07 Agosto de 2025 15:03
A contramano del discurso oficial que promete una "desinflación sólida" y un rumbo económico bajo control, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en julio y encendió una señal de alerta. Con un incremento del 2,5% -por encima del 2,1% de junio y de las proyecciones privadas para el promedio nacional- el dato difundido por el Instituto de Estadística porteño refleja que el alivio de precios que el gobierno nacional agita como bandera tiene pies de barro.

El dato no es anecdótico. Acumulada, la inflación en la Ciudad ya trepa al 18,1% en apenas siete meses, y se estira al 40,9% en la comparación interanual. Y lo más preocupante: el motor de esta nueva suba no fue la inercia de los precios de bienes, sino el alza de los servicios, los gastos regulados y los estacionales, que golpean de lleno a los bolsillos de las clases medias y trabajadoras. Lejos de un repunte de la actividad o de una mejora salarial, el alza del 3,3% en los servicios (más del doble que los bienes, que subieron solo 1,2%) muestra que el supuesto orden macroeconómico tiene consecuencias directas y regresivas.
El rubro más afectado fue restaurantes y hoteles, con una suba del 5,3%. Aunque el gobierno nacional festeje la "reactivación turística", lo cierto es que los precios de las vacaciones de invierno barrieron con el bolsillo familiar: alojamiento, paquetes turísticos y comidas fuera del hogar se encarecieron notablemente, como también lo hicieron el transporte (+3,6%) y el rubro de recreación y cultura (+3,6%). Todos lujos, o mejor dicho, necesidades disfrazadas de privilegios, que se alejan cada vez más de las posibilidades de una población empobrecida.

También se dispararon los gastos de vivienda, con un aumento del 2,3% vinculado a la suba de alquileres y expensas, en un contexto donde el gobierno nacional eliminó toda regulación al mercado inmobiliario. El resultado: familias que viven con miedo de no poder renovar su contrato o de enfrentar aumentos imposibles de afrontar. La medicina prepaga, por su parte, aumentó 1,8%, mientras que la educación privada se encareció otro 2%. El "costo de vivir" sigue creciendo sin tregua.
Aunque algunos economistas oficialistas se apuran a destacar que la inflación núcleo se desaceleró (1,9% frente al 2,4% del mes anterior), esa cifra esconde una realidad mucho más cruda: el grueso de los aumentos se concentra en precios que no se pueden evitar. No es lo mismo una suba en electrodomésticos que un incremento en la prepaga, el transporte o el alquiler. Y mientras los bienes treparon un modesto 1,2%, los servicios ya acumulan un 21,8% de aumento en el año, muy por encima del 12,5% de los bienes. El ajuste, una vez más, recae sobre quienes menos margen tienen.

En términos estacionales, el aumento fue de un alarmante 9%. Vacaciones de invierno, pasajes aéreos y turismo interno fueron los grandes culpables, pero también los síntomas de una economía cada vez más dual: quienes pueden, gastan más. Quienes no pueden, se resignan. La brecha se ensancha, mientras la "libertad" de mercado castiga a quienes no tienen cómo competir. Mientras tanto, desde el Gobierno nacional insisten en que la economía está "saliendo del infierno", aunque los datos muestran que cada mes cuesta más simplemente sostenerse. Si la inflación sigue encontrando impulso en servicios básicos y en los precios regulados, lo que se consolida no es la estabilidad, sino una nueva forma de desigualdad: la de una economía que baja la inflación a costa del empobrecimiento generalizado.

