Cómplices silenciosos
30 Julio de 2025 13:50
El entramado detrás del colapso del token $LIBRA escaló esta semana a niveles judiciales que salpican directamente a la cúpula del poder argentino. La demanda colectiva que tramita en la Corte del Distrito Sur de Nueva York fue ampliada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, quienes pidieron que los principales implicados -entre ellos, Hayden Mark Davis, Benjamin Chow y otros ejecutivos de Kelsier Ventures y Meteora- sean enviados a juicio oral y público por jurados.
Se los acusa de integrar una asociación ilícita para defraudar inversores por medio de un esquema cripto fraudulento. En el centro de esta maquinaria de estafa internacional aparece, una y otra vez, el nombre del presidente argentino, Javier Milei. Si bien no fue incluido entre los demandados, su apellido figura 54 veces en el nuevo escrito judicial de 110 páginas, en el que se detalla su rol crucial como promotor involuntario -o no tanto- de la criptomoneda que terminó desplumando a miles de pequeños ahorristas. El documento no deja dudas sobre el papel central que jugó el mandatario libertario.
Los abogados sostienen que el "interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio" del token se dispararon tras el tuit de respaldo que Milei publicó el 14 de febrero, en el que promovía el memecoin como parte de su cruzada por "la libertad". En simultáneo, los operadores de la cripto realizaban "extracciones sistemáticas" de los fondos de liquidez, vaciando la inversión. Al mismo tiempo, por primera vez en la causa aparece su hermana, Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, señalada como la funcionaria que autorizó el ingreso de Davis a la Casa Rosada y como la supuesta "palanca" a través de la cual el empresario tejía su influencia.
En un mensaje citado por la demanda, Davis se jactaba de tener "control sobre Milei" y de haberle enviado "dinero a la hermana". Incluso presumía de poder "manejar" sus publicaciones en redes sociales. Burwick y Hoppin incluyeron capturas de pantalla de mensajes donde Davis, con total impunidad, afirmaba conseguir "todo el papeleo de Milei" y negociar "eventos" directamente con la cúpula presidencial. Si bien no hay prueba directa de que Milei haya cobrado por ese apoyo, el documento judicial insinúa un vínculo promiscuo entre el jefe de Estado y los responsables del fraude, en una relación más cercana al lobby privado que a la distancia institucional.
La denuncia fue presentada en el marco de la Ley RICO, la herramienta legal estadounidense creada para perseguir organizaciones mafiosas. "Es una acción civil en la que una organización coordinada de personas con información privilegiada sobre activos digitales diseñó y operó una infraestructura depredadora para defraudar a los inversores", detalla el escrito. Esta figura es el equivalente norteamericano de la asociación ilícita agravada, con penas que incluyen prisión y decomiso de activos.
El caso no sólo se centra en los delitos económicos, sino también en el montaje de una operación político-comunicacional a medida. Los abogados remarcan cómo Davis viajó al país en múltiples ocasiones durante 2024, organizó encuentros con empresarios, participó de foros cripto, y logró sacarse una foto con Milei que luego fue publicada por el propio Presidente. A través de esa legitimidad, construyó la fachada necesaria para vender el proyecto como un activo alineado con el ideario libertario.
El 30 de enero de 2025, Davis volvió a ingresar a Casa Rosada. 42 minutos después, transfirió más de medio millón de dólares, según reconstrucciones posteriores. Aún así, ni la Justicia argentina ni el Congreso tomaron cartas en el asunto. La comisión investigadora que debía formarse en el Parlamento está frenada por el boicot del oficialismo, mientras el escándalo avanza en tribunales extranjeros.
En paralelo, los querellantes solicitaron que se congelen los fondos de Davis -estimados en más de 70 millones de dólares en criptoactivos- y que se fije juicio por jurado para los acusados. La jueza Jennifer L. Rochon debe definir en una audiencia prevista para el 19 de agosto cómo procederá con los bienes y el avance del proceso. Mientras tanto, en Argentina reina el silencio. El presidente no dio explicaciones sobre su relación con Davis ni sobre los indicios de tráfico de influencias que se acumulan en su entorno. Tampoco lo hizo su hermana Karina, cada vez más involucrada en el expediente.
