Tensión ambiental
27 Febrero de 2026 10:21
El Senado convirtió en campo de batalla el mapa blanco de la cordillera. Con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, el oficialismo consiguió media sanción para la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La escena ahora se traslada a Diputados, donde la discusión promete ser aún más áspera. Desde los palcos celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario Eduardo Menem. El Gobierno celebrando una flexibilización ambiental largamente reclamada por provincias mineras.
El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, redefine el alcance de las zonas protegidas y habilita la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que hasta ahora estaban blindadas. El sanjuanino libertario Bruno Olivera fue uno de los primeros en defender la reforma. Aseguró que el texto "no deroga la protección de glaciares" y que busca terminar con la "ambigüedad jurídica" de la normativa vigente. Pero fue más allá. Cuestionó que hoy se proteja "absolutamente todo lo que no es agua" y sostuvo que se equipara una geoforma con función hídrica con "una roca congelada a 4.000 metros de altura que no tiene ninguna injerencia hídrica".
La frase encendió el recinto. En la misma línea, el senador libertario rionegrino Enzo Paolo Fullone profundizó la polémica: habló de glaciares que son "rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico". El argumento central del oficialismo es técnico y económico a la vez. "Si la ciencia demuestra que da un recurso hídrico, es intocable. Ahora, si demuestra que es una roca petrificada que no aporta ningún recurso hídrico, ¿por qué no vamos a realizar una actividad ahí?", planteó Olivera. La reforma introduce una distinción clave: no todo el territorio periglaciar quedará protegido.
En ese sentido, remarca que únicamente aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable como "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas" serán resguardadas. La ley actual, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados, roca y sedimentos. Son ecosistemas de alta montaña que actúan como reservorios de agua dulce y reguladores del equilibrio hídrico.Con la modificación, se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares.
Sin embargo, se se abre la puerta en áreas periglaciares que no tengan función hídrica fehaciente. El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía. El organismo deberá individualizar glaciares y diferenciar, dentro de las formas periglaciares, cuáles cumplen función hídrica y cuáles no. Para el oficialismo, se trata de "armonizar" protección ambiental con desarrollo productivo y devolver a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales.
Todo esto en línea con el artículo 124 de la Constitución. Para los críticos, es un corrimiento peligroso del límite. Fullone defendió la minería como motor de desarrollo: sostuvo que puede convertirse en "un segundo campo" para la Argentina, generando empleo y exportaciones de cobre, litio, oro y plata. "Es ilógico que sigamos pensando que la minería no va a generar desarrollo local y provincial", afirmó antes de votar afirmativamente. Cabe destacar que el senador rionegrino, empresario y de escasa trayectoria política previa, asumió en 2025 en reemplazo de Lorena Villaverde, cuya asunción fue bloqueada por la oposición por antecedentes judiciales en Estados Unidos. Cercano al presidente Javier Milei, Fullone ya había anticipado que respaldaría las reformas orientadas a la desregulación y la reducción del rol estatal.
Su llegada al Senado y su voto en este debate condensan el nuevo perfil del oficialismo: empresarios devenidos legisladores, con un discurso frontal contra lo que consideran "excesos regulatorios". La aprobación fue el cumplimiento de un compromiso asumido con gobernadores cordilleranos que reclaman una legislación "más dinámica" para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Lo cierto es que mientras el oficialismo celebra una victoria legislativa, ambientalistas advierten que el criterio de "función hídrica comprobable" podría subestimar procesos ecológicos complejos y de largo plazo.
