Motosierra para trabajadores
Por Matías Romero
07 Abril de 2026 12:17
El reciente desmantelamiento del programa "Volver al Trabajo", bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello, no es simplemente un recorte presupuestario o un movimiento administrativo. Es, en su esencia, un acto de exclusión institucional. Significa quitarle a casi un millón de personas no solo un ingreso, sino su lugar en el sistema: la bancarización, el reconocimiento estatal y el derecho a ser vistos.
Esta decisión no ocurre en el vacío. Viene precedida por una sistemática campaña de desprestigio contra la protesta social, los sindicatos y los movimientos populares. Se ha buscado deslegitimar a quienes trabajan en el Estado y a quienes sobreviven gracias a la economía popular, construyendo un relato que justifica el desamparo bajo la premisa del orden.
Los números del desamparo
La realidad es concreta. El cierre de este programa implica que entre novecientos mil y un millón de argentinos dejarán de percibir 78.000 pesos mensuales (aproximadamente 55 dólares al cambio oficial). Aunque es evidente que nadie puede cubrir sus necesidades básicas con esa cifra, para quienes habitan la economía popular ese monto representa un último escalón de dignidad antes de caer al vacío.
Es importante recordar que el acceso a este beneficio no era discrecional: existían cruces de datos rigurosos para corroborar la vulnerabilidad del beneficiario. Al eliminarlo, el Gobierno retirará del consumo interno un circulante de aproximadamente $78.000 millones de pesos. En un contexto donde la inseguridad, el hambre y el desempleo escalan sin freno, esta quita es un golpe directo a la base de la pirámide social.
El impacto en nuestros barrios
Para entender la magnitud del daño, basta con observar lo que sucede en el territorio. En Lomas de Zamora, por ejemplo, esta medida afecta a casi 30.000 personas, lo que se traduce en una pérdida de $2.340 millones que dejan de circular en los comercios de cercanía. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el impacto alcanza a 38.000 personas, privando a la economía local de casi $3.000 millones.
Una economía que se achica desde abajo
Cuando los sectores populares dejan de consumir, el impacto es sistémico. Estos ingresos no se fugan ni se ahorran en moneda extranjera; se vuelcan inmediatamente a la compra de alimentos y servicios básicos.
La decisión de avanzar con este ajuste parece ignorar —o quizás busca deliberadamente— el sufrimiento humano que conlleva. Dejar a miles de familias en el desamparo absoluto, sin una red de contención y bajo una mirada de sospecha, sólo puede profundizar el malestar social. Solo queda esperar que el impacto en las economías locales y en la vida de cada vecino sea el menor posible, aunque el panorama, hoy, se parezca demasiado a un abismo.
