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El Gobierno de Javier Milei amplió el Presupuesto 2026 en más de 4 billones de pesos mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), una medida que incluye un fuerte incremento de los fondos destinados a las universidades nacionales y representa el primer paso para cumplir con la cautelar judicial que obliga al Ejecutivo a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo.
La reasignación presupuestaria contempla $1,33 billones para el programa de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Capital Humano. De ese monto, el 98% será destinado a transferencias para las universidades nacionales, mientras que el resto financiará becas estudiantiles. Los recursos provendrán del Tesoro Nacional. La decisión llega luego de que la Corte Suprema dejara firme la cautelar que ordena garantizar el pago de los salarios de docentes y no docentes, además de las becas.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la incorporación de los créditos presupuestarios no implica un desembolso inmediato, ya que la distribución de los fondos podría concretarse en cualquier momento hasta el 31 de diciembre. Según estiman los rectores, la recomposición salarial pendiente ronda el 25%, tras los aumentos acordados en mayo y el previsto para octubre. La actualización busca revertir parte de la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron docentes y no docentes universitarios frente a la inflación.
El decreto también incluye otras modificaciones presupuestarias. Entre ellas, un refuerzo de $49.261 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), además de incrementos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, el sistema de Salud y el Poder Legislativo. En contrapartida, el mayor ajuste recayó sobre las empresas públicas del sector energético. Energía Argentina (ENARSA) perderá $238.395 millones en transferencias corrientes, mientras que Nucleoeléctrica Argentina (NASA) verá reducidas sus transferencias de capital en $65.000 millones, concentrando la mayor parte de los recortes previstos en el decreto.
