Vaciamiento e indiferencia
por Alejo Paredes
29 Mayo de 2025 11:42
Una vez más, las veredas del Congreso de la Nación fueron el escenario del grito desesperado de quienes ya no tienen margen para resistir. Este jueves, cientos de personas con discapacidad, familiares, trabajadores y trabajadoras del sector marcharon en todo el país -principalmente en la Ciudad de Buenos Aires- en defensa de derechos que hoy penden de un hilo. Ya no reclaman por mejoras: exigen no desaparecer del sistema. En la Argentina de Javier Milei, la discapacidad se convirtió en variable de ajuste y el Estado en agente de abandono. La consigna que se repitió en carteles y discursos fue clara: "No es un paro, es un límite".
Un límite al maltrato estructural, al vaciamiento progresivo de un sistema que ya venía golpeado, pero que hoy directamente agoniza. El punto central del reclamo fue la urgente necesidad de que la Cámara de Diputados trate el próximo 4 de junio la Ley de Emergencia en Discapacidad, un proyecto que busca garantizar recursos hasta fines de 2027. Pero la protesta excede un proyecto de ley. Es la expresión de un dolor colectivo por un Estado que decidió desentenderse de los más vulnerables.
El gobierno nacional, lejos de empatizar, respondió con hostilidad. A través de un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expresó su "enérgico rechazo" al proyecto de ley, calificándolo de "regresivo" y "asistencialista". Con una frialdad burocrática que indigna, desestimaron el clamor de miles de personas reales que están perdiendo terapias, trabajos y salud. Peor aún: en informes oficiales, desde el mismo aparato estatal se recurrió a términos aberrantes y obsoletos como "idiota" o "imbécil" para referirse a beneficiarios de prestaciones. Una muestra brutal de ignorancia y desprecio.
Desde diciembre, los efectos del ajuste son devastadores. Las pensiones no contributivas están siendo recortadas a través de auditorías discrecionales que no sólo quitan ingresos, sino que dejan a personas sin obra social, sin tratamientos médicos, sin movilidad y sin ningún tipo de contención. Son miles los que hoy están, literalmente, a la intemperie.
Por otro lado, los prestadores de servicios -psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos- están atravesando una crisis terminal. Trabajan sin certezas de cobro, con honorarios congelados desde diciembre (con un aumento del 0,5% en medio de una inmensa inflación), y pagos que pueden demorarse hasta 120 días. Algunos centros de atención ya cerraron. Otros sobreviven como pueden, pero no saben hasta cuándo.
Ya no pelean por mejoras: luchan por no desaparecer. La situación es tan crítica que las prestaciones de este año no están garantizadas. A partir de octubre, reina la incertidumbre total. El desfasaje entre lo que se paga y lo que cuesta prestar un servicio roza el 73%, lo que vuelve inviable sostener la atención. Las obras sociales provinciales, como el IPS, pagan aún menos que Nación y con demoras que exasperan a familias y profesionales. El mensaje es claro: la discapacidad no es una prioridad.
Los testimonios que surgen desde los centros terapéuticos son estremecedores. Profesionales que ya no pueden pagar el alquiler de sus consultorios, que se endeudan para seguir asistiendo a pacientes, que contienen a madres y padres llorando porque sus hijos quedaron sin terapias. Que se enferman por sostener un trabajo esencial sin ningún tipo de respaldo. "No estudié para hacer paro", decía un cartel hoy en la marcha. Pero el silencio se volvió insoportable.
Desde el Gobierno se insiste en que se está cambiando de paradigma. Pero lo que ocurre no es un cambio: es un vaciamiento sistemático, un plan de desmantelamiento que vulnera derechos humanos básicos. No hay inclusión posible en un contexto donde se arrasa con los recursos, se criminaliza la necesidad y se desprecia a quienes trabajan por los demás. Durante la movilización, los carteles hablaron por sí solos: "Ley de emergencia en discapacidad ya", "Que el individualismo y los privilegios no te nublen la empatía", "Vocación sin dignidad no es vocación" y "Defendemos el derecho a la salud de los pacientes".
No son frases vacías, son gritos de auxilio Mientras el oficialismo celebra equilibrios fiscales construidos sobre los escombros del tejido social, quienes trabajan con y por las personas con discapacidad deben elegir entre continuar o quebrarse. En el medio, quedan niños, jóvenes y adultos que pierden terapias irremplazables. No es una metáfora: se están quedando solos. Argentina atraviesa una de sus etapas más oscuras en materia de derechos sociales. La movilización de este jueves es una advertencia: hay sectores que ya no pueden esperar. No por capricho, sino porque su supervivencia está en juego. La Ley de Emergencia en Discapacidad es, hoy, una tabla de salvación. Ignorarla será otra decisión política. Pero esta vez, el costo humano será imposible de ocultar.
