Cruel e insensible
por Alejo Paredes
27 Mayo de 2025 10:00
En un país donde el discurso oficial reduce derechos a privilegios y el ajuste económico se aplica sin anestesia, hay sectores que están siendo arrasados en silencio. Entre ellos, uno especialmente vulnerable: el sistema que asiste a las personas con discapacidad. Los profesionales que lo sostienen están en pie de lucha. No por mejoras. No por aumentos. A esta altura y directamente, luchan por no desaparecer. Luchan por seguir atendiendo. Por no cerrar las puertas de los centros. Por no abandonar a las familias que, hoy más que nunca, se sienten solas y olvidadas por un Estado ausente que prefiere dejarlos de lado e ignorarlos simplemente por ser una "minoría".
María Eugenia Gómez, licenciada en psicopedagogía (MN 231091) y coordinadora de un centro terapéutico en zona sur del conurbano bonaerense, lo dice sin dar muchas más vueltas: "Los prestadores estamos hasta la nuca, por así decirlo, las personas con discapacidad y sus familias están en una situación realmente crítica". La frase, cargada de impotencia y cansancio, resume con precisión quirúrgica lo que viven cientos de profesionales del país: aranceles congelados desde diciembre, pagos que llegan a los 90 o 120 días, autorizaciones frenadas sin explicación y una burocracia tan cruel como insensible que convierte cada trámite en una odisea.
Para ser precisos. La profesional describe la situación de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad en el país como "imposible". "Estamos en este momento parando e intentando visibilizar la situación general del área de discapacidad, pero no solo por ajuste de los horarios de los profesionales, sino que tiene que ver con la negativa en general para todas las prestaciones de discapacidad, sean terapias, sean insumos, sean medicamentos... está totalmente desbastada el área general, no solamente por nosotros, sino por todas las personas con discapacidad", relató Gómez, quien explicó que el último ajuste de aranceles se dio en diciembre y fue de un 0,5%.
Por este motivo, insiste: "No podemos seguir trabajando ad honorem". Lo hace desde el agotamiento físico y emocional de sostener una estructura que se cae a pedazos. En su centro, fundado hace apenas dos años con su colega, hacen malabares para no reducir terapias. Pero el equilibrio es frágil. "Antes de sacarle una sesión a un niño, intentamos todo: pagar sólo al profesional, resignar el porcentaje del consultorio... pero no podemos bancar 200 prestaciones. No hay espalda que aguante".
Además, explicó: "Estamos en una encrucijada, porque más allá de los honorarios, nosotros respondemos a una ética profesional. No queremos ser funcionales a este sistema que termina vulnerando un montón de derechos de las personas con discapacidad. De ahí salió la movida de juntarnos todos los centros por zona. Aprendemos jugando, intentamos en las últimas de las instancias que implique una reducción de terapias para las personas con discapacidad".
Mientras tanto, las familias de niños con discapacidad ven cómo sus hijos quedan a la deriva. Sin terapias, sin acompañamiento, sin respuestas. "La verdad que a mí particularmente lo que más me duele es el tema de cómo nos llegan las familias, en el estado de abandono que nos llegan esos niños. Uno tiene que contener, no solamente desde lo administrativo, es un peso enorme por todo lo que tienen que atravesar las familias con personas con discapacidad", dice Gómez, con la voz entrecortada. "Y eso es lo que más me duele: contener desde lo terapéutico, pero también desde lo humano, cuando el Estado les soltó la mano".
El cuadro es devastador. Según relata, hay pacientes con autorizaciones pedidas en diciembre para sesiones en febrero... que en mayo siguen sin ser aprobadas. "Y cuando llegan, te autorizan la mitad. Un neurólogo indica dos sesiones y mágicamente autorizan una. Después te preguntan por qué hay retrocesos en el tratamiento de un nene con autismo". El problema no es nuevo, pero se ha profundizado dramáticamente en los últimos meses.
Con una inflación de dos dígitos mensuales, los honorarios apenas se actualizaron un 0,5% desde octubre de 2024. "Cobrar 12 mil pesos una sesión... a tres meses... es inviable. Cuando llega el pago, la plata ya no vale nada. Pero igual seguimos, porque detrás de cada sesión hay un niño, una familia, un derecho". Pero no todos pueden resistir. Muchos profesionales ya abandonaron el sistema. Centros de día -que no tienen la opción del trabajo particular- están al borde del cierre.
Las personas adultas con discapacidad, sin cobertura de salud, dependen del programa Incluir Salud, una estructura estatal que -según Gómez- no paga durante meses y obliga a los prestadores a trabajar gratis. "Es tan engorroso porque es todo muy burocrático y yo creo personalmente que tiene que ver con que esto se empezó a naturalizar. El área de discapacidad es un sector que siempre estuvo en el fondo del tarro, más allá de que conseguimos un montón de derechos", explicó.
Y siguió: "Hubo un tiempo en el que quizás estuvimos un poco mejor. Los pagos a 90 días es algo que ya es así. Uno cuando entra a trabajar en el área de discapacidad sabe cuáles son las condiciones. Las reglas del juego las pusieron ellos y a vos no te queda otra que jugar. La desprotección es total. La respuesta del Estado, nula. "Estamos reclamando facturas de octubre del año pasado. Llamás a la superintendencia de salud, te derivan. Llamás a la obra social, te tiran la pelota", destacó.
Según le explicó Gómez a BigBang, "nadie se hace cargo": "Y mientras tanto, los chicos no tienen terapia". La situación llevó a los centros terapéuticos a organizar un paro activo del 26 al 30 de mayo, sin sesiones, y una marcha nacional al Congreso que se llevará a cabo este jueves 29 de mayo a las 10 de la mañana. "Las familias nos acompañan porque entienden que esto va más allá de los honorarios. Se está destruyendo todo el sistema de apoyo. Esto no es un ajuste, es un vaciamiento".
Desde su experiencia, la licenciada en psicopedagogía es tajante: "El gobierno busca desmantelar todo lo que no genera ganancia. Las personas con discapacidad no 'producen', entonces las sacan de la ecuación. Como los jubilados. Como todos los que necesitan al Estado. Este modelo los excluye". Sobre la ley de emergencia en discapacidad, actualmente en debate en el Congreso, opina sin eufemismos: "Es una salida transitoria a un problema que es mucho más general. Necesitamos ubicarnos en otro lugar para empezar a desarmar el sistema de salud. Sobre todo en el área de discapacidad. Es necesario que se replanteen todos los sistemas de apoyo. Igualmente la ley de salud mental. No hay un montón de cuestiones que están dadas hoy por hoy que no hace más que seguir vulnerando derechos de personas y de familias".
Y sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), su mirada es demoledora: "No nos representa. Que su secretaria general diga que no tiene información es funcional al vaciamiento. Si no pueden, que den un paso al costado. Acá se necesitan funcionarios que pongan el cuerpo, no que lo escondan". En cada palabra, Gómez deja en claro que lo que está en juego es mucho más que un reclamo sectorial. "Estamos hablando de derechos humanos. De infancias. De vidas. No vamos a quedarnos callados. Vamos a seguir existiendo, gritando, marchando. Porque no se trata sólo de nosotros. Se trata de todos".
Y mientras el gobierno de Javier Milei se jacta de eliminar estructuras "inútiles", las terapias se reducen, los centros se vacían, los profesionales se hunden y los chicos con discapacidad —los que más necesitan— son empujados a la intemperie. Porque cuando el Estado se retira, no queda sólo el mercado. Queda el abandono. "Vamos a seguir existiendo, el área de discapacidad va a seguir existiendo y vamos a seguir luchando por lo que consideramos justo y por los derechos de las personas con discapacidad. Es un sector, la población de la que tenemos que bancar. Es parte de todo. No podemos ir sosteniendo este tipo de políticas que apuntan a desprotegernos", sentenció.
