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La confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia puso punto final a una de las causas de corrupción más emblemáticas de Río Negro y dejó al descubierto un sistema de pagos irregulares que operó durante años en el corazón del poder provincial. El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejó firmes las condenas contra ocho exfuncionarios del gobierno radical de Miguel Saiz, acusados de haber participado en un mecanismo de sobresueldos financiado con fondos públicos entre 2004 y 2010.
Los ex ministros de Coordinación César Barbeito y Francisco González fueron detenidos para comenzar a cumplir penas de tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado. Barbeito fue interceptado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto internacional de Bariloche cuando regresaba de unas vacaciones familiares en Brasil, mientras que González se presentó voluntariamente ante las autoridades tras conocer la resolución judicial.
La imagen de dos ex integrantes del gabinete provincial ingresando al sistema penitenciario simboliza el cierre de una investigación que tardó más de quince años en llegar a una sentencia definitiva y que expuso cómo se utilizaban recursos estatales para otorgar beneficios salariales por fuera de los mecanismos legales. Según estableció la Justicia, durante los dos mandatos de Saiz se implementó un esquema destinado a distribuir adicionales salariales entre funcionarios de primera línea mediante un procedimiento que evitaba los controles administrativos habituales.
Los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, una modalidad que permitía manejar dinero en efectivo sin los registros habituales aplicados a la liquidación de haberes. La responsabilidad principal recayó sobre Barbeito y González debido a que el sistema de distribución funcionaba desde el Ministerio de Coordinación. Además de ellos, fueron condenados como partícipes necesarios otros cinco ex ministros: Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, junto al ex tesorero provincial José Ongaro. Todos recibieron penas de dos años y seis meses.
El caso tiene una particularidad que agrava su dimensión institucional: nació a partir de una investigación periodística que reveló públicamente el mecanismo de pagos. Aquella publicación denunciaba que "Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente -aunque bajo una apariencia reglamentaria-, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos".
Lo que inicialmente parecía una denuncia periodística terminó transformándose en una causa judicial que reconstruyó con detalle el circuito de los fondos y la forma en que eran distribuidos dentro del gabinete provincial. En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los acusados por peculado. Dos años después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó esas penas, aunque con un fallo dividido. Finalmente, la Corte Suprema terminó respaldando las decisiones previas y descartó los planteos de la defensa.
Los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, concluyeron que los recursos presentados no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias anteriores y señalaron que las apelaciones carecían de una fundamentación suficiente. Particularmente contundente fue la postura mayoritaria del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que sostuvo que "no existía ninguna norma que previera el pago del adicional para los funcionarios y, por lo tanto, el dinero en efectivo que cobraban los imputados era distribuido por estos discrecionalmente, sin ningún parámetro legal".
La sentencia también afirmó que "los imputados separaron y sustrajeron esos fondos de la esfera de custodia de la Administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio", concluyendo que "esto configura una conducta ilícita". Además, los magistrados rechazaron uno de los principales argumentos defensivos, que apuntaba a la existencia de controles por parte del Tribunal de Cuentas y la Legislatura. Según el fallo, esas intervenciones estaban vinculadas únicamente a la ejecución presupuestaria general y no alcanzaban a los expedientes específicos utilizados para concretar los pagos cuestionados.
La resolución también deja abierta una incómoda reflexión sobre el funcionamiento de los organismos de control durante aquellos años. La propia investigación judicial determinó que el esquema se mantuvo durante un largo período sin que existieran mecanismos efectivos capaces de detectarlo o impedirlo. La causa representa además un fuerte golpe político para un sector del radicalismo rionegrino. Barbeito no fue un funcionario menor dentro de aquella estructura de poder: además de ocupar los ministerios de Coordinación y Educación, fue el candidato elegido por la UCR para suceder a Saiz en la gobernación en 2011.
