Denuncias de "ilegalidad"
10 Abril de 2026 07:42
En una postal que condensa el conflicto entre el sistema científico-educativo y el Gobierno nacional, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajadores de la ciencia trasladarán este viernes sus actividades a Plaza de Mayo. Clases públicas, charlas abiertas y una feria de ciencias frente a Casa Rosada buscarán exponer lo que definen como un proceso de ajuste y desfinanciamiento que ya muestra consecuencias concretas: salarios en mínimos históricos, renuncias masivas y estructuras en riesgo.
La medida, impulsada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) junto a ATE CONICET y otros sindicatos, tiene un reclamo central: la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma establece un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, en línea con la inflación acumulada desde diciembre de 2023, pero el Gobierno aún no la implementó. Desde el gremio docente no dudan en calificar la situación como irregular. "Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento".
Además, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, denunció: "La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo". La acusación no es menor: la ley fue votada en cuatro oportunidades por el Congreso -dos antes del veto presidencial y dos para su ratificación- y, además, cuenta con un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ordenó su aplicación inmediata. Aun así, el Ejecutivo mantiene su negativa, profundizando un conflicto que ya excede lo salarial y se instala en el terreno institucional.
En ese contexto, Carboni advirtió que los sueldos "están en los mínimos históricos" y que, por ese motivo, los docentes "renuncian o buscan completar sus ingresos" con otros empleos. La consecuencia directa, señalan, es el deterioro del funcionamiento académico: menos docentes, mayor sobrecarga laboral y una calidad educativa en riesgo. La jornada de este viernes, que se extenderá de 10 a 17 bajo la consigna "¡Si hay miseria que se note!", no será un hecho aislado ni circunscripto a la Ciudad de Buenos Aires. Habrá réplicas en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Puerto Madryn, Posadas y Santiago del Estero.
De hecho, los organizadores describen esta jornada como una respuesta federal a una crisis estructural. El reclamo también articula con otros focos de conflicto dentro del sector público. Uno de los casos más recientes es el del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde trabajadores denunciaron un plan de 240 despidos -130 en estaciones meteorológicas y 110 en la sede central-, lo que derivó en paros y protestas.
Según advierten, el recorte no solo afecta a los empleados, sino también la capacidad operativa de un organismo clave para la prevención de riesgos climáticos. En paralelo, investigadores y técnicos del sistema científico alertan sobre una caída sostenida del financiamiento y una pérdida salarial que supera el 40% en términos reales. La combinación de ajuste presupuestario, despidos y deterioro de ingresos configura, según los gremios, un escenario de "vaciamiento del sistema científico-tecnológico".
La protesta en Plaza de Mayo buscará, justamente, romper el cerco técnico del debate y trasladarlo a la sociedad. Con la participación de referentes como Adriana Serquis, Alberto Kornblihtt y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la jornada combinará divulgación científica con denuncia política, en un intento por mostrar que lo que está en juego no es solo el salario de un sector, sino el futuro de la educación pública y la producción de conocimiento en la Argentina. "La Plaza de Mayo será un aula abierta porque el gobierno ha decidido colocarse fuera de la ley", remarcó Carboni, en una frase que resumeel tono del conflicto.
