La escalada de la guerra en Medio Oriente ya tiene efectos concretos en la economía argentina, pero su impacto no llega en abstracto: empieza a sentirse con fuerza en los bolsillos. La suba de los combustibles -que trepó hasta 9% en marzo- comenzó a trasladarse a los precios de alimentos y productos de consumo masivo, configurando un nuevo frente de presión inflacionaria en un escenario social frágil.
En las primeras semanas del mes, supermercados y mayoristas empezaron a recibir listas con aumentos que van del 2% al 9%, según el tipo de producto y la marca. Aunque desde el sector intentan presentar estos ajustes como "en línea con la inflación", lo cierto es que el traslado a góndola llega en un momento donde el consumo sigue debilitado y los ingresos corren por detrás de los precios.
El argumento central de las empresas es el encarecimiento de los costos logísticos. El aumento de los combustibles impacta directamente en los fletes y, en consecuencia, en toda la cadena de comercialización. Productos de limpieza, lácteos, bebidas, yerba y aderezos encabezan las subas. Sin embargo, detrás de esa explicación también aparece otro factor: la recomposición de márgenes que muchas compañías buscan recuperar tras meses de caída en las ventas.
El resultado es una combinación conocida pero cada vez más asfixiante: suben los costos, suben los precios y el consumo no responde. El último dato oficial mostró una inflación de 2,9% en febrero y un acumulado de 5,9% en el primer bimestre. Para marzo, las proyecciones ya anticipan un índice por encima del 3%, impulsado no solo por los combustibles sino también por aumentos estacionales y el encarecimiento de alimentos.
Pero el problema no es solo la inflación en sí, sino su persistencia frente a ingresos que no logran acompañar. Durante 2024, el consumo se desplomó 16%, y si bien en 2025 hubo una leve recuperación del 2%, los niveles siguen muy por debajo de los años previos. Para 2026, los analistas prevén una mejora lenta, condicionada por salarios que continúan rezagados frente al aumento del costo de vida.
En ese contexto, cada ajuste de precios -aunque sea "moderado"- tiene un impacto directo en la capacidad de compra de los hogares. El caso de la carne es ilustrativo de esta dinámica. En febrero, los precios de los cortes vacunos subieron 7,4%, muy por encima del promedio general. Algunos cortes como el cuadril, la nalga y la paleta registraron aumentos cercanos al 8%, mientras que el pollo -históricamente más accesible- trepó un 10,2% en el mes.
En términos interanuales, la situación es aún más crítica: los precios de la carne acumulan subas superiores al 60%, casi el doble de la inflación general. El asado, por ejemplo, ya supera ampliamente los valores que muchas familias pueden pagar, consolidando un proceso de sustitución forzada hacia opciones más baratas o directamente la reducción del consumo.
El Gobierno insiste en que la economía está en proceso de estabilización, pero los datos muestran una realidad más compleja. La combinación de precios en alza, consumo débil y salarios atrasados configura un escenario donde cualquier shock externo -como la suba del petróleo- se traduce rápidamente en más presión sobre los hogares. Además, la lógica de traslado de costos deja al descubierto una fragilidad estructural: la economía argentina sigue altamente expuesta a factores internacionales, mientras el mercado interno carece de herramientas para amortiguar esos impactos. Así, mientras las empresas dosifican aumentos para no perder ventas, y el Gobierno apuesta a una desaceleración gradual de la inflación, el resultado inmediato es otro: una nueva ronda de subas que, aunque fragmentadas, terminan acumulándose en la vida cotidiana.