas normativas pero elimina las obligaciones económicas.
Mientras el oficialismo intentaba mostrar control, la presión social y sindical jugó su parte. La CGT se atribuyó explícitamente la demora y aseguró que la reciente manifestación "mostró el rechazo" a la reforma. En el plenario de comisiones expusieron representantes de empresas, del sistema financiero, de la Justicia y de trabajadores de plataformas, pero también sindicatos como Sipreba, que rechazaron de plano la eliminación del Estatuto del Periodista, uno de los puntos más polémicos del proyecto.
En el plano político, el peronismo volvió a denunciar el "tratamiento exprés" que intenta imponer el Gobierno. El presidente del interbloque Popular, José Mayans, reclamó nuevamente que no se respetó la representación que le corresponde en las comisiones -siete lugares frente a los cinco asignados- y ratificó el rechazo a una discusión acelerada de una reforma de alto impacto social. Pese a este escenario, Bullrich buscó minimizar el retroceso.
En conferencia de prensa, la senadora aseguró que "los apoyos los tenemos" y negó que la postergación esté vinculada a las dificultades que atravesó el oficialismo con el Presupuesto 2026. "Si quisiéramos tratarlo hoy, podríamos hacerlo. Si tenemos dictamen, tenemos los votos", afirmó, aunque en los hechos el debate fue pateado para febrero. Desde el propio bloque libertario, en cambio, admiten que "solicitaron varios cambios" y que no quieren "sacar todo a las apuradas".
La reforma laboral quedó así atrapada entre el discurso triunfalista y la realidad parlamentaria. El Gobierno intenta ganar tiempo para recomponer acuerdos, mientras prioriza cerrar el trámite del Presupuesto en el Senado sin aceptar modificaciones que, según su mirada, pongan en riesgo el superávit fiscal. En ese marco, Bullrich dejó entrever que el oficialismo volverá a intentar derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, reeditando un conflicto que ya le costó caro en Diputados. El calendario se corre, pero el problema de fondo persiste: aceleran reformas estructurales sin contar, todavía, con el respaldo político necesario.