El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que los médicos extranjeros involucrados en sospechas de fraude en el examen nacional para el ingreso a residencias médicas deberán repetir la evaluación en las próximas semanas, esta vez bajo estrictas condiciones de vigilancia y fiscalización. La decisión excluye a los postulantes argentinos, que en su mayoría no deberán volver a rendir.
La medida responde a una serie de irregularidades detectadas en el proceso de evaluación, en particular en la sede de Parque Roca, donde se llevó a cabo la prueba y donde comenzaron a surgir las primeras alertas sobre inconsistencias entre los puntajes obtenidos y los antecedentes académicos de algunos aspirantes. "No vamos a permitir que la salud quede en manos de profesionales que no están a la altura", declaró el ministro de Salud, Mario Lugones, a través de su cuenta en X (ex Twitter).
Y sumó: "Junto a Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, establecimos criterios claros para evaluar la congruencia académica y garantizar que el ingreso sea justo, transparente y basado en el mérito". A raíz de los cuestionamientos iniciales, el Gobierno nacional había anunciado que se tomaría nuevamente el examen a todos los que hubieran obtenido una calificación superior al 86%. Sin embargo, esa medida fue revisada tras una evaluación más exhaustiva.
La misma determinó que "más de la mitad de los 268 postulantes, la mayoría graduados de universidades argentinas, serán revalidados sin tener que volver a rendir", explicó Álvarez. "Esta medida no busca castigar, sino preservar la transparencia y el mérito", agregó. El nuevo enfoque pone el foco en un segmento más reducido del total: cerca del 45% de los exámenes sospechados serán tomados nuevamente, lo que equivale a unos 120 aspirantes, en su mayoría egresados de universidades extranjeras.
Según el Ministerio, estos casos presentan "incongruencias claras" entre los resultados del examen y el rendimiento académico histórico. "Hablamos de casos que se destacaron por tener puntajes inusualmente altos. En muchos de ellos, la nota obtenida no se corresponde con los antecedentes académicos ni el rendimiento histórico de sus universidades", precisó Lugones.
En ese sentido, el Gobierno habilitó un nuevo "mecanismo" de análisis caso por caso, donde se evaluarán promedios, trayectorias académicas y estándares institucionales de las universidades de origen, incluyendo referencias validadas por la Federación Mundial de Educación Médica. "Queremos asegurarnos de que quienes acceden a una residencia tengan la formación adecuada y hayan demostrado idoneidad real", sostuvieron Lugones y Álvarez en un video difundido el miércoles por la noche.
La medida también expone una disputa con la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, quienes se negaron a aplicar mecanismos adicionales de validación académica. "Frente a la negativa de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de adoptar mecanismos académicos de validación, decidimos actuar", enfatizó Lugones, apuntando directamente contra las jurisdicciones que organizaron la evaluación original.
Además, el Ministerio adelantó que presentará denuncias ante la Justicia sobre los casos en los que se detectó una posible falta de legitimidad. "Hoy se defiende el esfuerzo, la formación rigurosa y la salud pública como valor irrenunciable", afirmó Lugones. Su colega Álvarez fue aún más contundente: "En medicina no hay margen para la improvisación ni el fraude. Este gobierno no va a permitir que alguien que se copió entre al sistema y se convierta en médico residente de un hospital argentino".
Con esta decisión, la administración nacional intenta contener el impacto de un escándalo que puso en duda uno de los concursos más importantes del sistema de salud, al tiempo que busca dejar en claro que no se tolerará ninguna forma de ingreso ilegítimo a una instancia clave de formación médica.