23 Mayo de 2015 17:37
No caben dudas: el caso de Alejandra Rubio es un caso más, un triste y lamentable caso más entre miles. Si bien no existe un registro unificado que de cuenta de manera oficial y nacional de las víctimas de violencia doméstica, se pueden recopilar algunas cifras que reflejan el universo que sigue a la espera de una respuesta seria y articulada por parte del los diferentes poderes del estado.
A nivel local, en lo que respecta al año 2012, el Ministerio Público Fiscal registró 5.478 casos, el Programa Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia de la Nación recibió 16.115 llamadas, la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial (OVD) tomó 9.108 casos, la Dirección General de la Mujer del GCBA tuvo 6.863 llamadas telefónicas y atendió a 2.794 mujeres en Centros Integrales y en la Defensoría General de la Nación se asentaron 1.492 hechos más.
Si sumamos los casos, entre el 2007 y el 2013 el Ministerio de Justicia nacional asistió a 19.706 personas y respondió 78. 461 llamados, es decir el equivalente a la capacidad del estadio de River. Para el mismo período, la OVD, documentó 25.784 casos y evacuó 16.502 consultas.
En 2014, 3.500 víctimas de violencia fueron asistidas en 2014 en los Centros Integrales de la Mujer porteños, 500 mujeres -con sus hijos - debieron ser alojadas en los Refugios y Casas de Medio Camino, por el alto riesgo que representaba para ellas permanecer en el hogar y la OVD se denunciaron más de 10 mil casos.
Durante el mes marzo del año en curso, sólo en la OVD se recepcionaron 938 casos y, de acuerdo a una encuesta realizada recientemente por el Gobierno de la Ciudad, 2 de cada 10 mujeres son golpeadas por sus parejas pero sólo 1 de cada 10 de ellas realiza la denuncia.
A nivel país, en el 2014 murieron 277 mujeres de las cuales 39, antes de ser asesinadas, habían solicitado ayuda a las autoridades.
Resulta evidente entonces que esta problemática requiere un resolución urgente por parte de quienes detentan posiciones de poder. Cierto es que existe legislación al respecto, pero de momento es letra muerta. En la práctica, la denuncia se convierte en un motivo más de amenaza y se perpetúa la desprotección de los más vulnerables con cercos perimetrales que se violan por falta de control, pagando abogados que llevan causas que no conducen a ningún lugar y sumergiéndose día tras día en el temor más profundo.
Mientras tanto, los victimarios, en el mejor de los casos, son condenados a tareas humanitarias y sesiones de terapia.
Es momento de dejar tanta hipocresía e individualismo de lado: no deben ser las víctimas quienes ocupen espacios de los medios de comunicación, en todo caso hay que visibilizar la cara de los violentos para que reciban la condena social que merecen.
No deben ser los hijos quienes se oculten por terror, se escondan por vergüenza o sean expuestos a situaciones traumáticas en la justicia, declarando una y otra vez ante un grupo de desconocidos los daños a los que fueron sometidos. Esos niños, que son nuestro futuro, deben saber que la violencia es condenable y que lejos está de ser un ejemplo a seguir, aunque provenga de su propio padre. No es menor recordar que los magistrados obligan a esos chicos - incluso contra su voluntad - a salir a pasear y hasta incluso convivir con personas de las cuales recibían maltrato.
No debemos estigmatizar al violento, pero ante todo, se deben priorizar la vida y los derechos de las víctimas.
