Lo que comenzó como una pelea entre presas terminó convertido, según la investigación judicial, en una escena de extrema violencia dentro de la Unidad N°51 de Magdalena. Dos meses después de aquella noche, la Justicia ordenó la detención de 15 penitenciarios -siete hombres y ocho mujeres- acusados de haber participado de torturas y abusos sexuales contra cuatro detenidas.
El operativo fue realizado durante la madrugada de este martes por orden del Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Pablo Masi, a pedido del fiscal Álvaro Garganta. Entre los detenidos se encuentra Daiana Belén Balmaceda, de 31 años, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento del penal y que, de acuerdo con la imputación, habría tenido un rol central durante la represión.
La investigación comenzó luego de una denuncia presentada a principios de junio por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Los testimonios de las víctimas, considerados coincidentes y creíbles por el fiscal, describieron un episodio de violencia que los investigadores llegaron a comparar con prácticas de tormento propias de un centro clandestino de detención.
La gravedad de las acusaciones llevó incluso a que la Justicia considerara que no se trataba simplemente de un exceso en el uso de la fuerza. "Más allá del privilegio de inocencia que pueda recaer sobre los funcionarios públicos encargados de la custodia, los extremos fácticos que se desprenden de la denuncia formulada por la Comisión Provincial por la Memoria trascienden la mera hipótesis de apremios ilegales genérico, no resultando de la noticia criminis un simple exceso en el uso de la fuerza durante un operativo, sino un esquema sistemático y deliberado de vejaciones, tortura y abuso sexual utilizado como mecanismo de castigo, humillación y sometimiento por parte de las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria", señalaron los jueces.
De acuerdo a la información brindada por Infobae, todo ocurrió durante la noche del 3 de junio, después de una pelea entre internas en una de las celdas del pabellón. La intervención de los penitenciarios debía tener como objetivo controlar la situación. Sin embargo, según la denuncia, el procedimiento rápidamente escaló hasta convertirse en una brutal represión. Los agentes habrían ingresado al sector utilizando gas lacrimógeno y gas pimienta directamente sobre las detenidas.
Las mujeres fueron sacadas de sus celdas, golpeadas y arrastradas. Según la denuncia, además, se les habría ordenado desnudarse delante de penitenciarios varones. Ante la negativa, los agentes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) las habrían sacado a la fuerza. Lo que ocurrió después es uno de los puntos más estremecedores del expediente. Una de las víctimas relató que un penitenciario varón la golpeaba con una escopeta en distintas partes del cuerpo mientras otros se burlaban de ella. En ese contexto, Balmaceda habría pronunciado una orden que se convirtió en una de las frases centrales de la investigación: "Besame las botas".
La mujer se negó. Según su relato, entonces le rompieron la ropa interior y comenzaron las agresiones sexuales. El expediente también menciona otras formas de tormento: submarino húmedo en una pileta y asfixia con almohadas impregnadas en gas pimienta. Al menos dos mujeres denunciaron haber sufrido abusos sexuales, aunque la investigación contempla que podrían ser más las víctimas. Los testimonios también apuntaron directamente contra Balmaceda, a quien el fiscal acusó de ser coautora de la violación de una detenida y partícipe necesaria del abuso de otra.
La mujer habría ejercido un rol de mando durante el operativo y, según una de las declaraciones incorporadas al expediente, se la escuchó gritar: "Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras". En otro momento, siempre según los testimonios, habría ordenado: "Las quiero a todas ataditas". La imputación contra la penitenciaria incluye los delitos de tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por el rol de funcionaria de una fuerza de seguridad.
Además de Balmaceda, quedaron detenidas otras siete mujeres, entre ellas la subjefa del área de Vigilancia y Tratamiento y la responsable de Requisa. También fueron arrestados siete penitenciarios varones que, de acuerdo con la denuncia, habrían participado del operativo con sus rostros cubiertos. La investigación también alcanzó al personal sanitario de la cárcel. Una enfermera fue acusada de falsear un acta para ocultar las lesiones que presentaba una de las víctimas. Las pericias realizadas posteriormente por la Asesoría Pericial encontraron lesiones compatibles con las golpizas denunciadas por las internas.
Para el fiscal Garganta, las declaraciones de las detenidas tuvieron especial importancia por la coincidencia entre sus relatos. A partir de esos testimonios y del resto de la evidencia reunida, el funcionario solicitó la detención de los 15 sospechosos y una serie de allanamientos en sus domicilios. La violencia denunciada no terminó cuando cesó el operativo. Dos días después de los hechos, una de las detenidas intentó quitarse la vida. Según surge de la investigación, la mujer permaneció en la Unidad 51 sin recibir asistencia psicológica después de haber atravesado la brutal represión.
En la madrugada posterior al episodio, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades penitenciarias. Otra quedó en Magdalena. Ese dato terminó de dimensionar las consecuencias de una noche que, según la acusación, comenzó con una pelea entre internas y terminó con un grupo de mujeres privadas de su libertad sometidas a golpes, humillaciones y abusos dentro de una institución que debía estar encargada de su custodia. Tras la denuncia, el Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia provincial, tomó medidas contra los agentes involucrados.
El ministro Juan Martín Mena dispuso la disponibilidad preventiva de los penitenciarios señalados y ordenó remover a la cúpula de la Unidad N°51 para garantizar el avance de la investigación. También se inició un sumario interno a través de Asuntos Internos. Pero fue la investigación judicial la que terminó avanzando hasta llegar a las detenciones de este martes. En un comunicado oficial, el Ministerio informó que los arrestos fueron realizados para "asegurar prueba y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas en los hechos acaecidos en la Unidad 51 de Magdalena el pasado mes de junio". Ahora, los 15 penitenciarios deberán responder ante la Justicia por acusaciones de una gravedad extraordinaria. Mientras tanto, la investigación busca determinar con precisión qué ocurrió aquella noche, quiénes participaron de cada una de las agresiones y si existió una estructura organizada para castigar, humillar y someter a las detenidas.
