Acumula tropiezo
La Libertad Avanza volvió a chocar contra la misma pared. Por cuarta vez, el Gobierno tuvo que postergar en el Senado el debate de la ley de propiedad privada porque no consiguió los votos para avanzar con la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La propuesta recibió 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención. Una salida prolija en los papeles, pero que volvió a dejar al descubierto la falta de músculo político del oficialismo en la Cámara alta.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, ya es una especie de expediente maldito para el Gobierno. Desde marzo, Bullrich no logra aprobar una ley que la administración central considera prioritaria, salvo la excepción del pago a dos fondos buitre. El oficialismo insiste, negocia, apura dictámenes y después termina retrocediendo cuando llega la hora de contar los votos.
Desde el mediodía ya circulaban versiones sobre la postergación. El oficialismo no lograba cerrar las voluntades necesarias para aprobar los artículos más polémicos, vinculados con la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros. La reforma busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente. Entre otras cuestiones, contempla cambios en expropiaciones, desalojos -que pasarían de 5 a 20 días- y el manejo del fuego, con la eliminación de restricciones que durante décadas impidieron movimientos sobre tierras afectadas por incendios. Pero el punto que más resistencia generó fue la venta de tierras rurales a extranjeros. La ley vigente establece restricciones y limita la adquisición a unas 1.000 hectáreas. El oficialismo pretende desarmar buena parte de ese esquema.
El decimoquinto borrador planteaba: "Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional". También se contemplaban disposiciones para zonas de frontera, un tema especialmente sensible para varias provincias.
El nuevo traspié expone, una vez más, la mala praxis política del oficialismo en el Senado. La iniciativa fue empujada a los ponchazos y terminó generando una grieta incluso entre los sectores aliados que habitualmente acompañan al Gobierno. La situación llegó a tal punto que varias bancadas dialoguistas se hartaron del manejo del proyecto. Y el desgaste no es un detalle menor: el oficialismo necesita de esos mismos sectores para sostener cualquier eventual avance en Diputados.
La fecha elegida para la nueva postergación tampoco es casual. El 6 de agosto ya estaba pactado como fecha de sesión. La semana pasada, cuando se dejó fijado el encuentro de este jueves en Labor Parlamentaria, la propia Bullrich había informado que para agosto quedaba una reunión prevista. La lectura política fue inmediata: una especie de "blindaje" para mostrar actividad parlamentaria y evitar que el receso invernal dejara en evidencia que la iniciativa seguía sin votos. Ahora, ese flojo premio consuelo terminó convertido en la nueva fecha para intentar destrabar un proyecto que el Gobierno no logra sacar del pantano.
En medio del retroceso, el Senado aprobó 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. Entre los nombramientos judiciales se destacó la prórroga por cinco años del pliego del camarista Víctor Pesino, quien había dado un guiño a la reforma laboral libertaria. Si no se votaba, Pesino no podía continuar en el cargo porque cumple 75 años el próximo 27 de julio. También se destrabaron los ascensos en el servicio exterior que estaban trabados en la Cancillería que conduce Pablo Quirno. Es decir, el Gobierno logró avanzar con los temas que tenía votos para aprobar. El problema fue, justamente, el proyecto que había convertido en una de sus banderas de desregulación.
El conflicto con la ley de propiedad privada se arrastra desde fines de mayo, cuando Bullrich apuró un dictamen que luego terminó prácticamente dinamitado. Antes de firmarlo, el oficialismo ya había eliminado el capítulo relacionado con los barrios populares. También se quitó el concepto de "silencio administrativo", otro de los puntos que había generado cuestionamientos. Ahora, para el 6 de agosto, el interbloque de LLA pretende sumar al temario la denominada ley "Hojarasca", que ya fue aprobada por Diputados y está a tiro de convertirse en ley.
