Bajar la edad de imputabilidad: la propuesta de Milei que viola la Constitución y castiga a los más vulnerables

Mientras Javier Milei busca imponer un modelo de ajuste que deteriora el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la alimentación, desde el Ejecutivo también se promueve una reforma penal que apunta contra los más vulnerables: bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Bajo el argumento de "combatir la inseguridad", el gobierno impulsa una medida ineficaz, regresiva y contraria a la Constitución Nacional.

Detrás del discurso de "más seguridad" se esconde una política punitiva que, lejos de prevenir el delito, lo agrava. Y, lo que es peor, coloca en la mira a los más vulnerables. Y es que, esta reforma no sólo es ineficaz, sino que también es inconstitucional.

La propuesta va en línea con una política de mano dura que apela más al castigo que a la prevención, y que según expertos en derecho penal y derechos humanos, no resuelve el problema de fondo. En este contexto, BigBang dialogó con el abogado Cristian Adrián Alloro, que comenzó explicando: "La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, incorpora tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que fija 14 años como edad mínima de imputabilidad. Bajarla a 13 implicaría contradecir esos compromisos", por lo que advierte que "esto va a generar inconstitucionalidades y abrir la puerta a un mar de recursos de amparo y planteos judiciales".

Además, la propia Ley 22.278 de Minoridad establece como prioridad las medidas socioeducativas por sobre el reproche penal. Es decir que, más allá del discurso oficial, el sistema jurídico argentino ya contempla un enfoque más integral para tratar a adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, el proyecto de Milei parece ignorar ese andamiaje.

Actualmente en Argentina, según la Ley 22.278, un adolescente es considerado penalmente responsable a partir de los 16 años. Entre los 16 y los 18 puede ser juzgado, pero solo por delitos con una pena mínima superior a los dos años, y siempre bajo un régimen penal especial que prioriza medidas educativas por sobre el encierro. Los menores de 16 son inimputables: no pueden ser juzgados ni condenados penalmente, aunque pueden recibir intervención estatal a través de sistemas de protección integral de derechos. Esto no significa impunidad, sino que el Estado debe actuar desde un enfoque de derechos, evitando el castigo y priorizando la inclusión social.

Lejos de ser una solución, la baja en la edad de imputabilidad podría convertirse en una forma encubierta de criminalizar la pobreza. Alloro señala que "en Argentina, la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de barrios vulnerables, donde el Estado no llega con políticas preventivas ni educativas. Bajar la edad de imputabilidad no corrige desigualdades, las amplía, porque castiga conductas que en otros sectores se verían como faltas menores". Según explica, el resultado sería llenar comisarías y centros de detención "con pibes que roban por hambre o producto de la falta de oportunidades", lo que profundizaría la estigmatización de las villas y solidificaría "un modelo represivo sobre la exclusión". Además, advierte que "está más que comprobado que dichas políticas no cumplen con la finalidad por la cual son creadas, es decir, reducir el delito. Por el contrario, lo agravan".

El ingreso de chicos de 13 años al sistema penal también podría desatar nuevas violencias. el abogado advierte que "los informes de organismos como el Comité contra la Tortura de la ONU ya advierten sobre malos tratos, apremios y violaciones a los derechos de menores en custodia policial. Si se baja la edad, el sistema penal recibirá chicos de 13 años sin protocolos adecuados para su resguardo y sin recursos, como pasa habitualmente. Van a estar mezclados con adolescentes mayores, expuestos a situaciones de abuso físico y psicológico".

La cárcel, lejos de reinsertar, marca de por vida: "El paso por el sistema penal afecta el desarrollo emocional y social. Salvo pocas excepciones, nadie sale 'mejor persona' de una experiencia como esa", dice el entrevistado. Y añade: "Atravesar una vivencia de esas características a una edad temprana puede ser irreversible. Un chico de 13 años está en plena formación de su identidad; sometido a un proceso de esta índole, crea un historial que le pesa para siempre". Esa marca social, explica, les complica el acceso a trabajo, vivienda y reconocimiento social, perpetuando ciclos de marginalidad.

Tampoco hay evidencia empírica que respalde este tipo de reformas: "Estudios de criminología muestran que los programas punitivos sin contención socioeducativa tienen escaso impacto en la prevención de conductas futuras", señala Alloro, y agrega que "los adolescentes que ingresan temprano al sistema penal tienden a volver porque internalizan conductas antisociales, aprenden dinámicas delictivas de pares y quedan sin redes de apoyo". Es decir que "la reforma podría convertirse en un semillero de nuevos delincuentes: la prisión temprana funciona más como escuela del delito que como instrumento de rehabilitación".

La experiencia internacional también desmiente al gobierno de Javier Milei: "No existen datos sólidos que respalden la disminución de la criminalidad al bajar la imputabilidad. En países que lo intentaron, como algunos estados de Estados Unidos, se observaron picos de encierro juvenil sin correlato significativo en la baja de delitos. Todo lo contrario", asegura. "Además del aumento de costos carcelarios y judiciales, el planteo suele responder a una lógica de 'mano dura' política más que a un análisis riguroso de resultados efectivos en materia de seguridad". Y recuerda que incluso en Argentina, con la llamada ley Blumberg, "se puede decir con claridad que no solo no sirvió para frenar esas conductas, sino que por el contrario, según los índices oficiales, se incrementaron".

Desde el punto de vista práctico, el sistema penal argentino tampoco está preparado para este cambio: "El régimen penitenciario argentino adolece de falta de presupuesto, infraestructura obsoleta y déficit de personal capacitado. Si ni siquiera se cuenta con espacios adecuados para adolescentes de 16 o 17 años que deberían estar en institutos de menores, menos aún para niños de 13", denuncia. Y recuerda: "Hace poco hubo fugas en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que más presupuesto tiene. No hay módulos especiales, psicólogos suficientes ni programas de reinserción adaptados. El riesgo de vulneración de derechos (alimentación deficiente, falta de higiene, ausencia de atención médica y psicológica) es altísimo y solo se incrementaría con una política de este estilo que solo sirve para la tribuna".

El licenciado también cuestiona el rol que podría cumplir la defensa pública: "Un proceso penal con menores implica una atención multidisciplinaria: abogados con formación en derecho de la infancia, psicólogos, trabajadores sociales y operadores de derechos humanos. Hoy la Defensa Pública por más buenas que sean, está súper saturada con casos de adultos. Añadirle legajos de niños de 13 sin reforzar equipos ni presupuesto generaría juicios exprés, asesoramiento precario y violaciones al debido proceso. El pibe terminaría indefenso, sin comprender los cargos y con nulo acceso a medidas restaurativas".

Sobre el tipo de penas que podrían aplicarse, Alloro es contundente: "Para adolescentes, la ley prevé medidas como libertad asistida o programas de orientación. Pero para un menor de 13, esas alternativas no están siquiera previstas". Si se configura una pena real de privación de libertad, "no hay centros aptos: los lugares de encierro para adultos violan protocolos de la ONU, y los institutos de menores no reciben chicos tan chicos. En la práctica, cualquier pena aplicada podría devenir tortura institucional, cuando la Constitución y tratados prohíben tratamientos crueles o degradantes".

Frente a este panorama, insiste en que existen muchas otras formas de abordar la conflictividad juvenil sin caer en el castigo penal: "En vez de punitivismo, la respuesta debe ser integral: fortalecer y expandir políticas de prevención en territorios (centros juveniles, talleres de oficios, deportes); reforzar la escuela y el acompañamiento escolar; brindar atención psicológica y de salud mental; promover programas de mentorías y acompañamiento laboral tempranas; y trabajar con las familias para empoderarlas". Para Alloro, "el Estado debería articular con ONG y organizaciones comunitarias para generar circuitos de inclusión, dejando el sistema penal como última instancia, no como solución rutinaria o de castigo".

Incluso propone reformar el sistema penitenciario actual para que deje de ser un depósito de personas: "Se debería tender a fortalecer esas instituciones, dándoles presupuesto para que las personas que les toque atravesar ese tipo de experiencias, no vuelvan a lo mismo. Hoy es difícil que los internos logren acceder a un trabajo en el ámbito carcelario, algo que debería ser obligatorio. Se podrían armar grandes fábricas de gente privada de su libertad que sirvan para obtener productos a bajos costos y para que los internos se realicen. Pero por ahora es más un anhelo que algo que pueda ocurrir en un corto tiempo. Sin ir más lejos estamos discutiendo si bajar la edad de inimputabilidad".

En conclusión, el intento del gobierno de Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años no solo viola principios constitucionales y tratados internacionales. También pone en riesgo la integridad de niños y niñas, mientras profundiza la exclusión y estigmatización de los sectores más pobres. Es una propuesta peligrosa, ineficaz y regresiva. La seguridad no se construye con represión, sino con inclusión, justicia social y políticas públicas de verdad. Detrás de cada número, de cada estadística y de cada titular que habla de "inseguridad" hay un niño o una niña que nació en un país que les dio la espalda. Pensar que la solución es encerrarlos más temprano no solo es cruel: es profundamente inhumano. La propuesta de Milei de bajar la edad de imputabilidad no es una política de seguridad, es una renuncia del Estado a su responsabilidad de cuidar, incluir y educar. No se trata de garantismo ni de ideologías: se trata de humanidad. Y cuando un gobierno deja de verla, todo el pueblo está en peligro.