Media sanción
El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental, vigente desde 2010. En una larga sesión que también aprobó beneficios fiscales para medianas empresas y un régimen para el mercado de créditos de carbono, el proyecto del Gobierno se impuso por 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones. En contra votaron los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal. Para convertirse en ley, todavía necesita la aprobación de Diputados.
La iniciativa modifica puntos centrales de la Ley 26.657, que había establecido un modelo de atención basado en los derechos humanos y la inclusión comunitaria. El texto que llegó al recinto ya no era el original: el oficialismo tuvo que incorporar cambios importantes por las objeciones de las provincias y de los bloques dialoguistas.
La reforma suma obligaciones para los familiares y responsables de personas con padecimientos mentales, y al mismo tiempo reconoce derechos específicos para quienes cumplen tareas de cuidado. También prevé mecanismos de orientación, acompañamiento y acceso a información sobre los tratamientos y los recursos disponibles.
El punto más sensible es el dinero. Durante el debate se agregó una cláusula que establece asistencia técnica, económica y financiera de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Funcionará con convenios entre cada jurisdicción y el Estado nacional, que deberán fijar compromisos de financiamiento, objetivos, plazos y mecanismos de rendición de cuentas.
Esos fondos deberán destinarse prioritariamente a fortalecer los equipos interdisciplinarios, contratar y formar profesionales, sostener las teleconsultas y desarrollar dispositivos comunitarios. Sin embargo, la ley no fija un monto ni un porcentaje del presupuesto: todo queda sujeto a lo que se acuerde en cada convenio.
Uno de los cambios más discutidos es que vuelve a habilitar las internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, además de los hospitales generales. También incluye instituciones específicas, públicas y privadas.
El texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y conserva el objetivo de impulsar dispositivos comunitarios para la inclusión social y laboral. Además, permite teleconsultas con psiquiatras cuando no haya uno presente, pensando sobre todo en las zonas alejadas de las grandes ciudades. La reforma también incorpora de forma explícita las adicciones dentro de las políticas de salud mental y refuerza el lugar de los psiquiatras en los equipos interdisciplinarios.
El radical Maximiliano Abad expresó sus reparos ante "la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios". La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le respondió que esos centros "no son manicomios" y que "esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención".
Las internaciones involuntarias son el corazón de la reforma. Hasta ahora, la ley exigía un riesgo cierto e inminente para internar a alguien sin su consentimiento pero el nuevo texto lo cambia por un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Para evaluarlo, se tendrán en cuenta el estado actual del paciente, sus antecedentes de conductas o ideas que puedan provocar daño y cómo podría evolucionar su situación sin tratamiento.
También cambian las reglas para las urgencias: si al momento de la evaluación hay un solo médico disponible, podrá ordenar la internación, que luego deberá ratificar un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Además, los jueces podrán ordenar internaciones cuando un prestador de salud se niegue a hacerlas pese a que se cumplan los requisitos.
La presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta (LLA), defendió el cambio: la reforma busca "llegar a tiempo" al "pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente".
Las críticas: una ley que nunca tuvo fondos
La oposición puso el foco en el financiamiento. Su argumento es que la ley de 2010 no fracasó por sus principios, sino porque nunca recibió los recursos prometidos. Esa norma establecía que el 10% del presupuesto de salud debía destinarse a salud mental, una meta que nunca se cumplió.
El senador Guillermo Andrada (Convicción Federal), autor de un dictamen de minoría, lo planteó así: "¿La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden".
El santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico y Social) apuntó contra el costo para el interior: "Con esta reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas, no se prevén los recursos. ¿Vamos a discutir leyes cómo se financia la salud? Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud".
Ese es la gran pregunta que queda flotando: las provincias deberán hacerse cargo de nuevas obligaciones, como más equipos, guardias y lugares de internación, con presupuestos ya ajustados y con una ayuda nacional que depende de convenios todavía no firmados. Ahora la Ley de Salud Mental pasa a Diputados.
