Bajo su control
Mientras las investigaciones sobre el patrimonio y los presuntos casos de corrupción que rodean a Manuel Adorni siguen acumulando presión política y judicial, el Gobierno de Javier Milei encontró una nueva fórmula para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto en el Congreso. La estrategia no apunta a despejar las sospechas ni a acelerar explicaciones públicas, sino a ganar tiempo.
Con un acuerdo cerrado entre La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical, el oficialismo logró desactivar parcialmente la ofensiva opositora que buscaba sesionar este martes en la Cámara de Diputados para avanzar con proyectos de interpelación y hasta una eventual moción de censura contra Adorni. La jugada consiste en trasladar el debate a la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocada para el próximo 30 de junio. De esta manera, el oficialismo consigue varios objetivos simultáneos: evita una sesión incómoda en el recinto, diluye los tiempos políticos y deja la discusión bajo la órbita de comisiones controladas por el propio espacio gobernante.
Detrás de la maniobra aparece una lógica evidente. Mientras una sesión especial podía derivar en una fuerte exposición pública del caso y obligar a los bloques aliados a tomar posición, el tratamiento en comisión permite administrar los tiempos, regular el ritmo de las discusiones y decidir cuántos invitados, informes o pruebas se incorporan al expediente parlamentario. La propia explicación que circula entre los aliados del Gobierno deja poco margen para las interpretaciones.
Desde el PRO admitieron que la convocatoria a comisión vuelve "innecesaria" la sesión especial pedida por la oposición. En otras palabras, el objetivo central parece ser evitar que el tema llegue al recinto en un momento donde el oficialismo no tiene garantizado el control político de la situación. La preocupación de la Casa Rosada no es menor. Los sectores más duros de la oposición aseguran que estaban a pocos votos de alcanzar el quórum necesario para abrir la sesión y comenzar a debatir formalmente los proyectos contra Adorni. Por eso las negociaciones encabezadas por Martín Menem con referentes del PRO y de la UCR se volvieron decisivas durante las últimas horas.
La estrategia también tiene una segunda finalidad: despejar el camino para que el Congreso trate iniciativas prioritarias para el Gobierno, como el denominado Súper RIGI y el proyecto vinculado al acuerdo con los holdouts, una norma que el oficialismo necesita aprobar antes del vencimiento de plazos vinculados a un fallo de la Justicia estadounidense. Sin embargo, la decisión de derivar el caso Adorni a comisión fue interpretada por gran parte de la oposición como una maniobra dilatoria.
Uno de los primeros en reaccionar fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien acusó al oficialismo de intentar bloquear los mecanismos de control institucional previstos en la Constitución. "La creatividad del oficialismo para violar la Constitución no tiene límites", sostuvo el diputado. Según Ferraro, el Gobierno busca impedir que el Congreso ejerza su facultad de control político sobre el jefe de Gabinete mediante obstáculos reglamentarios y demoras procedimentales.
En la misma línea se expresó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien calificó la convocatoria a comisión como "otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni" y ratificó la intención de la oposición de avanzar igualmente con la sesión especial convocada para este martes. Cabe destacar que durante las últimas semanas hubo diferencias sobre cómo afrontar el caso Adorni dentro del oficialismo. Mientras algunos sectores entendían que el jefe de Gabinete debía enfrentar rápidamente las acusaciones para evitar un desgaste prolongado, otros apostaron por una estrategia de contención y dilación que finalmente terminó imponiéndose.
Incluso dentro de los bloques aliados aparecen señales de incomodidad. Referentes del PRO y del radicalismo reconocen en privado que la continuidad política de Adorni dependerá en gran medida de que no aparezcan nuevas revelaciones sobre su patrimonio o nuevos elementos en las investigaciones judiciales. La frase que circula en los pasillos del Congreso resume el clima actual: el Gobierno ganó tiempo, pero no resolvió el problema. Por ahora, la apuesta de la Casa Rosada es clara. Llevar la discusión a un terreno donde pueda controlar el ritmo del debate, evitar una derrota parlamentaria y esperar que el desgaste político se diluya con el paso de las semanas. La oposición, en cambio, busca convertir cada demora en una nueva prueba de que el oficialismo intenta proteger a uno de sus funcionarios más cuestionados.
