Ajuste y ausencia del Estado
03 Julio de 2025 08:57
En medio de una ola de frío polar histórica, con temperaturas que no se registraban desde 1991, el sistema de abastecimiento de gas natural en Argentina entró en una situación crítica que puso en evidencia, una vez más, las severas deficiencias estructurales del país en materia energética. El Gobierno y las empresas del sector reconocieron que la red colapsó por el pico de consumo, generando cortes generalizados a estaciones de GNC, industrias y, en algunos casos, hogares, especialmente en Mar del Plata.
Mientras tanto, la respuesta oficial apunta a culpabilizar al pasado, eludiendo responsabilidades propias en un contexto que impacta de lleno en la vida cotidiana, el transporte y la actividad productiva. Desde el lunes 1 de julio, el sistema energético opera al límite. A medida que bajaban las temperaturas, aumentaba exponencialmente el consumo de gas: el miércoles 2 se alcanzó un récord histórico de 100,3 millones de metros cúbicos diarios, un 25% más que en el invierno anterior. Esta demanda desbordó al sistema, que ya sufría problemas de oferta por fallas técnicas en campos de Vaca Muerta y dificultades en el transporte.
Como resultado, se tomaron decisiones drásticas: se interrumpió la exportación de gas a Chile, se amplió el corte a industrias y estaciones de GNC y, en zonas como Mar del Plata, se registraron problemas en la provisión residencial por baja presión. Frente al colapso, la Secretaría de Energía apuntó contra los "problemas estructurales heredados": falta de inversión, tarifas congeladas y señales de precio distorsionadas. Sin embargo, esta explicación ignora que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner -rebautizado como Francisco Pascasio Moreno- fue inaugurado en 2023 y ampliado en 2024 para mejorar justamente el transporte desde Vaca Muerta hacia Buenos Aires.
A pesar de esta obra clave, el sistema sigue sin dar abasto. Según fuentes del sector, el gasoducto opera hoy apenas al 70% de su capacidad por falta de volumen de inyección, lo que revela que el problema no es solo del pasado, sino también de presente. Además, el Gobierno tomó medidas que evidencian la gravedad de la situación: se recurrió masivamente al uso de combustibles alternativos como gasoil y fuel oil en las centrales térmicas, se reforzaron importaciones eléctricas desde Brasil, Paraguay y Uruguay, y se aplicaron cortes incluso a usuarios con contratos de suministro firme, que pagan tarifas más altas justamente para evitar interrupciones.
Todo esto mientras el país atraviesa una de las olas de frío más intensas de las últimas décadas, con temperaturas bajo cero extendidas durante días. Las consecuencias del ajuste energético son múltiples. En el plano productivo, el corte de gas afectó a sectores clave como el textil, el maderero, el cerámico y el de bebidas, con industrias que debieron frenar o reducir su actividad. En La Plata, 35 de las 40 estaciones de GNC están sin suministro, afectando directamente a trabajadores del transporte que dependen de este combustible, como taxistas, remiseros y choferes de apps.
En Mar del Plata, un tercio de las estaciones también tiene contratos interrumpibles y está en riesgo de quedar desabastecido. La excusa de que las empresas optan por contratos más baratos y por eso asumen el riesgo de cortes resulta poco convincente cuando la emergencia se generaliza al punto de afectar incluso a quienes pagan por suministro garantizado. Mientras tanto, hogares de Mar del Plata sufrieron este miércoles la baja presión del gas, al punto que calefones dejaron de funcionar y miles de familias vieron amenazada la calefacción en medio del frío extremo.
El propio sector energético reconoce que el sistema está "muy tensionado" y en "emergencia". No solo hay problemas en la demanda, también fallan la producción y el transporte. La salida de servicio de Atucha II la semana pasada agravó aún más la fragilidad del sistema eléctrico, llevando a distribuidoras como Edesur a realizar cortes preventivos de luz en varios barrios. Mientras tanto, los usuarios padecen una precariedad energética incompatible con un país productor de hidrocarburos. Las medidas de "administración del sistema" fueron justificadas por el Gobierno como inevitables, pero no dejan de ser un síntoma de improvisación.
La crisis de abastecimiento dejó en evidencia la falta de planificación estructural y la lentitud en la ejecución de nuevas obras de infraestructura necesarias para sostener el crecimiento de la producción de Vaca Muerta. La crisis energética se da en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei promueve una política de recorte fiscal extrema, con fuerte impacto sobre áreas estratégicas como la energía. A pesar del récord de frío, el Estado ha reducido su presencia, ha delegado la gestión de la emergencia en manos de las empresas y ha restringido inversiones clave, priorizando el "déficit cero" por sobre el bienestar de la población.
