04 Junio de 2025 13:09

¡Casta, casta, casta! La palabra que usaron Javier Milei y Victoria Villarruel con la que describen a los y las funcionarias públicas del Estado a quienes describen como "lo peor" de la Argentina, resultó describirlos a la perfección. Ni bien tomaron el poder, el presidente y su vicepresidenta lograron ser un Frankenstein de la política argentina que no sólo combina lo peor de las maniobras de quienes están atornillados al poder sino que además sumaron peligrosos detalles que ahora se sacaron a la luz.
Fue durante el programa Argenzuela donde se puso la lupa a la cantidad de contrataciones de la Villarruel para cuidarle sus espaldas y no sólo a ella sino también a quienes más quiere: María de las Mercedes Torres, una de las tres hermanas tucumanas hijas de Fernando Torres, condenado a prisión perpetua por estar implicado en tareas de inteligencia durante el Operativo Independencia. Torres, era oficial de inteligencia del Destacamento 142 y operaba en la escuelita de Famaillá, uno de los primeros centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar.

Cada vez que visita a Merceditas, las inmediaciones se llenan de policías "de calle" contratados por el Estado y llegan dos autos: que trasladan a la mismísima Villarruel y siete personas de seguridad en dos vehículos. Esta locación está, ni más ni menos, que detrás de la sede central del Automóvil Club Argentino.
Si esta primera información ya hiela los huesos de cualquiera, la espectacularización de la siguiente información podría no ser apta para cardíacos: Villarruel parece estar demasiado preocupada -casi paranoica- en cuanto a su seguridad personal. Es por eso que montó un sistema de inteligencia que comandan ex militares que de una u otra manera estuvieron involucrados en hechos delictivos en la dictadura del '76.

Si bien Villarruel ni pincha ni corta en las decisiones del gobierno libertario, lo cierto es que estuvo todo este tiempo pergeñando una especie de brigada paralela para protegerse que cuenta con militares como Claudio Gallardo quien en sus años de más reconocimiento trabajó como jefe del área de Inteligencia de César Milani. Claro está que Gallardo no está en la nómina de empleados del Senado, ni mucho menos; es por eso que se habla de tareas paramilitares para resguardar a Villarruel.
En la investigación que destapó el periodista Mauro Federico, salen a la luz detalles no menores sobre la pormenorizada inteligencia y controles que se realizan en cuanto a la vigilar quiénes se pueden acercar a la vicepresidenta de la Nación: hay 12 monitores que son los ojos de los militares retirados para precisar la identidad de cada persona que se acerca a la Villarruel.

En caso de no especificar para qué o quiénes son los visitantes, entran a jugar las viejas tácticas de interrogación militar que tanto Gallardo como Milani conocen: careos e intimidaciones psicológicas ante quienes no quieren hablar hasta que se quiebran, lloran y confiesan los motivos de las visitas.
Ahora bien, Gallardo tiene autorización para hacer compras millonarias: más de 500 millones se gastaron en lo que va de la gestión para adquisiciones que tienen que ver con el dispositivo de seguridad para Villarruel. Finalmente, parecía que sí hay plata.

Pero Milani y Gallardo no son los únicos milicos vilalrruelines: juegan como fuicha de seguridad propia Juan Manuel Gestoso Presas que tiene causas por alteración de documentos de la última dictadura militar, Jorge Eduardo Lenard Vives, más conocido como Jorge Vives y Carlos Olivelli ahora subdirector de Seguridad. Todos y cada uno de estos personajes son militares ya retirados e implicados en causas en mayor o menor medida vinculados a la dictadura del '76... Buenos muchachos.
Pero... ¡puede haber más! Villarruel dictaminó la vigilancia a través de la Dirección de Automotores. Es decir que los choferes están obligados a anotar dónde van los funcionarios como Senadores pero también con quiénes se ven, por cuánto tiempo y de qué hablan cuando van en los autos y con quién hablan lo que hablan. Ni más ni menos que lo que se conoce como inteligencia interna.

Entre los villarruelines también aparece el nombre de Julio Alberto García, Director General de Asuntos Jurídicos que convalida toda la movida de los caprichitos de Villarruel junto a su séquito de retirado militares. A García lo echaron de la Procuración del Tesoro por una sanción disciplinaria a raíz de una auditoría interna porque llevaba prácticas "ligadas a acciones corruptas" y ahora lo contrató la vicepresidenta de Milei para que sea Jefe del Despacho de Legales.
Ahora bien, hay una villarruelina que no puede pasar desapercibida. Se trata de la Directora General de Recursos Humanos, Alejandra Figini que cruzó todos los límites de la Ley de Ética Pública: tiene 900 empleados directos. Sí, 900 personas que cobran salarios mayores a un millón de pesos por mes y sólo recurren a sus puestos de trabajo tres veces a la semana.

Figini usa la viveza criolla como ninguna: además de su puesto en el Senado, tiene una consultora de nombre Alfa desde donde contrata personal para el recinto. Sin embargo, algo llama todavía más la atención: a todos esos puestos se le suman contratos para cinco ahijados de bautismo de Victoria Villarruel, 20 hijos y familiares de genocidas, tres amigas de la infancia de la vice y algunos de Figgini. Si esto no es la casta... ¿qué es entonces la casta?