Regresión inconstitucional
26 Febrero de 2026 08:29
Con mayoría ajustada pero votos asegurados, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con una hoja de ruta ambiciosa y polémica: reformar la Ley de Glaciares y ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El viernes, en otra sesión, intentará avanzar con la reforma laboral y el régimen penal juvenil. La estrategia es acelerar, ordenar y consolidar una arquitectura legal alineada con el programa económico de Javier Milei.
La ratificación del tratado birregional -firmado el 17 de enero en Asunción por Milei junto a Santiago Peña y Yamandú Orsi, con la ausencia de Lula da Silva- iba a tratarse el viernes. Sin embargo, la Casa Rosada decidió adelantar los tiempos ante la inminente aprobación en Uruguay. El Gobierno quiere ser el primero en dar el visto bueno para posicionarse como socio privilegiado en un mercado que abarca más de 700 millones de consumidores y representa el 20% del PBI mundial.
Según sus promotores, el acuerdo permitirá reducir aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas y eliminar gravámenes en productos industriales europeos como químicos, farmacéuticos y maquinaria. Pero el entusiasmo contrasta con la realidad institucional europea: el Parlamento Europeo resolvió revisar el tratado a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de su entrada en vigor.
Es decir, mientras en Buenos Aires se corre para aprobarlo, en Bruselas todavía se discute su alcance e impacto. En el Senado argentino, los votos estarían garantizados. El interbloque peronista que conduce José Mayans podría dividirse, como ya ocurrió en Diputados. La escena expone tensiones internas entre quienes priorizan la apertura comercial y quienes advierten sobre el impacto en industrias locales y economías regionales.
Si el acuerdo comercial despierta controversias, la reforma de la Ley 26.639 promete un debate aún más áspero. El proyecto del Ejecutivo redefine la protección del ambiente periglacial y habilita la posibilidad de desarrollar actividades económicas en áreas que no cumplan una "función hídrica comprobable". La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares -suelos congelados que actúan como reservorios estratégicos de agua dulce- y prohíbe en esas zonas la minería y la explotación hidrocarburífera. La modificación mantiene la prohibición sobre glaciares, pero abre una puerta en sectores hoy blindados.
El punto más sensible es la transferencia de poder a las provincias. El proyecto oficial les otorga la facultad de determinar qué áreas proteger y cuáles habilitar, apoyándose en el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales. En cambio, un proyecto alternativo de la UCR propone que el control quede en manos del IANIGLA, el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares.
De esta manera, mientras la Casa Rosada invoca autonomía provincial y "seguridad jurídica", organizaciones ambientalistas, la Coalición Cívica y sectores del peronismo denuncian que se trata de una flexibilización para favorecer la megaminería y los hidrocarburos en provincias como San Juan, Catamarca y Jujuy. Asambleas socioambientales en todo el país calificaron la reforma como una "regresión ambiental inconstitucional" y advirtieron que vulnera compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. La Comisión Episcopal Argentina también expresó su preocupación por el avance del proyecto.
El oficialismo sostiene que la ley actual genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones" y que la nueva redacción aportará "certezas técnicas" para compatibilizar desarrollo y protección ambiental. Desde el bloque justicialista, en cambio, advierten que se pone en riesgo una reserva estratégica de agua dulce en un contexto de crisis climática. El contraproyecto impulsado por Eduardo Valdés propone reforzar la protección, actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Glaciares y declarar el agua proveniente de estas formaciones como recurso estratégico de interés nacional, priorizando el consumo humano y el riego por sobre cualquier interés económico.
