Enfermarse costará más
12 Febrero de 2026 13:07
La reforma laboral del Gobierno consiguió media sanción en el Senado y ahora desembarca en Diputados con un eje claro: reducir el costo empresario trasladando parte del riesgo al trabajador y al sistema previsional. La pieza central es el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo pensado para cubrir indemnizaciones por despido. La lógica oficial es simple: el empleador aporta mensualmente y, cuando llega el despido, el fondo paga. En la práctica, cambia la naturaleza del vínculo laboral.
El objetivo declarado del FAL es "asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales". Es decir: la indemnización deja de ser una contingencia exclusiva del empleador y pasa a ser un costo prefinanciado. El sistema funcionará con cuentas individuales administradas por entidades privadas habilitadas por la CNV. Serán inembargables y solo podrán utilizarse ante extinción del vínculo laboral.
No será un seguro de desempleo ni un respaldo al trabajador: solo cubrirá despido sin causa, mutuo acuerdo o muerte. El propio esquema lo reconoce: ante renuncia o jubilación, los fondos "no se los queda nadie", se diluyen en un fondo común. Además, el Estado no garantiza su suficiencia. La responsabilidad por pagar seguirá siendo del empleador, aun si el fondo resulta insuficiente. La reforma no elimina el conflicto judicial ni la incertidumbre: simplemente redistribuye quién acumula el dinero y cuándo.
El financiamiento se hará con aportes obligatorios: 1% del salario bruto para grandes empresas y 2,5% para PyMEs, con posibilidad de subirlos a 1,5% y 3%. El problema es de dónde sale esa plata. El diputado Guillermo Michel calculó que el mecanismo implicaría un desfinanciamiento anual de 3.000 millones de dólares para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir: se financia el despido quitando recursos jubilatorios.
De esta manera, la reforma pretende fomentar el empleo debilitando el sistema que paga las jubilaciones de quienes trabajaron toda su vida. El Gobierno ya había intentado algo similar con los fondos de cese inspirados en la construcción. No funcionaron: sindicatos y empresas no mostraron interés. Los gremios advertían que rigidizaba costos y despersonalizaba la relación laboral. Las empresas sostenían que ya preveían despidos y que el fondo solo servía para sectores de alta rotación.
El FAL insiste sobre un modelo que no logró aceptación previa, pero ahora a escala general. La reforma no se limita a las indemnizaciones. También modifica licencias por enfermedad no laboral. Hoy el trabajador cobra el 100% del salario durante la licencia. El proyecto reduce ese derecho: 50% del sueldo si la enfermedad deriva de una actividad voluntaria con riesgo (por ejemplo, una lesión provocada por jugar al fútbol) y 75% si no hubo conducta riesgosa.
Y además acorta plazos: ya no habrá licencias de hasta 12 meses, sino entre 3 y 6 meses según cargas familiares. El abogado laboralista Walter Mañko explicó el cambio de paradigma: "A nivel global, este tipo de cobertura suele ser obligación del sistema de seguridad social, es decir, el Estado debería financiarlo, pero en Argentina se decidió poner esta responsabilidad en cabeza del trabajador". En otras palabras: enfermarse fuera del trabajo deja de ser un riesgo social para convertirse en un costo individual.
El esquema que emerge es coherente en su dirección: la indemnización se prefinancia y se despersonaliza; la enfermedad reduce salario; el sistema jubilatorio pierde recursos; el Estado no garantiza cobertura suficiente y la reforma no elimina el costo laboral, sino que lo redistribuye. Parte pasa al trabajador, parte al sistema previsional y parte al tiempo, porque el dinero se acumula antes del despido. Si despedir se vuelve previsible y enfermarse más caro, el empleo será más flexible... pero también más frágil. El proyecto ahora llega a Diputados. Allí se definirá si la modernización laboral significa generar trabajo o simplemente abaratarlo.
