Extorsión digital y la soledad de Rodrigo Gómez: la carta del soldado que se suicidó en Olivos

Dos meses después de la madrugada del 16 de diciembre, la muerte del joven granadero volvió a golpear con más fuerza que el disparo que terminó con su vida. La carta que dejó antes de suicidarse en la Quinta de Olivos no sólo expone la desesperación de Rodrigo Gómez, sino también una cadena de negligencias estatales que lo empujaron a enfrentar solo a una organización criminal que operaba, literalmente, desde las cárceles.

Tenía 21 años. Custodiaba las áreas presidenciales. Y estaba aterrado. "Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos", escribió. El joven no hablaba de un conflicto personal ni de una crisis íntima aislada. Hablaba de amenazas, deudas, vergüenza y miedo. La banda lo había atrapado a través de una aplicación de citas con un mecanismo tan rudimentario como efectivo: un perfil falso, una supuesta menor, el "audio del terror" de una madre indignada y luego la llamada de un policía inexistente que prometía frenar una causa judicial a cambio de dinero.

El soldado pagó. Y volvió a pagar. Primero $213.000. Luego $400.000. Después $500.000. Nunca alcanzó. "Si no dije nada, es porque no quería darles problemas a nadie más, ni a mi familia ni al ejército. No es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas", reza la misiva.  La organización operaba desde cárceles bonaerenses. Tenía celulares, identidades robadas, logística financiera y tiempo. Mucho tiempo. Más del que tuvo el joven para entender que estaba siendo estafado. En otro pasaje, su desesperación es absoluta: "¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas?".

Y continúa: "Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra".

La investigación posterior confirmó lo evidente: tres delincuentes presos coordinaban la extorsión desde sus celdas, mientras cómplices externos recibían el dinero. Siete detenciones después, el Estado anunció el desmantelamiento de la banda. Demasiado tarde para Gómez. El Gobierno presentó el caso como un éxito contra el delito digital. Pero la propia Justicia dejó al descubierto el problema estructural: los presos tenían celulares y podían delinquir sin límites. "Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país", afirmó la ministra de Seguridad Nacional.

La jueza fue todavía más clara: las cárceles funcionan como "una Pyme del delito". El joven granadero nunca recibió ese diagnóstico. Sólo recibió llamadas, amenazas y la certeza de que nadie podía ayudarlo. En su despedida también hubo agradecimientos: "Gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho". Murió creyendo que enfrentaba policías corruptos, una causa judicial y una vergüenza irreversible. En realidad enfrentaba una estafa conocida, repetida y sistemática que el Estado no logró impedir. La investigación promete justicia. La carta revela otra cosa: abandono.