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"Ya no sirve"

Presupuesto en ruinas: Milei perdió el control político y amenaza con vetar su propia ley

Derrotas clave en Diputados, ruptura con aliados estratégicos, gobernadores en rebelión y una interna feroz en la Casa Rosada.

19 Diciembre de 2025 08:22
Lule y Martín Menem
Lule y Martín Menem

El Gobierno de Javier Milei atraviesa su momento político más delicado desde el inicio de la gestión. La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, lejos de ser una victoria, se transformó en un golpe que expuso la debilidad del oficialismo para construir mayorías, administrar alianzas y sostener su propia narrativa de orden y control. En la Casa Rosada ya admiten que no habrá ley antes de febrero y, peor aún, deslizan la posibilidad inédita de vetar el proyecto si el Senado lo aprueba sin cambios. El núcleo del conflicto fue el rechazo del Capítulo XI, donde el Ejecutivo intentó colar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, ambas vetadas por el Presidente y luego ratificadas por el Congreso con mayorías agravadas. 

El oficialismo logró aprobar el Presupuesto en Diputados
El oficialismo logró aprobar el Presupuesto en Diputados

La maniobra de votar "por capítulos" para forzar apoyos terminó en un fracaso político: 123 votos en contra sepultaron la estrategia libertaria y dejaron al descubierto un oficialismo sin poder de fuego ni capacidad de persuasión. En Balcarce 50 no hubo sorpresa, pero sí desconcierto por el margen del revés. "Hicimos mal los números", admitieron sin pudor. La derrota activó un festival de pases de factura internos y externos. 

Gobernadores aliados, algunos beneficiados semanas antes con Aportes del Tesoro Nacional, quedaron en la mira por no acompañar el ajuste más sensible: Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Gustavo Valdés, Rolando Figueroa y Leandro Zdero fueron señalados como responsables de "traiciones" que, en realidad, habían sido anticipadas. La bronca también escaló con el PRO, quien una vez más avisó que el vínculo con el oficialismo está "roto", y la UCR. 

La decisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, de habilitar las designaciones en la Auditoría General de la Nación en plena sesión de extraordinarias detonó la relación con los bloques que le venían garantizando quórum al Gobierno. Cristian Ritondo acusó una "grave violación a la Constitución" y anunció la judicialización del trámite, mientras el PRO advirtió que no volverá a facilitar el número en el recinto. La palabra que más se repite en los pasillos es "falta de códigos".

Luis Caputo
Luis Caputo, señalado como el ideólogo del Capítulo XI. 

La interna libertaria tampoco quedó a salvo. En el oficialismo apuntan a los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, operadores de confianza de Karina Milei, por el manejo errático de las negociaciones que terminaron en este sombrío presente. Pero otro nombre emerge con fuerza: el del ministro de Economía, Luis Caputo, señalado como el ideólogo del Capítulo XI. En voz baja reconocen que nadie se animó a contradecirlo, aun cuando el riesgo de derrota era evidente. El resultado fue una derrota política que ahora amenaza con impactar en los mercados, justo cuando Caputo busca volver a colocar deuda en el exterior.

Las Leyes de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad no serán derogadas
Las Leyes de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad no serán derogadas

El cuadro es paradójico: un Gobierno que llegó prometiendo orden y previsibilidad evalúa ahora gobernar sin Presupuesto o vetar su propia ley, profundizando la discrecionalidad que decía combatir. El texto aprobado prevé gastos por $148 billones, superávit primario del 1,2% del PBI y una inflación proyectada del 10,1%, pero aun así en la Casa Rosada sostienen que "así como está, no sirve" y que rompe el dogma del déficit cero. Mientras tanto, el Senado aparece como un nuevo campo minado. Los libertarios reconocen que no cuentan con los votos para revertir lo rechazado en Diputados y que insistir con recortes en discapacidad y universidades tiene un costo político imposible de pagar. La alternativa del veto, lejos de ordenar, profundiza la sensación de un Ejecutivo aislado, sin rumbo claro y atrapado en sus propias contradicciones.

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