Una ciudad bajo fuego
29 Octubre de 2025 09:23
Las calles de la zona norte de Río de Janeiro ardieron bajo el estruendo de las balas. Autos calcinados, casas incendiadas, columnas de humo elevándose sobre los techos y explosiones lanzadas desde drones dibujaron un paisaje de guerra en pleno corazón urbano. Río vivió este martes la jornada más sangrienta de su historia reciente, con al menos 64 muertos -60 sospechosos y 4 policías- tras un operativo de las fuerzas de seguridad contra el Comando Vermelho (Comando Rojo).
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se declaró "horrorizada" por la masacre. "Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva", expresó el organismo que dirige Volker Türk, advirtiendo que esta tragedia "sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil".
Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada, cuando 2.500 agentes ingresaron en los complejos de Alemão y Penha para ejecutar 100 órdenes de arresto. La llamada Operación Contención, lanzada sin coordinación con el gobierno federal, desató un infierno urbano. Vecinos aterrorizados grabaron videos de los tiroteos: ráfagas interminables, sirenas, explosiones. Algunos hasta se animaron a denunciar en redes junto a las imágenes de la masacre: "No es Gaza, es Río".
El diario O Globo tituló contundente: "Guerra en Río". "Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos", relató una mujer que trabaja en proyectos sociales en Penha, que pidió el anonimato "por miedo a represalias". La policía, por su parte, difundió sus propios videos mostrando el despliegue de los vehículos blindados y las armas incautadas. En una de las imágenes oficiales, se ve el contraataque: un dron manejado por narcotraficantes lanza granadas contra los agentes.
En este contexto, el gobernador Cláudio Castro escribió en su cuenta de X: "Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones. (...) Es narcoterrorismo". Pero los organismos de derechos humanos y varios diputados locales denunciaron una "licencia para matar". "El gobierno trata a la favela como territorio enemigo, con licencia para tirar y matar", escribió el diputado Henrique Vieira.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Dani Monteiro, fue implacable: "Exigiremos explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en escenario de guerra y barbarie". El operativo dejó un saldo devastador: 64 muertos, 81 detenidos, 42 fusiles incautados y más de 200.000 personas afectadas por el cierre de escuelas, hospitales y transporte público. "Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer", lamentó Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba volver a su casa entre los bloqueos y los vehículos incendiados.
Más de 50 micros fueron usados como barricadas por los presuntos criminales. Los helicópteros policiales sobrevolaban las favelas mientras abajo se escuchaban gritos y disparos. Agentes custodiaban a una veintena de jóvenes, descalzos y sin camisa, sentados en la vereda con la cabeza gacha. La imagen recorrió el mundo. El operativo abrió una crisis política en Brasil. El gobierno de Lula da Silva informó que "no hubo cualquier consulta o pedido de apoyo por parte del gobierno estadual de Río de Janeiro para la realización de la operación".
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el jefe de la Casa Civil, Rui Costa, convocaron una reunión de emergencia con el gobernador Castro para evaluar la tragedia. El gobernador, aliado del ex presidente Jair Bolsonaro, había asegurado que el Estado nacional le negó "tres veces" la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero el Palacio del Planalto desmintió la versión: "Durante la reunión, las fuerzas policiales y militares federales reiteraron que no hubo ninguna consulta o pedido de apoyo", señaló un comunicado oficial.
Mientras tanto, la ONU exige una investigación internacional. "Las autoridades deben rendir cuentas por las muertes y garantizar que no se repitan estas operaciones desproporcionadas", reclamó el organismo. El objetivo de la Operación Contención era el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más antiguas de Brasil, nacida en las cárceles de Río en los años 70. Lo que comenzó como una hermandad de presos contra los abusos del sistema penal derivó en una red de narcotráfico, asaltos y tráfico de armas. Aunque debilitado en los últimos años, el CV aún controla parte de las favelas de la ciudad.
Entre los detenidos se encuentra Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, y Nicolas Fernandes Soares, operador financiero del jefe criminal Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso. No es la primera vez que una operación policial deja una estela de sangre. En 2021, durante la pandemia, una incursión en la favela de Jacarezinho provocó 28 muertos, hasta ahora el récord. Este martes, esa cifra fue más que duplicada. Solo en 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río, casi dos por día.
