Ni una menos
01 Junio de 2026 12:58
El reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada asesinada en un descampado en Córdoba, puso en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial y la alarmante falta de políticas públicas para erradicar la violencia de género en Argentina. Claudio Barrelier, único detenido por el crimen, estaba tras las rejas en 2015 por privación ilegítima de la libertad a su expareja, pero fue liberado bajo fianza. Este trágico final podría haberse evitado si la justicia hubiera actuado con la debida diligencia.
Consultada por BigBang, Raquel Vivanco, integrante del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", expresó con contundencia: "El femicidio de Agostina Vega podría haberse evitado si la Justicia no hubiera liberado bajo fianza a Barrelier en 2015, cuando estaba detenido acusado por la privación ilegítima de la libertad y la violación de su expareja. Como ocurrió también con el femicida de Micaela García y en tantos otros casos, el sistema judicial continúa minimizando la gravedad de las violencias por motivos de género, incluso en sus expresiones más extremas, permitiendo que agresores sexuales y potenciales femicidas recuperen su libertad".
El caso de Agostina no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente que refleja la ineficacia del sistema judicial y el abandono estatal frente a las violencias machistas. Según datos del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026, se registraron 99 víctimas de violencia machista: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 transfemicidios o travesticidios. En promedio, ocurre un femicidio cada 31 horas en el país gobernado por Javier Milei que como bandera tiende a negar la figura legal de los femicidios y a denostar las políticas de prevención para las violencias de identidades feminizadas.
Desde el primer grito del movimiento #NiUnaMenos, hace 11 años, se contabilizan al menos 3205 víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio.
En esta línea, Vivanco subrayó: "A 11 años del primer Ni Una Menos, los datos muestran con claridad esta responsabilidad institucional: el 17% de las víctimas de femicidio había realizado denuncias previas contra sus agresores. Es decir, el Estado conocía la situación de riesgo, pero no actuó de manera efectiva para protegerlas. Hoy esas mujeres ya no están. Por eso afirmamos que la Justicia no solo falla en la prevención, sino que muchas veces forma parte del problema".
El contexto actual no hace más que profundizar estas violencias. El gobierno liderado por la Libertad Avanza implementa recortes significativos en políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia machista. Entre las medidas más polémicas se encuentra la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con el desmantelamiento de programas clave para la protección y asistencia a las víctimas como el desfinanciamiento de la línea para las denuncias de violencia 144 pero también la erradicación de organismos como el INADI donde se capacitaba y sensibilizaba a la sociedad en casos de violencia de género.
Vivanco denunció este retroceso: "Estamos atravesando un escenario de desmantelamiento y retroceso de las políticas públicas de género sin precedentes en la Argentina. Mientras ocurre un femicidio cada 31 horas, el gobierno nacional ha decidido retirar recursos, programas y herramientas destinadas a prevenir y abordar esta problemática".
Además, subrayó cómo los discursos negacionistas y misóginos desde sectores del poder no solo banalizan la violencia de género, sino que también legitiman actitudes peligrosas: "A esta situación se suma un Estado nacional que niega las violencias y las desigualdades de género, al mismo tiempo que habilita y legitima discursos misóginos y de odio".
Casos recientes como el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en Córdoba —fundador de una agrupación antifeminista— o el asesinato de Sophia Civarelli en Rosario —cuyo autor, Valentín Alcida, se identificaba públicamente con discursos ultraderechistas— son ejemplos alarmantes de cómo estas narrativas pueden traducirse en actos violentos concretos contra mujeres.
El feminismo argentino lleva más de una década exigiendo respuestas al Estado frente a las violencias machistas. Sin embargo, los avances logrados parecen estar en peligro ante el actual contexto político. Según los datos del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido por la víctima, mientras que el 63% de los crímenes ocurrieron en las viviendas compartidas con los agresores: uno de los lugares más peligrosos para las mujeres e identidades feminizadas.
Frente a esta realidad desgarradora, Raquel Vivanco hizo un llamado urgente a movilizarse: "Por eso, este 3 de junio a las 17 horas volveremos a movilizarnos frente al Congreso de la Nación y en todo el país para exigir políticas públicas efectivas, acceso a la justicia y una respuesta estatal acorde a la gravedad de la violencia machista. Porque seguimos reclamando lo mismo que hace 11 años: que dejen de matarnos".
