Batalla abierta
09 Diciembre de 2025 09:12
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización al Congreso este martes, en un abierto desafío al Gobierno de Javier Milei y a su proyecto de reforma laboral, que comenzará a discutirse en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre. Lejos de abrir canales de diálogo, el Ejecutivo respondió con una advertencia: todos los estatales que adhieran a la medida sufrirán el descuento del día.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, fue contundente al describir el espíritu del proyecto oficial: "Pretenden que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones". Según el dirigente, las modificaciones impulsadas por La Libertad Avanza van mucho más allá de una supuesta "modernización" del empleo: configuran un proceso de flexibilización que habilitaría, incluso, prácticas como obligar a los trabajadores a renunciar para recontratarlos bajo condiciones más precarias.
El paro de ATE se inscribe directamente en la agenda legislativa del oficialismo, que en el temario de extraordinarias incluyó tanto la reforma laboral como una reforma del Código Penal. Catalano advirtió que ambas iniciativas refuerzan una estrategia gubernamental de endurecimiento y control: "No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal". Mientras el Gobierno apura reformas a contrarreloj, los trabajadores denuncian un clima de persecución. El propio Ministerio de Seguridad denunció penalmente semanas atrás al secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, acusándolo de "atentar contra el orden constitucional".
Todo esto por sus críticas al ajuste estatal. Lejos de amedrentarse, Aguiar replicó que la reforma que impulsa el oficialismo es "un disciplinamiento de la fuerza de trabajo" y que su única finalidad es "quitar derechos". En su pliego de reclamos, ATE exige la reapertura de paritarias, aumentos de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y la restitución de los fondos adeudados a las provincias. También rechaza el plan oficial para recortar un 10% del personal en organismos públicos y alerta sobre el impacto en áreas estratégicas como INDEC, CONICET, ANSES, INTI, INTA, ENARGAS, ENRE o la Oficina Anticorrupción.
El documento difundido por el gremio denuncia que la reforma laboral habilitaría "despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva", en un contexto de fuerte recesión, subempleo y caída del salario real. Además, remarca el carácter regresivo de estas medidas, que -según sostienen- favorecerán a "grandes empresas y multinacionales" mientras dejan a los trabajadores a merced del mercado. La preocupación también alcanza al sector salud.
Catalano rechazó las versiones que hablan de sanciones o procesamientos a médicos que participen de paros. "No hay antecedentes en la Argentina de que alguien se haya muerto por abandono de los médicos", afirmó, y recordó que durante las huelgas "se atienden guardias, pisos y cirugías que no pueden reprogramarse". A pesar de la magnitud del conflicto, la adhesión nacional al paro aún es incierta. Por el momento, ATE es el único gremio que convocó formalmente y no se espera que el transporte público adhiera a la protesta. Sin embargo, el sindicalismo ya comenzó a articular acciones conjuntas: las CTA de Hugo Yasky y Hugo Godoy dialogan con la CGT para coordinar medidas, aunque Catalano aclaró que la protesta de este martes se realizará "independientemente" de cualquier decisión de la central obrera.
