Records negativos por doquier
La llamada "industria del juicio", uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno y el sector empresario para impulsar la reforma laboral, lejos de desaparecer parece haber encontrado una nueva forma de sobrevivir. Según el último relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante los primeros siete meses de 2026 se acumularon 72.525 nuevas demandas contra el sistema de ART en todo el país. Si el ritmo se mantiene, la proyección para todo el año alcanza los 137.800 juicios.
El número no sólo resulta elevado: también implicaría superar el récord registrado en 2025, cuando se iniciaron 134.141 demandas por accidentes y enfermedades laborales. Es decir, pese a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei presentó como una herramienta para reducir la litigiosidad, contener costos y terminar con los abusos del sistema, los juicios laborales vinculados a las ART no sólo no ceden, sino que podrían volver a marcar un máximo histórico.
El dato de julio podría inducir a una lectura equivocada. Durante ese mes ingresaron 7.814 nuevas demandas, una cifra inferior a la de junio. Pero la propia UART explicó que la disminución responde principalmente al efecto estacional provocado por la feria judicial. Cuando se amplía la mirada y se toma la evolución acumulada de los últimos doce meses, aparecen cerca de 135.400 notificaciones judiciales.
La dimensión del fenómeno resulta todavía más evidente al traducirlo a una escala cotidiana: el sistema registra alrededor de 400 nuevos juicios por día. Y la tendencia viene de lejos. En 2024 se habían iniciado 126.055 demandas. En 2025, la cifra trepó a 134.141, lo que representó un aumento interanual del 6,4%. Durante el último cuatrimestre del año pasado, además, la aceleración había alcanzado el 12%.
Ahora, con siete meses de 2026 contabilizados, el sistema vuelve a encaminarse hacia otro récord. Lo cierto es que la reducción de la judicialización fue uno de los argumentos centrales utilizados por el oficialismo y las cámaras empresarias durante el debate de la reforma laboral. El diagnóstico sostenía que el sistema generaba incentivos para la presentación de demandas, elevaba los costos para las empresas y agregaba incertidumbre a la contratación de trabajadores.
La reforma incorporó, entre otras disposiciones, mecanismos destinados a acercar los criterios de los tribunales laborales a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, los primeros datos con el nuevo marco vigente muestran que la dinámica todavía no se modificó de manera significativa. De hecho, la propia cámara que nuclea a las aseguradoras reconoce que el nivel de judicialidad continúa por encima del registrado durante el año pasado.
La explicación oficial del problema vuelve a apuntar hacia el Poder Judicial. Desde la UART reclamaron "respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales" frente al crecimiento de las demandas. La entidad sostuvo que la persistencia de estos niveles de judicialización puede poner bajo presión a un sistema que actualmente brinda cobertura a más de 10 millones de trabajadores y alrededor de un millón de empleadores.
Para las aseguradoras, el volumen de demandas resulta desproporcionado si se lo compara internacionalmente. Según sus datos, la cantidad de juicios vinculados al sistema de riesgos del trabajo en Argentina supera 23 veces los niveles de Chile y 16 veces los de España. De esta manera, mientras las ART insisten en que existe una litigiosidad excesiva, detrás de cada expediente hay trabajadores que reclaman una reparación por accidentes o enfermedades vinculadas con su actividad laboral.
La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por cuántos juicios existen, sino también por qué porcentaje corresponde a reclamos legítimos y qué parte responde a incentivos procesales que deberían ser corregidos. Dentro del mapa nacional aparece un dato especialmente llamativo: Santa Fe. Durante julio, la provincia registró 1.525 nuevas demandas, superando incluso a la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo 1.510. Sólo quedó por detrás de la provincia de Buenos Aires, que contabilizó 2.805.
Pero el dato realmente significativo aparece al observar el acumulado. Entre enero y julio, Santa Fe sumó 12.150 juicios, con un crecimiento interanual del 18%, muy por encima del aumento del 2% registrado en el conjunto del país. La diferencia también se dispara cuando se calcula la cantidad de demandas en relación con la cantidad de trabajadores.La proyección para 2026 ubica a Santa Fe en 349 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a 138 cada 10.000 en el promedio nacional.
Es decir, la tasa santafesina es más de dos veces y media superior a la media del país. La provincia de Buenos Aires acumuló 28.666 demandas en los primeros siete meses, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 13.939. El fenómeno santafesino resulta todavía más llamativo porque, según la UART, allí se había creado un Cuerpo de Peritos Oficiales con el objetivo de reducir incentivos a demandas consideradas injustificadas y aportar mayor previsibilidad al sistema.
Los resultados, al menos hasta ahora, no parecen acompañar esa expectativa. En medio de este escenario, la UART destacó especialmente un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 6 de agosto, el máximo tribunal revocó por unanimidad una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso "Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348".
La Cámara había elevado el monto de una condena contra una ART pese a que el trabajador no había apelado la decisión. La Corte consideró que esa resolución había vulnerado el principio de "reformatio in peius", que impide empeorar la situación de una parte que apeló cuando la contraparte no cuestionó la sentencia. Para las aseguradoras, el fallo representa una señal favorable frente a lo que consideran criterios judiciales que incrementan artificialmente los costos del sistema.
La UART también puso el foco en el artículo 89 de la reforma laboral, que establece que los jueces laborales deben alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte Suprema, bajo riesgo de incurrir en mal desempeño. La cámara empresaria sostiene que el sistema de ART tiene un papel central en la prevención de accidentes, la atención de trabajadores y la cobertura de empleadores.
Según sus datos, durante los 30 años de funcionamiento del régimen se habrían evitado 5,1 millones de accidentes laborales y salvado más de 20.000 vidas a partir de las políticas de prevención. Pero la persistencia de la litigiosidad vuelve a poner el foco sobre un problema que la reforma laboral prometió resolver y que, por ahora, sigue lejos de encontrar una solución. El dato es especialmente incómodo para el oficialismo porque la judicialización no está disminuyendo en el sentido esperado. Por el contrario, 2026 podría terminar con más demandas que el año récord de 2025. La respuesta de las aseguradoras vuelve a mirar hacia los tribunales. El Gobierno, por su parte, deberá explicar por qué las modificaciones normativas que presentó como una solución estructural todavía no consiguieron torcer la tendencia.
