Papelón
27 Mayo de 2025 08:35
A cuatro años de la muerte de Diego Armando Maradona, el juicio que debía esclarecer si su final fue fruto de una cadena de negligencias médicas o de un accionar criminal deliberado, está a punto de descarrilar de manera insólita. Hoy, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro definirá si anula el proceso judicial contra los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro futbolístico. Pero el eje ya no está en los imputados, sino en una protagonista inesperada: la jueza Julieta Makintach, convertida en figura central de un escandaloso documental que amenaza con hacer volar por los aires el proceso más esperado del fuero penal.
El juicio, que iba a ser un hito en la historia judicial del país por la dimensión pública de la víctima, podría transformarse en una farsa. Lo que debería haber sido un debate riguroso, transparente y técnico sobre la responsabilidad de los médicos que trataron al ex futbolista, hoy se discute en un clima de bochorno institucional, con acusaciones cruzadas, cámaras clandestinas y una jueza devenida en protagonista de un show audiovisual que mezcla justicia y espectáculo sin disimulo.
Makintach quedó en el ojo del huracán cuando se difundieron videos grabados dentro y fuera del tribunal -algunos editados, otros en crudo- en el marco de un supuesto proyecto documental producido por la BBC y la empresa Pegsa. En esas imágenes, se la ve caminando por los pasillos de los tribunales, posando para la cámara, hablando de su rol como magistrada en la causa, incluso antes del inicio del juicio. Como si no fuera suficiente, una custodia policial declaró que permitió el ingreso de personas no autorizadas a la sala de audiencias, un hecho gravísimo que compromete la cadena de legalidad del proceso entero.
La jueza no pidió permiso para la realización de las grabaciones dentro de los tribunales. Tampoco se excusó desde el inicio por su involucramiento en un proyecto mediático que la tenía como protagonista y figura excluyente. Y aunque en la última audiencia deslizó que "si es necesario, yo misma me aparto", se defendió con una frase de manual: "Para denunciar a un juez, se necesitan motivos fundados". Difícil encontrar un ejemplo más acabado de motivo fundado que este.
La repercusión fue inmediata. La Universidad Austral suspendió a Makintach de sus funciones como docente de derecho penal y abrió un sumario interno para investigar su conducta. La institución académica -no precisamente conocida por adoptar decisiones apresuradas- entendió que el daño a su prestigio era tal que no podía hacer la vista gorda. Mientras tanto, los fiscales Carolina Asperella, Cecilia Chaieb y José Amallo investigan si la jueza incurrió en delitos que comprometan no solo su ética sino también su libertad. El expediente avanza como "averiguación de ilícito", pero las pruebas, incluidas declaraciones del camarógrafo que confirmó que el proyecto giraba en torno a ella, bajo el sugestivo título de "la jueza de Dios", podrían derivar en cargos concretos y en su eventual destitución como magistrada.
Los abogados de la familia Maradona no dudaron en calificar el episodio como el mayor escándalo judicial de la provincia de Buenos Aires en décadas. Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, anticipó que pedirá la recusación de la jueza. Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y del hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando, fue aún más categórico: "Esto se aleja de cualquier estándar de probidad judicial".
El daño ya está hecho. La posibilidad de que el juicio se anule y deba reiniciarse en 2026 no es una hipótesis descabellada sino un escenario probable. Mientras tanto, los imputados —el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni— seguirán en un limbo judicial, aguardando que el sistema penal resuelva primero sus propios desastres.
