La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo cargado de tensión judicial. Esta vez fue Jesica Cirio quien decidió pasar a la ofensiva: pidió que el video en el que se la ve mostrando millones de dólares ocultos en el vestidor de la casa que compartía con el exfuncionario sea excluido de la causa y no pueda ser utilizado como prueba.
El planteo fue presentado por sus abogados, Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, ante el juez federal Luis Armella. En el escrito solicitaron que "se declare la exclusión probatoria del material fílmico publicado por el medio La Nación el 20/06/2026, con la consecuente prohibición de su valoración como elemento de cargo en cualquier estado de la presente causa".
La presentación constituye uno de los principales intentos de la defensa por desactivar una de las pruebas que más impacto provocó desde que la investigación volvió a cobrar impulso. Las imágenes muestran a Cirio recorriendo el vestidor de la vivienda ubicada en el country Fincas de San Vicente, donde convivió con Insaurralde durante su matrimonio.
En la filmación aparecen cajas, cajones, bolsas y hasta una valija repletos de fajos de dólares que, según la investigación, pertenecerían al exfuncionario bonaerense. La difusión del material motivó una serie de medidas judiciales, entre ellas el allanamiento al departamento de Cirio en el barrio porteño de Belgrano, donde actualmente vive junto a su pareja Nicolás Trombino.
Durante ese operativo fueron secuestrados un automóvil, armas, dinero en efectivo, relojes, droga, pendrives y tarjetas de memoria que ahora serán sometidos a diferentes peritajes. El principal objetivo era secuestrar el teléfono celular de la conductora, aunque finalmente fue entregado por sus abogados al día siguiente. La defensa sostiene que el allanamiento fue ordenado únicamente a partir de un video cuya autenticidad todavía no fue demostrada y que, además, habría sido obtenido mediante un supuesto hackeo de sus dispositivos. Los abogados recordaron que el año pasado Cirio denunció haber sido víctima de extorsión y de la difusión ilegal de imágenes privadas.

En ese sentido, fueron contundentes en su presentación. "El Estado ordenó el allanamiento del domicilio de una imputada fundándose en un video que fue obtenido mediante la violación de la propia intimidad de esa imputada, perpetrada por terceros no identificados mediante medios tecnológicos ilícitos. El Estado no investigó el delito sufrido por la Sra. Cirio, lo aprovechó", sostuvieron.
Sin embargo, esa denuncia por extorsión y hackeo terminó archivada por inexistencia de delito. Otro de los argumentos centrales de la defensa apunta a cuestionar la confiabilidad técnica del video. Según plantearon, cuando el juez autorizó el allanamiento todavía no existía ningún análisis pericial que acreditara la autenticidad del archivo.
"El video no fue sometido a pericia alguna. No se determinó su origen técnico, ni su cadena de custodia, ni si fue objeto de alteraciones, ediciones, interpolaciones, solapamientos, cortes o cualquier otra forma de manipulación incluyendo la posibilidad de que haya sido generado, total o parcialmente, mediante herramientas de inteligencia artificial", afirmaron los letrados.
Con esa base solicitaron la nulidad del allanamiento y reclamaron que cualquier medida derivada de ese material también quede sin efecto. "Dicho material es, a la fecha del presente planteo, el único elemento novedoso que motivó la reapertura de medidas sobre la Sra. Cirio en el marco de esta investigación. Su exclusión priva de sustento a todos los actos que de él se deriven, incluyendo cualquier eventual indagatoria, procesamiento o medida cautelar que en él se funde", sostuvieron.

Lejos de cerrar el expediente, la Justicia decidió avanzar con nuevas medidas para determinar si las imágenes son reales. Entre ellas se encuentra un peritaje destinado a establecer cuándo y dónde fue grabado el video, además de intentar calcular la cantidad de dinero que aparece en la filmación. También se realizará una inspección ocular en la vivienda de San Vicente que perteneció a Insaurralde para comprobar si el vestidor coincide con el que aparece en las imágenes.
En paralelo, el fiscal Sergio Mola impulsó una serie de testimoniales de personas que conocieron esa propiedad y que podrían confirmar si el ambiente fue posteriormente modificado. Como parte de esas diligencias, Gendarmería allanó este lunes la casa de Nordelta donde Cirio vivió posteriormente junto a Elías Piccirillo. El operativo buscaba determinar si ese vestidor era el que aparecía en el video. El resultado fue negativo.
Los investigadores concluyeron que ambos ambientes son claramente diferentes y los perros rastreadores tampoco detectaron dinero oculto en la propiedad. De esa manera, la hipótesis principal volvió a concentrarse sobre la vivienda de San Vicente. Mientras la investigación continúa acumulando pruebas, el juez Luis Armella rechazó, por ahora, el pedido del fiscal Sergio Mola para detener tanto a Martín Insaurralde como a Jesica Cirio.

Tampoco hizo lugar, por el momento, a la solicitud para citarlos a declaración indagatoria, al considerar que todavía resta incorporar un peritaje contable clave para evaluar la evolución patrimonial de los imputados. No obstante, sí resolvió imponer restricciones para evitar cualquier posible entorpecimiento de la causa. Insaurralde, Cirio y también Sofía Clerici tienen prohibido salir del país, no podrán permanecer más de 24 horas fuera de sus domicilios declarados y tampoco alejarse más de 50 kilómetros de esas viviendas sin autorización judicial.

