Puntos clave
por Alejo Paredes
20 Febrero de 2026 08:48
El Gobierno de Javier Milei logró aprobar en Diputados la reforma laboral -rebautizada como "Modernización Laboral"- y ahora presiona para su sanción definitiva en el Senado. Con más de 200 artículos organizados en cinco ejes, el proyecto modifica la histórica Ley de Contrato de Trabajo 20.744, altera el régimen sindical, restringe el derecho de huelga, introduce cambios en la Justicia laboral y suma un capítulo de reforma tributaria con beneficios sectoriales. Aunque el oficialismo sostiene que apunta a "modernizar" y "formalizar" el empleo, el texto exhibe un giro profundo en la arquitectura de derechos laborales vigente desde 1976.
De hecho,m exhibe una clara redistribución del poder de negociación hacia las empresas. Uno de los cambios centrales es la descentralización de la negociación colectiva. La ley establece que "los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor", lo que consolida la primacía de los acuerdos por empresa por sobre los sectoriales. En los hechos, los sindicatos pierden capacidad de incidencia general y se fragmenta la representación colectiva. Además, se elimina la ultraactividad plena: los convenios vencidos dejarán de regir en su totalidad hasta que se firme uno nuevo. Solo permanecerán vigentes las normas vinculadas a condiciones básicas de trabajo. Esto debilita la posición sindical en negociaciones prolongadas y otorga al empleador una ventaja temporal.
Salario "dinámico" y pago en moneda extranjera
El proyecto habilita la incorporación de componentes "dinámicos" al salario -fijos o variables, transitorios o permanentes- que pueden acordarse por convenio, por empresa e incluso por decisión unilateral del empleador. Bajo la figura de pagos por mérito o productividad, se abre la puerta a una mayor discrecionalidad en la composición salarial. También se autoriza el pago en moneda extranjera, además de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, ampliando modalidades ya existentes.
Indemnizaciones: menos base de cálculo y pago en cuotas
La indemnización por despido sin causa se mantiene en un mes por año trabajado, pero se reduce su base de cálculo: ya no se computarán conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios. Se fija además un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio aplicable. Las sentencias judiciales podrán pagarse en hasta seis cuotas mensuales (doce para pymes), ajustadas por IPC más un 3% anual.
Para los críticos, esta modalidad licúa el impacto inmediato de las condenas y desalienta reclamos. El proyecto también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una contribución del 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. A cambio, las empresas recibirán descuentos en contribuciones patronales destinadas a la seguridad social (ANSES). La administración recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Sindicatos y especialistas advierten que la rebaja de aportes podría desfinanciar el sistema previsional.
Banco de horas y jornada extendida
La reforma habilita jornadas de hasta 12 horas diarias -con 12 horas obligatorias de descanso- siempre que no se supere el máximo semanal. Las horas adicionales podrán compensarse con un banco de horas o francos compensatorios, evitando el pago tradicional de horas extras. Se incorporan contratos a tiempo parcial y se flexibiliza la distribución del tiempo de trabajo, bajo acuerdos individuales o colectivos.
Vacaciones fraccionadas y cambios en la antigüedad
Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y otorgarse fuera del período habitual (1° de octubre al 30 de abril) por acuerdo entre partes. La notificación previa se reduce de 45 a 30 días en algunos casos. En cuanto a la antigüedad, se computará el tiempo anterior si el trabajador reingresa al mismo empleador, salvo que hayan pasado más de dos o tres años -según versiones del texto- entre el cese y el nuevo vínculo.
Sindicatos y derecho de huelga bajo límites
Se establece un tope del 2% a las cuotas solidarias y se restringe la realización de asambleas en lugares de trabajo sin autorización del empleador. Los delegados contarán con un crédito de hasta diez horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. La reforma amplía el listado de servicios considerados "esenciales" -con obligación de cobertura del 75% durante huelgas- y crea la categoría de "servicios trascendentales", con un mínimo del 50%.
Se incluyen sectores como la educación en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de prestación. Para la oposición sindical, estas disposiciones configuran una limitación sustantiva del derecho constitucional de huelga.
Plataformas: independientes sin relación laboral
El proyecto crea la figura del "prestador independiente" para repartidores de aplicaciones como PedidosYa o Rappi. El vínculo no constituirá relación de dependencia. Las plataformas deberán ofrecer seguro de accidentes y capacitación, pero la responsabilidad y condiciones podrán ser objeto de "libre acuerdo". Los repartidores conservarán el 100% de las propinas. Para los críticos, se consolida así un modelo de tercerización sin derechos laborales plenos.
Justicia laboral y traspaso a la Ciudad
La iniciativa busca reducir la litigiosidad: los acuerdos homologados tendrán carácter de cosa juzgada y no podrán reabrirse. Se fijan topes a honorarios y costas (hasta el 25% del monto de sentencia). Además, se impulsa el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la estrategia oficial de modificar un fuero históricamente adverso a las políticas empresariales.
Beneficios fiscales y cambios impositivos
El capítulo tributario elimina impuestos internos a electrónicos, automóviles, aeronaves, embarcaciones y productos suntuarios; exime el IVA a la energía eléctrica utilizada en riego agroindustrial y posterga hasta 2028 la eliminación del fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA para proyectos de entre 150.000 y 9 millones de dólares.
Aunque el artículo 44 -que recortaba licencias por enfermedad- fue eliminado tras la polémica, el corazón del proyecto permanece intacto. La reforma altera la lógica protectoria del derecho laboral argentino y desplaza el eje hacia acuerdos por empresa, reducción de costos y menor intervención judicial. El Gobierno presenta la iniciativa como un paso necesario para crear empleo formal. Sus detractores sostienen que se trata de una transferencia de poder desde los trabajadores hacia los empleadores, con impacto potencial sobre salarios, jubilaciones y capacidad de organización sindical. La votación final en el Senado definirá si esta reingeniería del mundo del trabajo se convierte en ley. Pero el debate de fondo -modernización o regresión- ya atraviesa al sistema político, a los gremios y a un mercado laboral marcado por la precariedad.
