Los ojos en el Mundial
01 Junio de 2026 15:10
La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos capítulos mientras el funcionario intenta ganar tiempo frente a una creciente presión política y judicial. El jefe de Gabinete estableció el próximo 15 de junio como fecha tope para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, un documento clave en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión llegó luego de semanas de cuestionamientos y de pedidos públicos para que explicara el origen de su patrimonio.
Sin embargo, desde la propia Jefatura de Gabinete dejaron trascender que no aceptarán presiones externas respecto de los tiempos elegidos para la presentación. Aunque aseguran que Adorni trabaja junto a su contador en la confección de la documentación, todavía no existe una fecha concreta para hacerla pública. La nueva postergación coincide además con el comienzo del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. En la Casa Rosada apuestan a que el evento deportivo contribuya a desplazar de la agenda mediática una situación que lleva casi tres meses generando desgaste para el oficialismo.
Pero mientras la atención pública se concentra en la causa por enriquecimiento ilícito, otro expediente judicial avanza de manera silenciosa y podría convertirse en un problema aún mayor para el funcionario. Se trata de una investigación que analiza las actividades de +Be, la consultora de coaching ontológico creada por su esposa, Bettina Angeletti, en 2024, cuando Adorni iniciaba su ascenso político dentro del gobierno libertario.
La Justicia ya reunió documentación que acredita que tres empresas vinculadas al Estado contrataron servicios de la consultora y realizaron pagos por distintos trabajos. Entre ellas figura Grupo Datco, proveedor de organismos públicos como el Banco Central, AYSA y la empresa estatal ferroviaria SOFSE; National Shipping, contratista de YPF; y Grupo Foggia, una firma relacionada con la licitación de Tecnópolis y vinculada al entorno de Karina Milei.
Los investigadores buscan determinar si detrás de esas contrataciones existieron posibles delitos de cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública. Aunque la existencia de los pagos no constituye por sí misma un delito, la preocupación judicial radica en la relación entre las compañías contratantes y distintos organismos estatales. En el caso de Datco, la documentación incorporada al expediente muestra que la empresa contrató a +Be para tareas de identificación de cuadros gerenciales y capacitación interna. Por esos trabajos, la firma de Angeletti habría percibido más de cinco millones de pesos.
National Shipping, por su parte, reconoció pagos por más de seis millones de pesos entre 2024 y 2025 por capacitaciones de personal. La tercera contratación bajo análisis corresponde a Grupo Foggia, una empresa que participó del proceso de privatización de Tecnópolis, anunciado públicamente por el propio Adorni. La Justicia aún espera información detallada sobre los montos involucrados en esa relación comercial. Las sospechas sobre +Be también se conectan con la causa por enriquecimiento ilícito.
Los investigadores intentan reconstruir la capacidad económica real del matrimonio para justificar distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, que figura formalmente a nombre de Angeletti. Mientras Adorni busca cerrar el frente abierto por su declaración jurada, los expedientes continúan acumulando pruebas. El juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli avanzan sobre una trama que ya excede la discusión sobre bienes declarados y que ahora apunta a posibles conflictos de intereses entre negocios privados y vínculos con el Estado.
