22 Junio de 2022 15:46
En septiembre de 2010, el entrepiso del boliche Beara -ubicado en Scalabrini Ortiz 1638-, donde se encontraba el sector VIP, colapsó y se derrumbó sobre la planta baja causando la muerte de Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, de 20 y 21 años, mientras que otras 50 personas resultaron heridas. Este miércoles, casi 12 largos años después, el Tribunal Oral Criminal 7 condenó a tres años de prisión condicional y a cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio a los propietarios al local, al encontrarlos responsables directos de las muertes. Mientras que varios funcionarios porteños investigados por aquel derrumbe, a cargo de controlar la habilitación del lugar, y los policías federales acusados por cohecho fueron absueltos.
La resolución del juicio estuvo a cargo de los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval,los cuales encontraron culpables a los acusados Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess del delito de “homicidio culposo agravado” de ambas jóvenes y de “lesiones culposas graves y leves" a más de 50 personas afectadas por el derrumbe.
El tribunal tuvo en cuenta las numerosas pruebas presentadas en el juicio sobre lo endeble de la estructura del entrepiso. "Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había 700 personas que era mucho más de lo permitido, entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte", argumentó el fiscal Oscar Ciruzzi en su alegato.
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La funcionaria se basó en los testimonios de empleados y clientes del boliche. El derrumbe ocurrió el 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50, cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, y minutos después cayó el entrepiso construido con madera y aluminio. Hasta ese momento, el lugar ya había sido clausurado por distintas irregularidades, pero el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como "salón de fiestas privadas".
Sin embargo, la realidad era sola una y el establecimiento siempre funcionó como discoteca de libre acceso. Por las muertes de Lizarriaga y Provedo fueron imputadas 17 personas, entre los miembros de la sociedad comercial "Viejo sabio" que regenteaba el lugar y los funcionarios del gobierno de la Ciudad que debían habilitar y controlar el local.
En una de las audiencias, los funcionarios y policías del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires imputados por la muerte de las chicas se declararon "inocentes". La primera en hacer uso del derecho fue Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, quien destacó lo negativo de "estar diez años sometida a un procedimiento penal" y dijo ser inocente de los cargos que le imputaron.
Recordemos que a fines de abril, cuando tuvieron lugar los alegatos de las partes, el fiscal Ciruzzi pidió penas que fueron de los 9 a los 2 años de prisión para los propietarios de la firma comercial, para los funcionarios porteños y los policías involucrados en el episodio. Martín Farrel, ex director de Habilitaciones de la Ciudad, dijo: "Esta causa me ha arruinado la vida, estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos porque no me puedo presentar a los concursos".
En ese sentido, se definió como "inocente" y destacó: "Creo que ha quedado demostrada mi inocencia". El ex policía Federal Luis Acosta, acusado por haber participado del cohecho que permitió a Beara funcionar, dijo ser "inocente". En cambio, el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, resaltó que "tenía mucho miedo de que los jueces no me escucharan pero vine y vi toda la atención que prestaron a todos y estoy muy agradecido. Cuando hablé en mi declaración dije todo lo que es un proceso de habilitación", señaló el ex funcionario que reconoció que "me cuesta mucho hablar de lo personal, lo técnico fue más fácil".
Los gestores de la entidad comercial que administraba el boliche, Leandro Camani y Matías Pantarotto, también ratificaron su inocencia al igual que los dueños del boliche "Beara", aunque estos últimos reconocieron que la tragedia se debió a la mala construcción de la estructura por parte de los profesionales contratados. "El único motivo de que pasó lo que pasó fue por una construcción deficiente", señaló Yun. Además, explicó que en el montaje del entrepiso participaron tres arquitectos y tres maestros mayores de obra. "No sé qué más podíamos hacer nosotros: quien hace una modificación confía en las personas que contrata", señaló el empresario ante los jueces.
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Por su lado, Dobrila, socio de Yun y Fliess en la sociedad comercial "El viejo sabio", definió que "quedó claro en el debate que fue un error constructivo" y agregó que "nunca nos imaginamos que iba a pasar esto y tomamos todos los recaudos" para que nada malo ocurriera: "Consideren -pidió Dobrila- que los 12 años de proceso fueron muy duros para todos en lo personal y en lo profesional, aunque no se compara con el dolor de las familias". Fliess, como sus antiguos socios, insistió en que confió en los "profesionales" a cargo de la construcción del lugar y repitió que "quedó claro en los peritajes que esto (el entrepiso) estaba mal construido".
De esta manera, la estrategia de la defensa de los propietarios fue responsabilizar a la empresa de construcción en seco y a sus responsables técnicos por el derrumbe del entrepiso, aunque esas personas fueron absueltas de responsabilidad por el tribunal. A finales de febrero, declararon ante el TOC 7 los empleados de Beara que confirmaron que el entrepiso tenía una “grieta” visible y que “vibraba”. "Decíamos que algún día se iba a caer: teníamos esa sensación porque vibraba", explicó la camarera María Laura Lurgo ante los jueces, dato que fue confirmado luego por el bartender Roberto Aguirre.
Para fundar la desidia de los propietarios en el control estructural del local de Scalabrini Ortiz al 1600, el fiscal Ciruzzi recordó que en 2007 se cayó un tramo de la baranda del entrepiso y eso le produjo heridas a una joven. Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana y madre de Leticia, respectivamente, participaron de todas las audiencias del debate oral, corolario de un proceso judicial que llevó 12 años entre el período de instrucción y el juicio. Antes del veredicto, Tagliaferro brindó un testimonio desgarrador frente al tribunal y señaló que sentía que “puede volver a haber impunidad”, en referencia a los tiempos y las demoras que impidieron analizar las responsabilidades por la muerte de su hija.
La mujer sostuvo que el juicio solo sirvió para "revivir esa noche y escuchar todas las declaraciones de los imputados que hacen mucho hincapié en que ellos tuvieron dificultades comerciales, laborales y en sus vidas privadas; pero la que perdió su vida fue Leti y de esa pérdida no se vuelve". Para la mujer, los acusados que durante el juicio insistieron en remarcar que este hecho afectó sus vidas "piensan que estos 12 años les paso solo a ellos te empiezan a hablar de los hechos de su vida pero las que no están son las chicas", sostuvo. "No quiero que salgan indemnes, porque sino hubieran construido ese entrepiso y tan mal, mi hija estaría viva; si lo hubieran inspeccionado como correspondía, mi hija estaría viva; si lo hubieran habilitado como correspondía, mi hija estaría viva y, por sobre todo, si Farrel -ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos- no hubiera firmado la habilitación mi hija estaría acá", afirmó.
