"Fuimos como cualquier hijo de vecino": la defensa de los Caputo boys frente a la polémica de los créditos hipotecarios

En medio de una Argentina donde acceder a una vivienda propia se volvió una quimera para amplios sectores sociales, la revelación de que funcionarios del área económica accedieron a millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación encendió una polémica que el propio Gobierno intenta desactivar con argumentos técnicos, pero que no logra disipar el malestar de fondo: la percepción de privilegio. Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), salieron a defenderse públicamente luego de que se conocieran los préstamos que ambos obtuvieron. 

El eje de su descargo fue claro y repetido: negar cualquier irregularidad. "No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo", remarcó Núñez, en declaraciones al canal de streaming oficialista Carajo, donde además comparte programa con el propio Furiase. La frase, sin embargo, abre más interrogantes de los que cierra. 

En un contexto en el que el crédito hipotecario sigue siendo inaccesible para la mayoría de la población -producto de ingresos deteriorados, inflación persistente y condiciones restrictivas-, la idea de que altos funcionarios puedan ser "cualquier hijo de vecino" parece, cuanto menos, discutible. Núñez profundizó su defensa: "Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y lo más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años". En esa línea, insistió en que no hubo trato preferencial y que eligieron el Banco Nación porque allí perciben sus salarios.

Además, buscó relativizar el impacto del caso al señalar que "los funcionarios fueron solamente menos del 0,2% de la cantidad que se dio", en referencia a los 27.000 créditos hipotecarios otorgados por la entidad. Pero el problema no parece ser estadístico sino simbólico. Mientras millones de argentinos quedan afuera del sistema financiero formal o directamente no califican para un crédito, la presencia de funcionarios, legisladores y altos cargos en la lista de beneficiarios instala una sospecha persistente sobre los mecanismos reales de acceso.

Furiase, por su parte, intentó despejar otra de las críticas: la acumulación de propiedades. El periodista Alejandro Bercovich reveló que Furiase accedió a un crédito superior a los 300 millones de pesos para adquirir una propiedad de U$S 300.000 en un barrio privado. "Lo más grave del caso es que no se trata ni siquiera de una segunda vivienda, sino de una tercera". Según la investigación periodística, Furiase ya contaba con otras dos propiedades en Ramos Mejía y además poseía otro crédito hipotecario con el Banco Ciudad.   "Tomé un crédito en el Banco Nación para la compra de una segunda vivienda a una tasa más alta", se defendió Furiase.

Y agregó: "Eso de la tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33 por ciento. No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010". Los números, sin embargo, siguen siendo elocuentes: Furiase accedió a un crédito de 367 millones de pesos (unos 280 mil dólares), mientras que Núñez obtuvo 373 millones (alrededor de 315 mil dólares). Montos que, para la enorme mayoría de los trabajadores, resultan inalcanzables incluso en condiciones ideales. La polémica se amplía al conocerse que no fueron casos aislados. 

También accedieron a estos créditos legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, además de funcionarios como Juan Pablo Carreira, Sharif Menem, Guillermo Madero, Emiliano Mongilardi y Leandro Massaccesi. Lejos de tomar distancia, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó abiertamente la situación: "Los tomaron por recomendación mía", afirmó, para luego insistir en que "no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral".  Incluso fue más allá: "Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito". El presidente Javier Milei también se alineó en la defensa, reforzando la idea de que no existió irregularidad alguna en el proceso.