En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes para la Auditoría General de la Nación (AGN) en una escena que concentró acusaciones de ilegalidad, reparto de cargos y un pacto de conveniencia entre libertarios y kirchnerismo. Con 186 votos afirmativos y dos abstenciones, la terna quedó integrada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la exdiputada salteña Pamela Calletti por Innovación Federal. Los dos primeros prestaron juramento de inmediato para asumir responsabilidades en el organismo de control.
La votación detonó una reacción inmediata de bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda, que denunciaron que el oficialismo apuró el acuerdo para "devolver favores" y remarcaron que la designación era ilegal por no estar incluida en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo. Para no convalidar el procedimiento, esas fuerzas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados se votaran a sí mismos, una postal que, según denunciaron, expuso el carácter de "casta" de la maniobra.
Desde el PRO, Cristian Ritondo adelantó que el bloque apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales "no es de competencia" del pleno reunido en extraordinarias si no figura en la convocatoria. "Es una grave violación a la Constitución Nacional", insistieron luego en un comunicado, al recordar que el artículo 63 establece que, durante extraordinarias, el Congreso sólo puede tratar los asuntos incluidos por el Ejecutivo.
Las críticas se multiplicaron en el recinto. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, acusó al oficialismo de "estar apurado en devolver favores" y sostuvo que "por eso empiezan a repartir carguitos". "Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso", remató la jefa del bloque. En la misma sintonía, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, fue aún más gráfico: "No hay un tema más por la ventana que nombrar a tres personas a las 3 de la mañana". Y anunció el retiro de su bancada: "Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día".
El PRO formalizó su rechazo horas después. En un documento, el bloque sostuvo que la AGN es un órgano constitucional de control cuya integración no puede considerarse una cuestión administrativa interna del Congreso. "Avanzar en su designación fuera del temario no fortalece el control del Estado, lo deslegitima", advirtieron. Por eso, afirmaron que no convalidan la decisión, a la que calificaron de "nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional", y anunciaron acciones judiciales para restablecer la legalidad. El malestar amarillo tuvo un condimento político adicional.
En el mismo comunicado, los diputados del PRO recordaron que acompañaron al Gobierno en momentos difíciles "por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina", pero subrayaron que las instituciones no pueden funcionar "por la fuerza de una mayoría circunstancial". El mensaje, dirigido tanto al oficialismo como a sus socios coyunturales, cerró con una advertencia: el cambio que reclaman millones de argentinos debe hacerse "con la Constitución en la mano".
Así, la madrugada parlamentaria dejó algo más que nuevos auditores: expuso un acuerdo transversal sellado a contrarreloj, un procedimiento cuestionado por su legalidad y una escena que contradice el discurso anticasta del Gobierno. Lejos de fortalecer los mecanismos de control, la designación exprés en la AGN abrió un frente judicial y político que vuelve a poner bajo la lupa las prácticas del poder en nombre de la gobernabilidad.