Y al que no le gusta...
30 Junio de 2025 15:10
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, hizo lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, mediante el cual el gobierno de Javier Milei limitaba el derecho a huelga. En consecuencia, se declararon inválidos los artículos 2 y 3 del DNU, que consideraban a la navegación un servicio esencial y exigían una cobertura del 75% durante medidas de fuerza como paros o huelgas.
La central obrera había argumentado que el decreto "vulnera en forma ostensible y manifiesta" el artículo 99 de la Constitución Nacional, además de "violar la división de poderes" y establecer cambios regresivos a derechos laborales adquiridos. El fallo fue contundente: la magistrada consideró que no se daban las condiciones constitucionales para dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia en este caso.
Fullana sostuvo que "a la fecha del dictado y publicación del DNU 340/25 (20 y 21 de mayo), el Congreso de la Nación Argentina se encontraba en pleno funcionamiento", por lo que no había "circunstancias excepcionales" que justificaran la vía del decreto. Además, criticó que el Ejecutivo ni siquiera haya intentado argumentar esa supuesta urgencia en los considerandos de la norma.
"La doctrina es clara: el Poder Ejecutivo solo puede legislar mediante DNU cuando sea imposible hacerlo por vía ordinaria o ante una urgencia que no admita demora", citó la jueza, apelando al fallo Verrocchi de la Corte Suprema (322:1726), donde se fijaron los criterios constitucionales sobre esta herramienta de gobierno.
Qué decía el DNU 340/25
El decreto firmado por Javier Milei amplió de forma significativa el listado de actividades consideradas esenciales y, por lo tanto, sujetas a restricciones del derecho a huelga. Establecía que, en caso de conflicto gremial, debía garantizarse una prestación mínima de entre el 50 y el 75%, afectando directamente a sectores estratégicos.
Entre las actividades definidas como esenciales que no tendrían derecho a huelga se incluían:
- Servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos
- Transporte y distribución de medicamentos
- Suministro de agua potable, gas y electricidad
- Servicios de internet, telecomunicaciones y comunicaciones satelitales
- Aeronáutica comercial, puertos y aduanas
- Educación en todos sus niveles, incluido el cuidado de menores
- Transporte fluvial y marítimo de personas y mercaderías
No es la primera vez que Fullana le marca límites al Gobierno. La semana pasada, también falló a favor del amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que impugnó la eliminación por decreto de la jornada no laborable por el Día del Empleado Público, celebrado el 27 de junio. En esa causa, incluso ordenó la devolución de los descuentos salariales aplicados a quienes no trabajaron ese día.
El Gobierno, lejos de acatar la decisión con institucionalidad, respondió con ataques personales: "La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios", escribió el vocero presidencial Manuel Adorni en X, tildando a Fullana de "jueza militante" e "incompetente".
Mientras Javier Milei promete una "revolución libertaria" y se jacta de derribar "la casta", la Justicia comienza a ponerle freno a decretazos que avanzan sobre derechos laborales básicos y facultades del Congreso. En menos de dos semanas, la misma jueza declaró inconstitucionales dos normas clave del Gobierno; un mensaje claro: los límites institucionales existen, aunque el presidente insista en ignorarlos.
